A consecuencia de la emergencia sanitaria, la Legislatura del Estado decidió en su sesión ordinaria, posponer el Parlamento Joven 2021 a raíz de una iniciativa presentada por los integrantes de la Comisión legislativa de Niñez, Juventud y Familia, Carolina Dávila Ramírez, Mónica Borrego Estrada y Edgar Viramontes Cárdenas.

Aunque esta actividad se desarrolla durante el mes de enero, ya desde octubre inicia el proceso con la emisión de la convocatoria, la recepción de documentos de los jóvenes interesados y, sobre todo, las reuniones que debe celebrar el Comité Organizador y que “forzosamente” tienen que ser presenciales.

En la iniciativa aprobada no se establecen nuevas fechas debido a que dependerá de la evolución de los contagios de Covid-19 en la entidad.

No obstante, se precisa que el proceso previo y las actividades del parlamento joven se llevarán a cabo hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde, de forma que puedan celebrarse reuniones de personas principalmente en espacios públicos como las salas de reuniones y el salón de Plenos del Congreso del Estado, así como su sede alterna.

Las y los diputados consideraron que el Parlamento Joven ha demostrado ser una herramienta eficaz “para que los poderes públicos conozcan, de primera mano, las preocupaciones e intereses de los jóvenes, para el efecto de diseñar políticas públicas y ordenamientos legales que permitan generar las condiciones para la resolución de los problemas que afectan a este grupo social y que, sin duda, son compartidos por la población en general”.

APRUEBAN COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD DE ZACATECAS

La Legislatura del estado aprobó que comparezca el secretario de Salud del estado, Gilberto Breña Cantú, propuesta en una iniciativa del diputado Raúl Ulloa Guzmán; no obstante, circunscribieron esta reunión al periodo de las comparecencias que se llevarán en glosa del cuarto informe de gobierno del Poder Ejecutivo.

Entre los temas que se abordarán está el informar sobre el estatus jurídico y los compromisos adquiridos por el gobierno estatal con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), así como el avance en la puesta en marcha del Hospital de la Mujer en Fresnillo.

De igual forma, consideraron necesario que se hable de la pandemia provocada por el Covid-19 y particularmente de la actuación de las autoridades frente a la contingencia sanitaria.

Este jueves se aprobó el dictamen de la Comisión legislativa de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el que declara el sobreseimiento de la iniciativa de punto de acuerdo que buscaba exhortar al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que convoque a un Congreso Nacional de Educación, una vez concluidos los foros estatales en materia educativa.

Esta decisión se tomó debido a que el objetivo de este congreso era el de incidir con sus resolutivos en la reforma constitucional en materia educativa y en sus leyes secundarias; no obstante, éstas modificaciones ya fueron aprobados e incluso entraron en vigor.

De igual forma se avaló el dictamen de la Comisión legislativa de Salud por el que se declaró improcedente la iniciativa que planteaba una reforma a la legislación local para establecer la obligación del Estado de prestar el tratamiento de hemodiálisis.

La iniciativa fue desechada al no obtener una opinión favorable en cuanto al impacto presupuestal de los cambios propuestos, ya que éstos conllevarían la inversión de 160 millones de pesos el primer año de su entrada en vigor y actualmente no existen condiciones para enfrentar estos gastos.

Asimismo, las y los diputados de la LXIII Legislatura autorización al ayuntamiento de Juan Aldama para que enajene en la modalidad de donación, en favor de 156 beneficiarios, un terreno de su propiedad que está compuesto por 156 lotes y un área de donación para parques y áreas verdes.

Con un enfoque de nueva gobernanza y pasando de las políticas públicas en materia de prevención concebidas como un programa a considerarlas un sistema integral, la diputada Alma Gloria Dávila propuso la iniciativa de  Ley del Sistema Estatal de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia con Participación Ciudadana para el Estado de Zacatecas.

Este sistema, precisó la legisladora, permitirá una coordinación real de la administración pública para hacer posible una intervención “compleja pero clara y metódica”, con la que se incrementen las posibilidades de disminuir el problema de la incorporación de jóvenes en las organizaciones delictivas.

“Las estructuras institucionales que se proponen en la ley tienen como objetivo crear las capacidades relacionales suficientes para poner en marcha políticas integrales”, apuntó la diputada y agregó que también se propone transitar de un enfoque tradicional a uno centrado en la nueva gobernanza en el que “los gobiernos coordinan la acción de muchos actores para  dirigir a la sociedad a su auto resiliencia o auto regeneración”.

La necesidad de cambiar esta perspectiva en la prevención radica en que las políticas, hasta ahora, han sido inefectivas y no han tenido impactos en la realidad social.

Actualmente en Zacatecas hay más de 30 casos de personas que han interpuesto recursos legales ante los tribunales para que se les reconozca la identidad de género pero el hecho de que esta figura no esté incluida en la legislación les ha causado “inconmensurables daños morales y fuertes quebrantos patrimoniales”.

A fin de acabar con estos actos de discriminación y exclusión, la diputada Mónica Borrego Estrada propuso reformar la Constitución Política del estado y los códigos Civil y Familiar para reconocer en ellos, jurídicamente, la figura de la identidad de género.

La legisladora explicó que el sexo de una persona se asigna al momento de su nacimiento, convirtiéndose en un hecho social y legal. No obstante, reconoció que “un número importante de individuos tienen problemas con pertenecer al sexo registrado al nacer” y son las personas que han sido denominadas como trans.

En México, las cifras oficiales hablan de que en esta situación hay entre 500 mil y 600 mil personas que en estos momentos “viven en un ambiente de discriminación, de exclusión social, de violencia cultural permanente y con múltiples problemas para ejercer sus derecho sociales, económicos, políticos y culturales fundamentales”.

Estas modificaciones, concluyó, se presentan por razones de justicia, legalidad, ética, principios morales y civilidad, apuntando que están más allá de los dogmas. La legisladora sentenció que “es tiempo de avanzar en Zacatecas en el reconocimiento de la identidad de género”.

La gravedad del delito de violencia familiar y la necesidad de combatir la impunidad en este ámbito llevó al diputado José María González Nava a presentar una reforma al Código Penal del estado para que se prohíba otorgar el perdón en estos casos.

Sostuvo que esta modificación es necesaria para lograr que el delito de violencia familiar tenga castigo ya que en muchas ocasiones por el vínculo afectivo entre la víctima y el agresor “se deja sin sanción a una clara vulneración a los derechos humanos, escenario que no es compatible con los derechos y garantías que buscan otorgarse desde los tratados internacionales y nuestra propia legislación”.

De igual forma, para el resto de delitos, el legislador propuso una adición al Código Penal para darle carácter de irrevocable al perdón que se otorgue por parte del ofendido. Esto, dijo, como una medida para “dotar de certeza jurídica a este tipo de situaciones”.

La diputada Gabriela Pinedo Morales y los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada plantearon reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para incorporar una nueva obligación para las comisiones legislativas a la hora de dictaminar las iniciativas que se presentan por parte de las legisladoras y legisladores.

Los promoventes destacaron que las iniciativas que se presentan ante el Pleno se envían a las comisiones legislativas para que sean analizadas y finalmente dictaminadas, y en ese proceso de trabajo interno se establecen algunos elementos obligatorios que deben contener los documentos definitivos que se leen ante la Asamblea para que sean votados.

Entre estas disposiciones está, por ejemplo, el impacto presupuestal que está relacionado con la viabilidad financiera de las propuestas.

Esto se establece en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la propuesta presentada este jueves busca añadir una fracción más para que se obliguen también, en los casos en los que sea necesario de acuerdo a la materia de la iniciativa, a elaborar un dictamen de impacto ambiental apegado a la Ley de Cambio Climático del Estado y sus Municipios y a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de la entidad.

Para incluir a los jóvenes de grupos vulnerables, particularmente a los migrantes y a los que tengan alguna discapacidad, en el Consejo Juvenil del estado, la diputada María Edelmira Hernández Perea presentó este jueves una iniciativa para reformar la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas.

En esta legislación se establece la conformación de un Consejo Juvenil que funge como un órgano de consulta en materia de políticas públicas relacionadas con esta población. Actualmente, éste lo integran los representantes de distintos sectores pero no están contemplados los grupos vulnerables como los jóvenes con discapacidad y los migrantes.

Aunque destacó que en la ley sí se están identificados como vulnerables, no se les otorga el derecho a la participación en la vida política y pública, por lo que esta modificación busca incluirlos en el consejo para que tengan voz y voto en las decisiones de acción gubernamental que finalmente les afectarán como población joven.

Este jueves también se leyeron dos comunicados enviados por el gobernador Alejandro Tello Cristerna y por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Arturo Nahle García, en los que se solicita a la LXIII Legislatura que emita la declaratoria para que los tribunales laborales y el Centro de Conciliación Laboral del estado puedan entrar en funciones a partir del 18 de noviembre de este 2020.

Este jueves se leyeron tres dictámenes relacionados con denuncias presentadas por integrantes de varios ayuntamientos en contra de los alcaldes de esas demarcaciones.

En el primero de ellos se ordena al ayuntamiento de El Salvador que convoque a una sesión de cabildo con la finalidad de designar al contralor municipal. Esta instrucción se deriva de una denuncia que presentaron tres regidores debido a la omisión del alcalde de nombrar al titular de la Contraloría Municipal.

En un segundo dictamen se declaró improcedente la denuncia presentada por la síndica y siete regidores del ayuntamiento de Pánuco, en la que señalan a dos asesoras del alcalde de haber usurpado sus funciones.

Las y los legisladores refirieron que no procede la denuncia porque no hay pruebas de la acusación y, además, el presidente municipal no refirió que exista una situación de estas características.

En tercer lugar, se leyó el dictamen respecto de la denuncia presentada por la síndica y siete regidores del ayuntamiento de Zacatecas en contra del alcalde de la capital, por haber suspendido la sesión de cabildo del 30 de agosto de 2019 sin agotar todos los puntos del orden del día.

De la revisión hecha por las diputadas y diputados en torno al caso, se desprende la legalidad de las decisiones tomadas por el presidente municipal por lo que se propuso el archivo definitivo del caso.

La Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias presentó el dictamen sobre dos reformas propuestas al Reglamento del Poder Legislativo de Zacatecas por el diputado Omar Carrera Pérez.

Las modificaciones se planean para crear nuevas reglas que consoliden la transparencia del trabajo al interior del congreso del estado y, particularmente, en las comisiones legislativas y de gobierno. Para ello, se plantea incorporar la posibilidad de transmitir en vivo todas estas reuniones, atendiendo a la disponibilidad material y técnica de la legislatura.

Se quiere añadir un párrafo a los artículos 40 y 54, que tienen que ver con las reuniones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y de las Comisiones Legislativas.

Con esta adición se establecería que “las reuniones podrán ser transmitidas en tiempo real en la página oficial de la Legislatura, previo acuerdo de los integrantes de la Comisión; para ello, deberán solicitar a la Secretaría General, por lo menos con 48 horas de anticipación, la implementación de las condiciones técnicas y materiales para que se lleve a cabo dicha transmisión”.

Sesionar preferentemente los lunes y miércoles para hacer más eficiente el trabajo legislativo

La comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias presentó el dictamen de una iniciativa propuesta por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez relativa a los días en los que se celebran las sesiones ordinarias de la legislatura.

Las legisladoras y legisladores integrantes de la comisión consideraron pertinentes los cambios por los que se modifica el Reglamento del Poder Legislativo del estado para que se establezcan como preferentes los días lunes y miércoles, en lugar de martes y jueves, para las sesiones en el Pleno.

Con esta modificación apuntaron que se «permitiría racionalizar y ordenar el trabajo legislativo pues, al contar con dos días hábiles consecutivos –jueves y viernes–, estaríamos en condiciones de distribuir, de manera más eficiente, el cumplimiento de nuestras atribuciones».