Por Jaime Arizmendi

 

*Sin Claridad en lo que Pasó, la Historia a Nadie Absolverá

*Paren Deudas de Municipios; Senado a Congresos Locales

 

Argonmexico / Se van, pero las heridas quedan abiertas… A punto de concluir su segundo periodo para profundizar en las investigaciones en torno a la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentaron este domingo su reporte de conclusiones.

Y a pesar de que fue a petición del propio gobierno mexicano que se creó dicho grupo; ellos, los del GIEI afirman que sus labores se vieron obstaculizadas por “autoridades”, e insisten en acusar que “no existe evidencia científica” de que los 43 jóvenes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. Así, no puede haber “verdad histórica”.

Frente a padres de los desaparecidos, de alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, como de activistas de derechos humanos, congregados todos en la Universidad del Claustro de Sor Juana, los expertos internacionales denunciaron evidencias de tortura contra detenidos por este caso, además de que les fue imposible entrevistar a elementos del Ejército Mexicano.

Como parte de su informe final, refieren que los sucesos del 26 y 27 de septiembre hubo presencia de la Policía Federal; retoman lo planteado por ellos mismos en su primer reporte, que presentaron en septiembre de 2015, respecto a que no debe cerrarse la posibilidad que detrás de las desapariciones, se encuentre el tráfico de heroína hacia Estados Unidos.

Vale recordar que a petición del gobierno federal mexicano, el GIEI comenzó a trabajar en el caso en marzo de 2015, tras un acuerdo alcanzado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Ejecutivo de México y los familiares de las víctimas; y que al vencerse el primer mandato se acordó una segunda etapa de trabajo, que culmina el último día este mes de abril.

La respuesta del gobierno federal estuvo a cargo de Eber Omar Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República.

Punto a punto, idea por idea y a cada una de las diversas recomendaciones que dejan en la mesa los del GIEI, el funcionario de la PGR atendió y le dio un trato especial. Para ello, el subprocurador dio lectura a un largo reporte oficial. Lo más trascendente del asunto es que no hay claridad respecto al punto final de los 43 desaparecidos. Eso es lo más grave. Si no hay certeza del paradero de los jóvenes, la historia ¿a quién absolverá?

Ante las alarmantes herencias malditas… El Senado de la República exige a los congresos locales eviten autorizar a los municipios que contraigan deudas plurianuales; es decir, con plazos de varios años, como una medida para evitar el aumento del sobreendeudamiento de los gobiernos locales, lo cual ya representa una presión para las finanzas del país.

En un punto de acuerdo aprobado por el Pleno, se advierte que a las deudas (muchas muy pesadas y hasta injustificables que han comprometido los ingresos de los estados), hay que sumarles las de municipios, cuyo orden es de enorme importancia por ser el primer nivel de gobierno y el más cercano a la población.

Peor aún, se advierte que el incremento en el número de estas localidades ha cobrado auge en las últimas dos décadas, con una tasa de crecimiento de 2.6 municipios nuevos por año. Al día de hoy, el número total de municipios en nuestro país asciende a dos mil 445; sin embargo, ayuntamientos padecen serias deficiencias en la administración de sus finanzas y el manejo de los recursos económicos a los que tiene acceso.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), los municipios con mayor deuda adquirida son: Tijuana, en Baja California; Guadalajara, en Jalisco; y Monterrey, en Nuevo León; todos con adeudos por encima de los dos mil millones de pesos, seguidos de León, Guanajuato; y Hermosillo, Sonora; cuya deuda particular no rebasa 1.5 mil millones de pesos.

Ante esos argumentos, el Senado de la República se pronunció a favor de la adopción de políticas de austeridad e implementación de medidas estrictas para racionalizar y optimizar el gasto público de los gobiernos municipales; además de dar prioridad al gasto de inversión, por encima del gasto corriente.

Por ello, el Senado pide a los congresos locales que, conforme a sus atribuciones y en coordinación con los ayuntamientos, eviten aprobar operaciones financieras que comprometan el presupuesto de los municipios al pago de deudas plurianuales “particularmente cuando para su amortización no se contemple asimismo la prestación de servicios a largo plazo”.

En contraste, el coordinador de la diputación panista, Marko Cortés Mendoza, consideró lamentable y preocupante que el Senado aún no haya enviado a la Cámara baja las minutas de las Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción; y urge a esa colegisladora a que apruebe las legislaciones pendientes.

Tajante, fustiga mediante un comunicado: “Hacemos responsables a los senadores del PRI y sus aliados del Partido Verde por este atraso que afecta el combate a la opacidad, la corrupción y a la impunidad. Su indecisión no sólo ha afectado los trabajos en el Senado sino que también ha impactado en la Cámara de Diputados”.

Rememora que el ya próximo día 30 de abril, concluye el segundo período ordinario del primer año de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, cuando el PAN había propuesto “con suficiente anticipación los cambios en las leyes para llegar a esta fecha con las aprobaciones requeridas”.

Asegura que en la Cámara de Diputados, Acción Nacional no ha dejado de dialogar para construir consensos con otras fuerzas políticas y poder concretar la aprobación de los dictámenes pendientes, como la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para fortalecer a la Secretaría de la Función Pública, y la iniciativa de nueva Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

La propuesta del PAN busca que la SFP recupere su función y opere el Servicio Profesional de Carrera, para garantizar que los funcionarios se guíen por los principios rectores de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género. Aunque durante los 12 años que panistas comandaron al país no les interesó nada ninguno de ambos temas; y lo que es más grave, de los “peces gordos” corruptos que prometieron capturar no llegaron ni a charales…