Por Jaime Arizmendi

 

*Menos del 25% de Candidatos a Diputados, sin CV Ante INE

*Cárcel y Multas a Hospitales Privados Abusivos; Diputados del PRI

 

Argonmexico / ¿Qué esconden?… A menos de tres semanas de los próximos comicios (7 de junio), el Instituto Nacional Electoral revela que, en el apartado Candidatas y Candidatos ¡Conócelos!, de su página web, tres mil 476 aspirantes a una diputación federal no han remitido su currículum, por lo que no se puede saber más de ellos; y que solo tiene la información de mil 42 aspirantes a ese cargo popular.

Dicha ausencia de información particular de los candidatos, se agudiza si se considera que a la enorme mayoría de todos los aspirantes a ocupar una curul en San Lázaro para la LXIII Legislatura, que iniciará labores parlamentarias el 1 de septiembre de este 2015, la gente no los conoce debido a la falta de propaganda.

El INE aclara que desde principios de abril pasado puso a disposición de candidatas y candidatos dicho espacio, para que los ciudadanos conozcan las trayectorias de quienes aspiran a ocupar un cargo de representación política, así como sus plataformas; todo ello en favor de que se registre un voto más informado.

En tanto, del 9 de abril al 15 de mayo, el sitio ha recibido 372 mil 161 consultas de ciudadanas y ciudadanos sobre información de los candidatos. Las entidades que tienen más abanderados oficiales con información disponible en la página del INE son: Estado de México, 125; Distrito Federal, 96; Puebla, 56; Jalisco, 55; y Veracruz, 53.

Mientras que los estados con menor número de registros en el sistema son: Baja California Sur, con cuatro; Colima y Campeche, siete cada entidad; y Quintana Roo, nueve. El partido con más registros es Movimiento Ciudadano, con 174; seguido por Encuentro Social, 159; Morena, 135; la coalición PRI-PVEM, 127; y Acción Nacional, 112.

De los partidos Revolucionario Institucional (PRI), 91; Verde Ecologista (PVEM), 50; del Trabajo, 41; Humanista, 28; de la Revolución Democrática (PRD), 15; mientras que la coalición PRD-PT, apenas suma seis; además de 12 candidatos independientes.

El organismo reporta que si bien, no existe fundamento legal que los obligue a registrar su historial, el INE ha puesto en marcha ese sistema como un mecanismo de transparencia y acercamiento con la ciudadanía.

Por ello, el Instituto Nacional Electoral reitera el llamado a las candidatas y los candidatos a ocupar un lugar en el Congreso de la Unión, a que aporten la información curricular en el sistema Candidatas y candidatos: ¡Conócelos! para que la ciudadanía conozca sus historias y trayectorias. Algo ocultan, o es mero desdén…

 

Basta de abusos a enfermos… Con el objetivo de erradicar prácticas abusivas de hospitales privados que “inflan” cuentas, aplican tratamientos innecesarios y cobran medicinas a precios muy por encima de su valor real, se propone reformar la Ley General de Salud para penalizar esa “conducta hospitalaria fraudulenta” y sancionarla con cárcel de hasta 15 años.

A nombre de Raymundo King de la Rosa y Roberto Ruiz Moronatti, compañeros de su bancada, el diputado priísta Javier Filiberto Guevara González, previno ante la Comisión Permanente que ante la falta de regulación específica en aspectos relativos al derecho a la salud, en la práctica médica actual se realizan acciones en perjuicio del bienestar de la población.

La iniciativa turnada a la Comisión de Salud, alerta que esas prácticas dañan la economía de pacientes y familiares, y su derecho a la salud; al prescribir tratamientos innecesarios y mermar su capacidad de sufragar los gastos hospitalarios; por lo que prefieren abandonar el nosocomio antes de terminar su tratamiento, poniendo en riesgo su recuperación.

La actual LXII Legislatura aprobó modificaciones legales para mejorar las condiciones en que se prestan los servicios de salud, y eliminar también malas prácticas; pero aún hay temas no abordados, que perjudican el bienestar de los pacientes y sus familias.

Hay casos en que se aprovecha el desconocimiento o urgencia de los pacientes y sus familiares para suministrar servicios, procedimientos y medicamentos innecesarios; o los incluyen en los estados de cuenta en cantidades diferentes a las proporcionadas, y a precios muy superiores a los del mercado.

Peor aún, se cobran dosis completas de medicinas cuando se suministraron parcialmente, o no fueron prescritas, y lo hacen a precios muy elevados, “como aspirinas, que venden hasta en cien pesos por tableta; estos ejemplos que parecen insignificantes, se multiplican con medicamentos muy costosos, sobre los que el paciente no tiene posibilidad de decisión, porque está obligado a pagarlos al precio que ponga unilateralmente el hospital”.

De igual forma, en algunos nosocomios se obliga a los pacientes a adquirir instrumentos, aparatos o medicinas para su atención y, en caso de que ellos los obtengan por su cuenta, les cobran cuotas exorbitantes a cambio de ingresarlos en su inventario y aplicarlos a los pacientes.

La propuesta consiste en adicionar el artículo 469 Ter, de la Ley General de Salud, para establecer que comete el delito de administración hospitalaria fraudulenta quien prescriba procedimientos, estudios o medicamentos innecesarios; incluya cargos por servicios no solicitados, realizados o suministrados; y cobre medicamentos o equipos a un precio superior a los del mercado; así como quien condicione el ingreso de equipos o instrumentos al pago de comisiones por recepción, inventario o resguardo.

Asimismo, plantea sanciones de seis meses a dos años de prisión y de 60 a 180 días multa, cuando el valor del lucro no exceda 10 veces el salario; cárcel de dos a cinco años y de 180 a 500 días multa, cuando el monto sea de 10 a 500 salarios, y si excede ese total, la prisión será de hasta 15 años y multa de hasta dos mil veces el salario.

También sugiere modificar la fracción VII del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud, para que los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud cuenten con su expediente clínico, tengan acceso pleno e irrestricto al mismo y puedan solicitar copia completa y gratuita, sin tener que justificar su solicitud.

A pesar de que es un derecho humano, actualmente pacientes y familiares no tienen acceso a los expedientes o se da de manera parcial, con el argumento de que es propiedad del hospital o del prestador de servicios médicos, y que sólo una orden de autoridad los obligaría a entregarlo. Así, se impide al paciente evaluar libremente la atención que recibieron…