Por Jaime Arizmendi

 

*Para Ripley: Protesta Ecologista por Contaminación… Pero en Chiapas

*Parquímetros en DF, del Averno

 

Argonmexico / El prietito en el arroz… El senador chiapaneco del Verde Ecologista, Luis Armando Melgar Bravo, lanzó un exhorto a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que intervengan y frenen de forma urgente la contaminación que en Puerto Chiapas provocan empresas, como Procesa, Cafesca y Herdez.

Asimismo, exige a esas autoridades federales que apliquen las sanciones correspondientes a los responsables; al expresar que Puerto Chiapas “juega un rol protagónico en el desarrollo comercial y logístico para nuestro país, en especial para nuestra Frontera Sur siendo la puerta de entrada de Centro y Sudamérica”.

El legislador repuso que además, con el paso de los años, Puerto Chiapas ha tenido un crecimiento importante, sobre todo en el sector carguero al permitir la exportación de 22,311 toneladas de banano; y el movimiento de 12 mil toneladas de maíz, cinco mil de fertilizantes y 16,577 toneladas de atún”.

Lamentó que todas estas preeminencias estén siendo vulneradas, porque el mar está siendo fuertemente contaminado; ya que durante las últimas semanas miles de peces han aparecido muertos en el muelle, y se ha formado una capa de aceite de aproximadamente 15 centímetros sobre la superficie del agua.

Todo ello –insistió–, ha sido ocasionado por la falta de responsabilidad ambiental de empresas como Procesa, Cafesca y Herdez que operan en el Puerto. “Cabe destacar que la zona afectada colinda con el área de las Escolleras de Puerto Madero, en la que habitan poco más 320 mil personas, lo cual pone en riesgo la salud de esta población”.

Para el presidente de la Comisión de Productividad del Senado de la República, con estos atentados al ecosistema, es urgente la intervención de las autoridades, para evitar que estas empresas continúen afectando el medio ambiente y sigan poniendo en riesgo la vida y salud de miles de chiapanecos.

Y expuso que la queja principal es porque las autoridades federales no han tomado cartas en el asunto, cuando se tiene documentada este mes la muerte de miles de peces en la playa; así como el testimonio de sus habitantes, «la contaminación del mar en el lugar es crónica y las autoridades responsables han hecho caso omiso de sus quejas y demandas durante años, es urgente actuar y hacerlo pronto”. Pero qué dicen esos legisladores “ecologistas” de los lagos, ríos y de todo manto acuífero que han sido mortalmente contaminados…

 

Ahora que están en la tele… Miles de ciudadanos han sido víctimas en la capital del país de los “aplicadores” de inmovilizadores de autos, bajo el supuesto del no pago del “servicio” de los parquímetros, quienes además no han sabido defenderse o hacer uso de la ley, o no tenían tiempo para ello; y a sus vehículos les impusieron las “arañas”.

Sin embargo, en noviembre de 2013, hubo quienes en contra de este abuso interpusieron demandas (105), ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF). A esa fecha, solo 70 de cada 100 de esos recursos legales o administrativos, fueron atendidos a través de la Defensoría de Oficio, reveló la entonces titular de ese órgano administrativo, Yasmín Esquivel Mossa.

Apoyándose en una resolución (entonces también emitida en forma reciente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la presidenta del TCADF sostuvo que las inmovilizaciones de vehículos por parte de empresas particulares son anticonstitucionales, a menos que esté presente un elemento de tránsito en el momento de la sanción.

“En virtud de que la empresa no tiene facultades para inmovilizar un vehículo, únicamente puede inmovilizar un vehículo la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, estas empresas no lo pueden hacer. Si esta empresa ha emitido una sanción económica al vehículo, sí puede ser impugnada esa sanción con nosotros”.

Esquivel Mossa repuso que de las boletas de sanción en materia de parquímetros, se advierte que se impone una multa por cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, más el retiro del candado inmovilizador, y que las principales causas para ello son que el vehículo permanece estacionado frente a un parquímetro cuando el tiempo para ello ha expirado; o bien, por no acreditar el pago correspondiente para estacionarse en dicho sitio.

“Los actos que emiten las empresas (privadas) concesionarias de parquímetros, sí pueden ser impugnados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sí puede venir el ciudadano a demandar la nulidad  de ese acto; toda vez que la empresa recibió una concesión del Estado para hacer y llevar actos jurídicos”.

La magistrada añade que la vía que se sigue para dichos juicios es la sumaria; es decir, de plazos cortos, por lo que aproximadamente en 45 días se tiene una resolución definitiva. Pero esta situación jurídico-administrativa no es conocida a plenitud por las víctimas de los empleados y de los uniformados que colaboran con esta amarga y triste empresa particular.

El tema salta ahora a la palestra de lo político porque lo han difundido en noticiarios televisivos. En tanto, hay decenas, quizá cientos, de casos en que el conductor de un automotor sí pagó por el tiempo en que permanecería su vehículo en calles de colonias de la ciudad de México, donde se ha impuesto el uso del “servicio” de parquímetros; pero si al cerrar la portezuela de su unidad móvil, el “ticket” de pago se volteó y quedó del lado contrario. Ni modo, le impondrán la “araña”.

De acuerdo al Reglamento, o ley que fue aprobado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y que seguramente pasó de noche para muchos de los diputados locales, integrantes de dicho órgano parlamentario capitalino, si el comprobante que confirme que el ciudadano pagó el tiempo suficiente que cubra el estacionar el vehículo en esa vía pública, aparece volteado dentro del tablero de la unidad (del lado contrario), es motivo de que le sea aplicado a una de las llantas del automotor el llamado inmovilizador, el nada grato popularmente conocido como “araña”.

O bien, si por alguna razón al conductor se le olvidó pagar dicho “servicio”, y ya se le pasaron algunos minutos; pues igualmente, los empleados de Ecoparq, o como se llame la empresa “autorizada” para “brindar” el “servicio” de parquímetros, le impondrá la “araña”. Es anticonstitucional, porque lo ponen aunque el operador del vehículo “infractor” esté ausente, o haya pagado el “servicio”. Sí, en ese caso, de todos modos Juan te llamas…