La Secretaria General del Partido de la Revolución Democrática, C. Hortensia Aragón Castillo (integrante también de la corriente Foro Nuevo Sol del mismo partido,  que dirige la Lic. Amalia Dolores García Medina), se equivoca rotundamente al considerar que las auditorías ordenadas por el Gobernador Constitucional Miguel Alonso Reyes, son una campaña de linchamiento, una cacería de brujas o una campaña de venganzas personales en contra de su jefa política y compañera de facción partidista.

Las auditorías son el instrumento constitucional y administrativo previsto por todas las legislaciones democráticas del mundo para verificar el manejo correcto de los recursos públicos e identificar presuntas irregularidades, desvíos, malversaciones y actos de corrupción durante el ejercicio de un gobierno.

Quien nada debe, nada teme. Si la exmandataria actuó con transparencia y apego a la Ley durante el ejercicio de su encargo, el PRD y la exmandataria tienen que estar tranquilos. Si hubo irregularidades y delitos que perseguir, los responsables tendrán que responder ante la Ley. Es la regla básica de la procuración de justicia.

La señora Amalia Dolores García Medina ha demandado a funcionarios del actual gobierno de Zacatecas por lo que considera “daño moral”. Está en su derecho. El Gobierno Constitucional del Estado de Zacatecas, por su parte, está realizando estas auditorías para descartar o configurar, en su caso, el delito por “daño patrimonial”. Esa es la obligación de la actual administración, además de una persistente demanda ciudadana.

Causa extrañeza que un partido que ha enarbolado desde su nacimiento la transparencia, la rendición de cuentas y la revisión del pasado, ahora intente desacreditarlas cuando se aplica a uno de sus gobiernos. ¿Acaso estos principios sólo aplican para gobiernos de signo distinto al PRD?

Frente al actual proceso de rendición de cuentas que lleva a cabo el Gobierno de Zacatecas en pleno uso de sus facultades y atribuciones constitucionales, el PRD tiene la gran oportunidad de demostrar que es el partido de la legalidad y no de la impunidad, apoyando las prácticas de transparencia del Estado de Derecho y no encubriendo a presuntos infractores de la Ley.

Se equivoca la secretaria general del PRD al recurrir a las más desacreditadas prácticas políticas para tratar de evitar la rendición de cuentas de su jefa política: la victimización, la denuncia de supuestos complots, la defenestración de las autoridades y la defensa ideológica a ultranza más que la defensa jurídica. Estas prácticas ya no convencen a nadie y terminan revirtiéndose contra sus defendidos, como lo han demostrado fehacientemente los casos de René Bejarano, “Gregg” Sánchez y Julio César Godoy.

El caso Zacatecas va a ser útil para que el PRD se defina de una vez por todas: partido de la Legalidad o partido de la impunidad.

El PRI de Zacatecas apoya las auditorías en curso y, con la Ley en la mano, pide al Gobierno del Lic. Miguel Alonso Reyes llegar hasta sus últimas consecuencias y no dejarse amedrentar por amagos y defensas políticas trasnochadas que sólo buscan distraer y evadir a la Justicia.