Política Al Margen
Por Jaime Arizmendi
*Trata de Personas, Impunidad Rampante
*Franeleros, Tránsitos y Parquímetros Abusan en CDMX
Argonmexico / Los más vulnerables… En México, 40 por ciento de las víctimas de trata de personas son infantes. Las ganancias que genera este delito son tan grandes que sólo el tráfico de drogas es más lucrativo en el submundo de las utilidades ilegales. Lo peor es que los más vulnerables son los migrantes, los menores de edad y los indígenas. Esto ocurre más de países pobres a ricos.
A nivel mundial, tan sólo de 2006 a 2012, el porcentaje de menores de edad víctimas de este delito se elevó de 13 a 33 por ciento, por lo que si el objetivo es proteger y hacer posible el libre desarrollo de todas las personas, los Estados no están cumpliendo su función, por lo que deben acelerar el paso.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusa que de un total de dos mil 843 víctimas de trata en nuestro país, el 87.9 por ciento son mexicanas; y sólo el 8.4 provienen del extranjero. Son mujeres 934 de cada mil y 61 hombres; 26.5 por ciento son menores, y 71.7 por ciento son mayores de edad.
A nivel federal, de 706 víctimas, 696 son mexicanas, 10 extranjeras y, en otros casos, no se les pudo identificar. Sin embargo, si se cuentan los casos objeto de averiguaciones previas y en los cuales interviene la delincuencia organizada, 54 por ciento son menores de edad, frente a 29 por ciento mayores de edad, reveló el quinto visitador general de la CNDH, Edgar Corzo Sosa.
Más aún, se tienen identificados los factores de riesgo que suponen un peligro constante para las niñas, niños y adolescentes como la discriminación, la exclusión, los entornos de violencia, las desigualdades estructurales, el trabajo infantil, la deserción escolar y las carencias afectivas o emocionales.
En la presentación del libro “El fenómeno de la trata de personas. Análisis desde las ciencias penales y proyecto de reformas a la ley vigente en la materia”, de María Olga Noriega Sáenz y Alan García Huitrón; el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara puso el dedo en la llaga al calificar como “grave” ese delito, con un ámbito de operación “gigantesco” porque se presenta en todo el planeta.
La precisión de las leyes es algo más que un trabajo bien hecho, porque si una norma tiene deficiencias éstas se traducen en impunidad, incluso, en criminalización de las víctimas o en su revictimización; lo cual es especialmente posible en cuanto a la trata, ante una eventual confusión con otros tipos penales.
En lo global, el traslado de las víctimas es casi siempre de países pobres a ricos. “Es claro que los tratantes saben dónde están las potenciales víctimas y dónde los que pagarán su explotación”.
Así, los países desarrollados que señalan a las naciones en vías de desarrollo como las fuentes de trata, no deben pasar por alto un hecho indiscutible: “sin compradores no hay mercado. El desafío en materia de prevención es evitar que se actualicen tanto las potenciales víctimas, como los potenciales victimarios, que son extremos de una misma cadena”.
La lucha contra la trata de personas será larga, lo que “no debe desanimarnos sino alentarnos a prepararnos para mantener el paso. Sabemos que vamos detrás de antecedentes milenarios y que la trata es un fenómeno complejo, pero no podemos permitir que los siglos pasados hagan futuro y que la complejidad de la trata nos paralice. Es posible combatir nuestros rezagos con voluntad, inteligencia y acción colectiva”.
Para la directora general adjunta de Igualdad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), María González del Castillo, la trata de personas es la suma de violaciones a los derechos humanos, por lo que urge un modelo totalmente vigilado y tutelado. “Se tiene que dejar de lado el tema de la caridad, se tiene que hablar de la protección de los derechos humanos de las víctimas, de manera integral y eficiente”.
La coautora del libro, María Olga Noriega Sáenz, exhortó a analizar la obra y las propuestas que plantea porque si bien “la ley del 2012 fue una norma importante, ya es caduca. El crimen organizado se ha encargado de nuevas formas de trata de personas, existen nuevas tipologías penales y nuevos comportamientos”.
Se deben diferenciar los delitos porque muchas conductas se criminalizan debido a que “nos apartamos del Protocolo de Palermo y de los instrumentos internacionales, porque fue difícil comprobar los medios cognoscitivos del delito y se metieron como agravantes, destrozando el tipo penal que da como resultado una gran impunidad”. Lo de siempre, la impunidad…
Mientras Mancera anda en la fiesta… La senadora panista Mariana Gómez del Campo exige al gobierno de la CDMX investigue el cobro ilegal que aplican “franeleros” por estacionarse en calles donde hay parquímetros, y la colusión con policías de tránsito. Cobran de 100 a 300 pesos por dejar que automovilistas se estacionen en lugares regulados por parquímetros.
No obstante, pese a que ciudadanos cubren esa “cuota”, les llegan a colocar la “araña” a sus automóviles. Esto se ha detectado en calles aledañas al Auditorio Nacional, o en lugares cercanos a recintos de espectáculos masivos.
La legisladora repuso que los permisos administrativos temporales revocables otorgados a las empresas que operan los parquímetros por usar la vía pública como estacionamiento, prevén una contraprestación para el Gobierno de la CDMX de 30 por ciento de los ingresos brutos, que deberían ser destinados a obras de mejoramiento de las calles.
Lo más grave radica en que aparte de la multa por no cubrir el uso del parquímetro, el automovilista debe pagar el servicio de retiro de la “araña”, por 215.90 pesos. Y, si no pagó esos montos antes de dos horas de la inmovilización, el vehículo es remitido a un “corralón”, por lo que además deberá pagar también la cuota del arrastre del vehículo.
Asimismo, denuncia que de acuerdo con diversas notas periodísticas “los franeleros” perciben en promedio una cantidad de 30 mil pesos mensuales, lo cual es comparable con lo que perciben profesionistas con posgrado, pero totalmente libres de impuestos.
La Contraloría General y la Secretaría de Seguridad Pública del GCDMX, deben investigar si “franeleros” y elementos de Tránsito actúan en complicidad, para cobrar de forma ilegal el uso de la vía pública como estacionamiento. Es que ya iniciaron su trienio de Hidalgo…
