Por Jaime Arizmendi

*Gana el Sí; pero no es Vinculatorio

Argonmexico / INE, lobo cuidando ovejas… Con la baja participación ciudadana en la Consulta Popular para investigar acciones de los cinco últimos expresidentes de la República: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña; no se debe desdeñar que sólo 15 de cada mil optaron por el “No”; cuando 981 lo hicieron por el rotundo “Sì”.

De poco les valió a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza Lorenzo Córdova, su falta de promoción entre la ciudadanía para que el domingo 1 de agosto salieran a expresar su opinión en torno a la más que confusa única pregunta donde no se mencionó ni por las siglas los nombres de los exmandatarios, sólo planteó si se debería investigar a políticos, o algo así.

Pese a todo, a partir de que el porcentaje estimado de ciudadanos que participaron en la Consulta Popular fue menor al 10 por ciento de los 93.6 millones que conforman la lista nominal, los resultados no serán vinculatorios, porque se necesita al menos un 40% de participación.

En consecuente respuesta a la escasa publicidad que difundió el INE, situación agudizada por la casi nula publicidad del mismo organismo respecto a los lugares donde se instalarían las 57 mil Mesas Receptoras en el territorio nacional; la participación ciudadana fue muy baja.

De ese modo, la consulta para emprender un juicio contra los últimos cinco expresidentes por los delitos cometidos durante sus respectivas administraciones gubernamentales, no es vinculatoria que obligue a las autoridades a investigarlos y sancionarlos. Con todo, este es un primer paso para conocer hechos ocurridos en el pasado y procurar que se haga justicia a las víctimas.

Días antes de la celebración de la consulta, personas cuyas cabezas se encontraban cubiertas con máscaras de Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, se veían caminar por diversas zonas de la Ciudad de México y en otras urbes del país. Los enmascarados colgaban mantas y repartían volantes e historietas con la imagen de exmandatarios.

Los enmascarados, promovieron la participación ciudadana en la consulta popular que, de manera inédita, concluyó el domingo pasado, con la cual se impulsaría esclarecer lamentables sucesos registrados en la historia política reciente, particularmente durante la llamada era neoliberal cuando se “desincorporaron” cerca de mil empresas paraestatales; pero sus libros blancos quedaron así: en blanco.

La privatización a modo y la venta indiscriminada de bancos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, playas, costas, cerros, autopistas, carreteras y todo lo que significara baja o poca inversión para quienes los adquirían; pero de alto costo para los usuarios y la población en general.

De manera específica, la pregunta sometida a consideración del electorado fue: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Vaya pregunta realizada y justificada por los consejeros del INE, encabezados por su presidente, Lorenzo Còrdova Vianello.

Sí, el conteo “preliminar” que dio a conocer el INE respecto a los resultados de la Consulta Popular, el juicio a expresidentes y exfuncionarios del Estado no se llevará a cabo, debido a que no se alcanzó el 40 por ciento de los votos necesarios.

Esto pese a que la gran mayoría de los participantes respondió afirmativamente a la pregunta de la consulta promovida originalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, después reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como no se alcanzó el mínimo para que los sufragios fueran vinculantes, no se podrá formar una Comisión de la Verdad por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, cuyo objetivo consiste en que se acumulen las pruebas que permitan señalar a los exfuncionarios, tal como se tenía previsto en caso de que se alcanzara la meta.

Es decir, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y las fiscalías locales no podrán llevar al cabo las acciones necesarias para la investigación y posible sanción en contra de estos exfuncionarios.

Quizá esto explica por qué los partidos de oposición no impulsaron que su militancia acudiera a votar por el No; pero los consejeros electorales del INE y el “jefe chichimeca” cumplieron con quienes los designaron, al evitar que la ciudadanía saliera en masa a sufragar en contra de los exmandatarios. ¿La iglesia en manos de Lutero?…