Por Jaime Arizmendi

 

*Castigo a Explotadores de Jornaleros; Diputados a STPS, CNDH, IMSS…

*Abusan de Trabajadores en Senado, Igual que en San Lázaro

 

Argonmexico / Cuando la perra es brava… Luego que se revelara la explotación de que son víctimas en campos agrícolas cientos de jornaleros, incluso menores de edad, la Cámara de Diputados exhortó al gobierno de Baja California, la Secretaría del Trabajo (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), atender dicha problemática.

Y mientras en el boyante Valle de San Quintín, jornaleros iniciaron la semana pasada un paro para exigir mejores condiciones laborales; reportes oficiales acusan que los abusos se cometen en campos de la empresa “El Cerezo” ubicada en Comundú, vinculada a la familia del expresidente panista Vicente Fox.

Las protestas de los jornaleros y sus demandas son añejas; las exigencias para detener el abuso sexual a las mujeres, la explotación laboral, mejorar los sueldos, entre otras no son extrañas ni nuevas en esa entidad. En esa región, ubicada en el sur del municipio de Ensenada y a 330 kilómetros de Estados Unidos, su producción agrícola comenzó a crecer ante la gran cantidad de migrantes que buscaban trabajar en sus campos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estima que en esa región habitan 100 mil personas, y es la de más pobreza extrema, mayor rezago social y de infraestructura en la entidad. Hombres, mujeres, niños, niñas, familias enteras, provenientes sobre todo de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Durango, Sinaloa y Zacatecas dedican más de 10 horas diarias al trabajo pesado en las grandes extensiones de cultivos.

Ante ese grave asunto, los diputados Abraham Correa Acevedo (PRD) y Ricardo Medina Fierro, (PRI), enjuiciaron que la autoridad local no ha “dado la cara”, porque funcionarios estatales son socios de las empresas que abusan de los jornaleros. “No han dado la cara. ¿Por qué? porque están involucrados con los grandes empresarios, que generan más de 20 mil millones de pesos y dólares, los cuales ni siquiera representan al sector que revisan.

“Y de quienes se quejan los trabajadores en Baja California: el secretario de Fomento Agropecuario del gobierno anterior, es empresario de una de las principales empresas productoras de hortalizas; el de Planeación y Finanzas, como el de Fomento Agropecuario que son de la misma familia, son socios de una empresa.

La vicecoordinadora de contenidos del PT, Lilia Aguilar, demandó que el pronunciamiento no quede en un “llamado a misa”, y que la Secretaría del Trabajo cumpla su obligación de velar por la integridad de los trabajadores mexicanos, en particular de quienes por su condición económica y origen étnico, son carnada para quienes ejercen la explotación laboral.

Este problema no puede quedar solamente en la indignación, sino que tiene que ir a un llamado a la acción, para que se revisen las zonas agrícolas del país y se identifique lo que es sumamente evidente: tarahumaras, rarámuris e indígenas de otros estados que están siendo explotados. Urge castigar a los responsables de violar los derechos de los jornaleros esclavizados.

 

Variaciones sobre el mismo tema… Hace casi meses (el 16 de noviembre de 2014), se dieron a conocer los abusos, el clima de explotación y el trato de esclavos con que se victimizaban a los trabajadores del servicio de limpieza de la Cámara de Diputados, contratados por una outsourcing, entre cuyos propietarios aparecían involucrados dirigentes cetemistas.

De acuerdo con una denuncia penal presentada en la PGR por un trabajador en forma anónima, y cuyo expediente también se envió a la Secretaría de la Función Pública (SFP), las empresas que controlan los servicios de limpieza debían al fisco 160 millones de pesos, principalmente por no pagar prestaciones de seguridad social e ISR.

Medios de comunicación publicaron entonces notas y artículos como el siguiente: Es estremecedor la cantidad de abusos de los que son víctimas los trabajadores. Son explotados cruelmente, tratados como esclavos, y ni siquiera reciben el salario mínimo. Además, las empresas cometen delitos de defraudación fiscal, ya que no pagan seguro social, ISR, impuesto sobre nómina, etcétera.

“Protegidos por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Manuel Reyes López y su hijo Marco Antonio Reyes Saldívar monopolizan los servicios de limpieza en los gobiernos federal y del DF y en la Cámara de Diputados, entre otras instituciones y entidades federativas.

“Mientras que Reyes López es líder de una asociación sindical que pertenece a la sección 15 de la CTM, liderada por el diputado Carlos Aceves del Olmo, del PRI, las empresas son manejadas por el hijo, Marco Antonio Reyes Saldívar”.

La denuncia, presentada a principios de octubre en la PGR y la SFP requirió a la Cámara de Diputados información para cotejar los datos denunciados, e indica que los detentadores de los contratos de empresas de limpieza… se han enriquecido ilícitamente a través de la monopolización de la prestación de esos servicios.

Entre las 13 empresas propiedad de Reyes Saldívar –aunque constituidas en su mayoría por prestanombres, sean empleados o familiares–, están: Claver, Kasper, Limpia Tec que han tenido contratos en la Cámara baja sustituyendo una a otra en forma consecutiva.

Pese a los reclamos y denuncias no tan lejanas en San Lázaro, en el Senado de la República no cantan mal las rancheras. Hace años, “Fonatur Constructora” se encarga del servicio de limpieza de las instalaciones senatoriales; y aunque no se sabe si es una outsourcing más, lo cierto es que opera bajo las mismas condiciones de explotación y abusos hacia sus trabajadores que la de San Lázaro.

Por ser gente de escasos recursos, bajo nivel educativo y hasta de edad avanzada, resultan por ello los más “dóciles” para que soporten bajos salarios, horarios de trabajo corridos de lunes a sábado, y el acicateo de “supervisores” conocidos por el personal como “capataces”.

Peor aún, los trabajadores de limpieza “contratados” por “Fonatur Constructora” (al parecer empresa paraestatal), que se encargan de asear los despachos de los 128 senadores de la República, malpagados y ninguneados son víctimas de otras oprobiosas condiciones como el que desde diciembre pasado no han firmado el contrato “mensual” de trabajo; y ahora ninguno sabe si mantendrá su empleo.

Y es que la contratación o recontratación no depende del buen desempeño de cada trabajador, sino del gusto y decisión del “patrón”, quien para ello se apoya en la opinión del “supervisor”. Además, al igual que los trabajadores de la Cámara de Diputados, los del Senado no saben si están incorporados al IMSS como debería ser. ¡Paren el eterno Vía Crucis de esa humilde gente!