POSICIONAMIENTO SOBRE EL FALLO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (TEPJF) ENTORNO A LA SENTENCIA DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 1° DE JULIO DE 2012.

Empezaré mi exposición definiendo que es la democracia: etimológicamente dicha palabra proviene del término griego demokratía  cuyas raíces etimológicas son: demos –pueblo- y kratos –gobierno o poder-; de ello podemos definir a la democracia como “gobierno del pueblo; para el pueblo y en beneficio del pueblo” o bien un gobierno de opinión pública.

Por tal razón podemos afirmar que nuestro país todavía no es completamente democrático ; al contrario, damos un paso hacia adelante para fortalecer nuestra democracia y retrocedemos dos más.

Estoy en contra de la indiferencia, de la mediocridad e indolencia que se ha mostrado ante la democracia en nuestro país, protesto por el hecho de seguir viviendo en un letargo en el que sólo unos cuantos deciden el destino de nuestro país, nuestro país.

Me indigna constatar que la historia se repite, no se aprendió la lección de hace 6 años, y por eso hoy, estamos condenados a repetirla, pero con más agravantes y mayores agravios.

La política el egoísmo y la indiferencia imperan sobre los principios y valores. Hoy, nuevamente, vemos amenazado el futuro de nuestra frágil democracia.

El pasado 31 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); validó la elección presidencial del pasado 1° de julio, con este fallo se retrocedió en nuestra naciente democracia, durante la calificación de la elección presidencial los siete magistrados del TEPJF renunciaron a su obligación de actuar como tribunal garante de la Constitución.

Era más que evidente la “inequidad” que existió entre los candidatos a la Presidencia de la República; por ello la coalición del Movimiento Progresista interpuso ante el TEPJF un juicio de inconformidad con el objetivo de que se anulara la elección presidencial. Lo anterior bajo seis elementos de impugnación:

1.- Inequidad en el uso de tiempos y espacios en radio y TV; actitud tendenciosa de los medios de comunicación para favorecer a Enrique Peña Nieto.

2.- Utilización de las encuestas en medios de comunicación para hacer propaganda a favor de Peña Nieto.

3.- Gasto excesivo en propaganda y en movilización de los actos de campaña de Peña Nieto, que muy posiblemente implicó la utilización de dinero de procedencia ilícita.

4.- La compra y coacción del voto mediante la distribución de diversos tipos de tarjetas: de prepago, de descuentos, telefónicas; pero además la entrega de dinero en efectivo, despensas, materiales de construcción, fertilizantes, comida, el colmo del tráfico con la pobreza de la gente.

5.- La utilización de los gobiernos del PRI en beneficio de Peña Nieto, en particular el documentado caso de Zacatecas.

6.- El manejo de una cuenta del gobierno del Estado de México por Luis Videgaray Caso, coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto.

Esta inequidad se vino fraguando desde meses, tal vez años atrás; para muestra, tenemos que en febrero pasado el Movimiento Progresista por medio Andrés Manuel López Obrador, solicitó al Instituto Federal Electoral (IFE) que impidiera y, en su caso, sancionara irregularidades como la compra de votos, el rebase en los topes de gastos de campaña y la inequidad en la cobertura por la mayor parte de los medios informativos, especialmente los electrónicos. A esa petición, el IFE respondió que no tenía facultades para evitar o castigar tales infracciones a la ley electoral en tanto éstas no fueran perpetradas.

Se presentaron las pruebas y aún así el TEPJF decidió  validar la elección; otra institución que hizo caso omiso de los gastos excesivos en la campaña de Enrique Peña Nieto fue la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade); pues desde el arranque de las campañas se dio cuenta que el equipo de Peña Nieto hacia un gasto excesivo de recursos, lo cual esta constatado por medio de testimonios fotográficos, videográficos y notariales que documentaban la compra de sufragios para la fórmula del partido tricolor; mismos que fueron desechados por el TEPJF.

Todo lo anterior deja en claro que México no cuenta con instituciones fuertes que luchen y defiendan nuestra democracia, si fueran realmente así, hubiesen reducido la incertidumbre de la elección presidencial, hubiesen respetado las reglas establecidas en nuestra Carta Magna.

Lo anterior es algo preocupante pues pareciera que en México ya se les está haciendo costumbre el no celebrarse elecciones libres y autenticas como lo ordena la Constitución; lo que provoca que regresemos al sistema de partido hegemónico .

El dinero a raudales, de procedencia desconocida y al margen de toda fiscalización, se convirtió en esta ocasión en la partícula del fraude electoral y del atropello constitucional. El dinero ilegal e ilícito en una campaña es inocultable. El derroche fue su principal expresión.

No podemos aceptar que el dinero ilegal e ilícito defina el resultado electoral, porque estaríamos actuando en contra de la voluntad ciudadana. Está demostrado que quienes compran una elección presidencial, terminan vendiendo al país.

Finalmente, concluyo diciendo que el “Viejo PRI”, es lo mismo que el “Nuevo PRI”, nada han cambiando, por ende mi postura seguirá siendo de lucha por la democracia, por la justicia, por la de continuar cimentando sólidamente la libertad en nuestro país.