Por Jaime Arizmendi

 *Gracias a Moreno Valle, Deuda de Puebla se Pagará Hasta el año 2066

*Contrató a Empresa Privada para que Administre Recursos Públicos

 

Argonmexico / ¿Vaya herencia?… Mientras el gobierno de Puebla esconde informes de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y mantiene en secrecía sus “inversiones financieras o fideicomisos”, tales PPS ya superan a las participaciones federales en 105%. Además, al cierre del año fiscal 2015 intereses, comisiones y otros gastos de deuda pública sumaron $326 millones 506 mil pesos. Y lo que es más grave, la administración de Rafael Moreno Valle Rosas heredará una deuda a pagar durante más de 50 años.

Es el economista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alejandro Chávez Palma quien acusa que el gobernador Rafael Moreno Valle se jacta de que no ha pedido “un sólo peso prestado”; pero al considerar la amortización e intereses, el monto es de $324 millones 146 mil 900 pesos, con un manejo de este servicio financiero, bancario y comercial, es decir, el costo por coberturas por dos millones 359 mil pesos.

“Estos recursos que se pagan se erogan debido al manejo y a la gestión de lo que se conoce como fondos o pasivos buitre. Y aunque el gobierno haya dicho que la ley no los reconoce como deuda, lo cierto es que estos proyectos de prestación de servicio (PPS) no son otra cosa que deuda disfrazada”.

La administración morenovallista ha rechazado en distintas ocasiones que el gobierno del estado de Puebla haya contratado algún tipo de deuda. Pero el aumento de esos pasivos financieros se realizó por medio de los Proyectos de Prestación de Servicios en el sexenio actual ya que de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental, deben ser identificadas como obligaciones de tipo financieras.

Según la inauguración de obras de los últimos años, el gobierno estatal ha contratado 21 mil 554 millones de pesos en PPS. Se hacen estimaciones porque el gobierno estatal no ha hecho público el saldo de al menos 7 proyectos de prestación de servicios, reporta en una nota publicada en el Diario Intolerancia, de Puebla.

Esta información no aparece en ningún documento oficial. Solo aparecen, el CIS en la Ley de egresos y la compra de equipo de alumbrado para 8 municipios. Si se revisan los informes presentados del 15 de enero de 2013 al 15 de enero de 2015, o las cuentas públicas de julio en esos años o en los informes de finanzas públicas, el gobierno de Puebla no ha presentado esta información.

El gobierno de Moreno Valle ha ocultado la información sobre el manejo de los PPS. Si se revisa el rubro 3 denominado “Gobierno honesto y al servicio de la gente” o el 3.1 Gasto público por ningún lado aparece algún reporte sobre los PPS. Lo único que hay es lo relativo a los proyectos de prestación de servicios de 8 municipios que contrataron con la empresa Reingeniería SA de CV.

Lo que está haciendo la administración estatal es proporcionar información incompleta. Se trata de documentos oficiales que son incompletos, parciales y entonces el gobierno de Puebla está ocultado la información sobre los PPS. En realidad lo que está haciendo es “ocultar la nueva deuda” que ha adquirido esta administración.

Si se revisa el punto denominado 3.1.4 “Inversión para el Desarrollo” o el punto de “Esquemas de financiamiento para inversión” tampoco hay un padrón de las obras que realiza la actual administración. Esta información debería estar disponible para que todos los ciudadanos conocieran en qué está gastando el gobierno estatal los recursos públicos que recauda.

Se oculta información relativa a los pasivos que ha contraído el estado en este sexenio y generando la percepción que promueve en los medios de comunicación de que se han construido obras “sin pedir un sólo peso prestado”; cuando la deuda total del gobierno de Puebla sube inversamente a lo que sería el gasto de inversión.

El Congreso del estado no está haciendo su tarea de fiscalizar el destino de los recursos públicos, vigilar su aplicación y reorientar el gasto público hacia inversiones productivas, convirtiéndose solamente en una oficina de trámite. La inversión financiera que comprende fideicomisos del Impuesto Sobre la Nómina y programas de emergencia climática se han bursatilizado desde el 2012.

Peor aún, un reportaje que publica un diario de la capital del país, denuncia que Rafael Moreno Vale Rosas dejará hipotecado al estado de Puebla por un periodo de 50 años, mediante el pago de impuestos sobre nómina.

Señala que el mandatario poblano se comprometió a enviar todos los ingresos de este impuesto que obtenga su Administración, y lo que recauden los gobiernos que le sigan, a un fideicomiso administrado por la empresa Evercore, propiedad del exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella. Aunque los recursos que tributan los poblanos y entran a ese fideicomiso, no pueden ser revisados.

Porque, de acuerdo a la ley, estos fideicomisos no forman parte de la Administración Pública Descentralizada de Puebla, sino que tienen carácter privado y no están sujetos a las obligaciones de transparencia, según análisis el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

De acuerdo al contrato referido, lo que se recaude vía el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de los próximos ocho gobiernos estatales, será depositado en dicho fideicomiso. Por ejemplo, en 2014, el Gobierno poblano recaudó 2 mil 35 millones de pesos por ese impuesto.

El objeto del fideicomiso, de acuerdo con el contrato, de fecha 29 de noviembre de 2012, es la administración de esos recursos, los cuales se usarán para el pago a proveedores y contratistas del Estado de Puebla. Es decir, Evercore no fue contratada para financiar con estos recursos proyectos de inversión, sino únicamente para su administración.

Por esa labor, la empresa recibirá 100 mil pesos por honorarios iniciales, 260 mil pesos anuales más IVA por honorarios de administración y 20 mil pesos por cada modificación de documentos del contrato. También obtendrá remuneración por los gastos adicionales en los que incurra, como el pago de asesores legales y fiscales, auditores y viáticos.

La nota en este diario concluye en que existen interrogantes como el por qué un Gobierno estatal usa a una empresa privada para administrar recursos públicos. Y en ello coincidimos con la consecuente pregunta: ¿Qué no esa es y debe ser siempre la labor que le corresponde a cada ejecutivo, sea federal, estatal o municipal?…