Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi

 

*Desconfianza Social en Caso Ayotzinapa, Focos Rojos

*Peligran 40 mil Mipymes en México; Panal

 

Argonmexico / Solo la verdad os hará libres… A punto de que se cumpla un año del secuestro y presunta muerte de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, siete de los ocho grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados (excepto Morena), aprobaron la semana pasada que cada 26 de septiembre, se conmemore el “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”.

Respecto a ese estridente asunto que puso a arder en leña verde la imagen del gobierno en sus tres niveles, desde el mando municipal de Iguala, el de Cocula, el estatal de Guerrero, y cuya vorágine ha envuelto a autoridades federales; con la reciente captura de Gildardo López Astudillo, alias el Gil, jefe de Guerreros Unidos y a quien señalan de haber ordenado la matanza de los normalistas, al confundirlos con integrantes de Los Rojos, banda rival, son ya 112 los detenidos.

En tanto, este miércoles (tres días antes de que se cumpla un año de la “tragedia”), padres de familia y amigos de los normalistas marchan del Ángel de la Independencia al Zócalo de la capital del país, donde luego de un mitin, instalarán un campamento para iniciar una huelga de hambre.

Además, la desconfianza hacia los reportes sostenidos por la Procuraduría General de la República respecto al presunto asesinato e inmediata incineración de los jóvenes estudiantes, creció ante el Informe ofrecido hace dos semanas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inició sus actividades en marzo.

Hace unos días, los expertos se reunieron con la titular de la PGR, Arely Gómez, para establecer una metodología que les permita trabajar en forma conjunta, en un nuevo proceso de investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas. La procuradora anunció que ellos permanecerán en el país por tiempo indefinido, porque ya se les autorizó dicha permanencia.

El Subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la PGR, Éver Omar Betanzos Torres aseguró a su vez que por instrucciones presidenciales se están analizando todos los puntos del informe de los expertos, sobre los cuales se trabajarán en próximos días.

Luego, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, oxigenó el caso al confirmar la captura de Gildardo López, tras una investigación de 11 meses entre la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaria de Marina (Semar), la PGR y la Policía Federal.

Vale anotar que para abril pasado había ya 106 detenidos involucrados en el caso Ayotzinapa: 49 policías municipales de Iguala de diferentes rangos, 16 de la corporación local de Cocula, y 40 civiles ligados a la organización criminal Guerreros Unidos. Casi todos con auto de formal prisión por homicidio, secuestro y delincuencia organizada.

Entre ellos sobresalen el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos acusados de ser operadores de Guerreros Unidos; así como Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder de esa agrupación delictiva.

Los cinco miembros del GIEI dividieron sus investigaciones en cuatro tareas centrales: el proceso de búsqueda, la investigación, atención a las víctimas y las políticas públicas ante la desaparición forzada. En su primera valoración, del 19 de marzo, alertaron del gran volumen del expediente, aún sin digitalizar. Desde su primera visita a México exigieron al gobierno que continuara la búsqueda de los estudiantes.

A petición de los padres, el 20 de abril pidieron a la Policía Federal examinara dos nuevos lugares, y acusaron era gran dificultad la fragmentación del caso, al tener a los imputados en un lugar y el expediente en otro; mientras que los hechos ocurrieron lejos. Acompañados de normalistas sobrevivientes, entrevistaron detenidos y viajaron varias veces al lugar de los hechos, para reconstruir lo sucedido.

El 29 de junio, en otra valoración, los expertos acusaron que de las 100 peticiones de información al gobierno mexicano, sólo se atendió al 30% de forma completa, y pidieron agilizar las respuestas. Ese mes visitaron sedes policiacas, el basurero de Cocula, el río San Juan, una casa de seguridad y prisiones en el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit.

En su rueda de prensa del 17 de agosto, los expertos denunciaron la destrucción de pruebas de video, y que del total de solicitudes de información de la CIDH al gobierno mexicano, sólo 48 por ciento habían sido atendidas en su totalidad.

• El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue creado a finales del año pasado mediante el Acuerdo de Asistencia Técnica firmado por el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y las familias y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasado.
• De acuerdo con la versión oficial, los 43 normalistas fueron detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, y los entregaron a integrantes del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron, y habrían arrojado sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula y sobre el río San Juan.
• Sin embargo, los padres rechazan tal versión y continúan demandando la presentación con vida de sus hijos.

Eviten cierre de empresas… Ante el retraso de pago de estados y municipios, más de 40 mil Mipymes proveedoras del sector público están al borde de la bancarrota. Los adeudos superaron en 2015 los 100 mil millones de pesos, por lo que José Bernardo Quezada Salas, diputado del Panal propuso que las dependencias gubernamentales paguen en no más de un mes.

Al impulsar una iniciativa para reformar y adicionar seis artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, urgió a fortalecer este sector productivo que emplea al 72 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), y genera el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Dijo se requiere promover y fomentar el pago a proveedores Mipymes por la descapitalización que padecen desde el primer semestre del presente año, lo cual tiende a agravarse por la caída de ventas en el mercado interno, y el incumplimiento de pago por parte de estados y municipios.

Urgió a evitar descapitalización y cierres definitivos de Mipymes ante la serie de compromisos económicos, e incentivar a estas endebles empresas para que accedan a mejores condiciones crediticias con tasas preferenciales. Lamentó que la mayoría de estas empresas sufran la falta de pago por periodos de tres a 5 años por gobiernos municipales y estatales. Austeridad presupuestal, hágase su voluntad, en las mulas de mi compadre…