Por Jaime Arizmendi

 

*Atajará la SEP a las Universidades “Patito”

*Mujeres Indígenas, Víctimas de Pobreza, Migración y Trata

 

Argonmexico / Ya era hora… Prácticamente sin control, las universidades “patito” han proliferado por todo el país. De las mil 100 instituciones privadas de educación superior que operan ahora en México, solo 74 han comprobado su calidad académica. Y es que no cumplen con la descripción de universidades; ofrecen capacitación especializada en una variedad de áreas de alta demanda, pero solo buscan obtener ganancias. Sí, su interés es ganar dinero para sus dueños o socios.

Así lo revela la Revista del Consumidor al señalar que son instituciones que no ofrecen programas que incluyan un amplio marco de temas, sino se concentran en campos precisos dirigidos por el mercado, y tienen la habilidad de desplazar su atención conforme a la demanda de los estudiantes.

Las áreas elegidas son aquellas en las que es posible ofrecer una enseñanza a bajo costo sin necesidad de invertir en un costoso equipo de laboratorio. Peor aún, si la demanda disminuye en un área, rápidamente es sustituida por otra. Sus “profesores” son contratados para enseñar un contenido específico y no se les permite dedicarse a nada más.

Esas “pseudouniversidades” no tienen ningún interés en la investigación, por considerar que distraería su misión central: obtener ganancias. Así las cosas, esas instituciones no tienen ningún compromiso con el interés público, ni con la idea de servir a la sociedad. Cuando las verdaderas universidades enfatizan su servicio como una responsabilidad clave.

Para Luis Olmos, secretario ejecutivo de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), las universidades “patito” no solo lucran con el futuro de los estudiantes, sino que también desprestigian al sistema privado de educación superior.

“Yo diría que después del estudiante y los padres de familia defraudados por una mala institución de educación superior, los más preocupados somos los miembros de FIMPES porque, debido a este desprestigio, es muy difícil establecer una distinción entre las universidades serias y las que no lo son”.

Ahora, para evitar la proliferación de universidades “patito”, la SEP implementará el Registro Nacional de Instituciones de Educación Superior Particulares, ya que universidades autónomas estatales y gobiernos locales otorgan permisos sin restricciones, y ocasionan la expansión de esas “escuelas” que no cumplen con las necesidades regionales, ni con los intereses de los jóvenes.

Para ello, la Subsecretaría de Educación Superior empezó a firmar convenios de colaboración con los estados, y estima que para finales de este año lo harán en todo el país, a fin de que haya un control sobre los reconocimientos de validez oficial que se expiden y que estén enfocados a las necesidades de la región.

Datos de la subsecretaría indican que en los últimos dos años han tenido que cancelar 800 programas académicos; es decir, licenciaturas o ingenierías que no cumplen con los requisitos para impartirlas, ya que su plan de estudios no es adecuado o porque las escuelas no tenían ni las instalaciones necesarias para ofrecer la carrera.

Aunado a ello, gobiernos estatales han otorgado permisos sin analizar la demanda y oferta, ni tampoco la capacidad instalada de las instituciones que buscan el reconocimiento, por lo que se han expedido reconocimientos que carecen de calidad.

Según un análisis de la subsecretaría, lo anterior ocasionó casos en los que algunas instituciones particulares obtenían reconocimientos de validez oficial en un estado, y lo llevaban a otra entidad ocasionando así una proliferación de instituciones con dudosa calidad en sus programas académicos.

Así, la SEP buscará coordinar el otorgamiento de los permisos oficiales para tener una educación superior más pertinente y adecuada, que permita garantizar a los jóvenes y padres de familia una oferta educativa de mejor calidad. Las hay que ofrecen licenciaturas, posgrados y hasta maestrías en dos o tres años, con solo ir a clases sábados y uno o dos días más. No hay peor burla y abuso que en esa necesidad de los jóvenes…

Alto al abandono de grupos étnicos… En San Lázaro retumbó un reclamo para que se atienda a las mujeres indígenas que a la pobreza en que subsisten, se le deben añadir los problemas derivados de su necesidad de migrar, de ser víctimas de trata y explotación sexual y laboral; como de feminicidios, y del desdén oficial.

Reunidas con el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano Grijalva, les refrendó el apoyo de este órgano legislativo para que los programas sociales destinados a los grupos más vulnerables del país, como el de las mujeres y hombres indígenas, no sean afectados por la anunciada austeridad económica.

En el encuentro efectuado la semana pasada, Laura Hernández Pérez, Norma Don Juan y María Luz Figueroa Ramón propusieron ser partícipes y coadyuvantes de las gestiones que se emprendan desde la Cámara baja, para que no se afecte a los pueblos originarios.

Incluso, pidieron que el Estado mexicano invite a la Relatora Especial de Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli, al argumentar que “hay varias situaciones preocupantes y necesitamos tener una mirada externa. Nos interesa que visite el país y hacer un trabajo a ese nivel”.

Acompañado por los diputados Victoriano Wences Real, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas y Rafael Hernández Soriano, integrante de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Derechos Humanos, Jesús Zambrano recibió la declaración final del Primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas, que congregó a más de 900 participantes de 10 redes.

Sí, los apoyos y recursos destinados a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, y que siempre han sido los más discriminados y olvidados de México deben ser respetados. Y no hay duda, las mujeres indígenas son quienes cargan la peor parte, la baldosa más pesada…

Y que nadie se haga como el tío Lolo… El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acaba de emitir una tesis para poner en claro que la difusión de propaganda que beneficie a un partido político, coalición o candidato debe considerarse gasto de campaña.

En la tesis LXIII/2015, con el rubro “Gastos de campaña. Elementos mínimos a considerar para su identificación”, el organismo jurisdiccional afirma que para determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los elementos de finalidad, temporalidad y territorialidad. Con su aprobación por unanimidad, ahora no se podrá aducir “inocencia”…