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Zacatecas padece la peor crisis de inseguridad, violencia y criminalidad de su historia, y a diario suceden hechos más crueles, que evidencian el desprecio por la vida humana, el aumento de actividades criminales y el de víctimas directas e indirectas, las consecuencias son la vulneración de los derechos a la vida, integridad, libertad y dignidad de miles de personas.

Así lo aseguró Luz Domínguez Campos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), al presentar su Informe de Resultados (2016-2022) y el Primer Informe Cuatrimestral de 2022.

Enfatizó que son muchas las acciones realizadas de derechos humanos en ese tiempo, a pesar de los obstáculos y las dificultades, y la institución se ha fortalecido y consolidado como un organismo autónomo e independiente, y ni los recortes presupuestales, ni los embates perversos, mermaran su esencia.

Y en el tema de inseguridad, destacó que se han traspasado las fronteras de lo impensable, ya la delincuencia no solo asesina a hombres, mujeres o jóvenes, también mata a niñas, niños inocentes sin el menor recato, lo mismo en la calle, que al interior de una iglesia.

Recordó que en el 2021 se cometieron mil 618 homicidios dolosos, y en los primeros cinco meses del 2022 han muerto a 389 personas, 25 eran policías en activo.

Y enfatizó en atender la violencia contra las mujeres y las niñas como una de las violaciones de derechos humanos más graves, porque en el 2022 ya se cometieron seis feminicidios, 65 homicidios, 328 delitos de lesiones y 989 delitos de violencia familiar.

Eso demuestra que las acciones gubernamentales han sido insuficientes para garantizar la vida, integridad y dignidad de las mujeres, al tener a miles de mujeres víctimas de delitos, que posteriormente se convierten en víctimas de violación a los derechos humanos por la falta de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.

Así como por la indiferencia e ineficiencia gubernamental, que genera una profunda impunidad, y señaló las cifras, alarmantes, de desaparición de personas en el estado, porque se tienen más de dos mil 898 personas desaparecidas, en el 2021 fueron 800 personas, y en los primeros meses del 2022, 246 personas.

En cuanto al desplazamiento interno por razones de inseguridad, demandó un programa integral que garantice la seguridad, alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, educación, trabajo, atención integral y el retorno seguro a sus comunidades.

E informó que en materia de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, los últimos seis años se abrieron 27 mil 728 expedientes, 13 mil 058 para asesorías, tres mil 613 a gestiones y cuatro mil 057 quejas.

En su gestión, apuntó, se emitieron 200 recomendaciones, 64 fueron para la Secretaría de Seguridad Pública; 37 para las autoridades penitenciarias, mismas que son antecedidas de 43 riñas, 318 lesionados, 32 homicidios, 18 presuntos suicidios y 24 muertes por enfermedad, sumando un total de 74 personas fallecidas en los últimos años en los Centros penitenciarios del estado.

Señaló que es urgente que las autoridades fortalezcan el control, la seguridad y la gobernabilidad de los centros penitenciarios en el estado, y se cumpla con la reinserción social del sentenciado y con brindar justicia para las víctimas, porque eso repercutirá positivamente en seguridad pública.

Lo anterior, dijo, evidencia el incumplimiento de las obligaciones del Estado Garante de las personas privadas de la libertad, la insuficiencia de medidas y acciones necesarias, para garantizar el orden, la disciplina, la seguridad y la gobernabilidad al interior de los Centros Penitenciarios.

Pero además la insuficiencia de personal de seguridad y custodia que garantice la supervisión y vigilancia eficiente y constante de los Centros, la ineficiente revisión en el ingreso de personas, vehículos y objetos, pues al interior se han detectado armas, drogas, celulares y otros instrumentos que han sido utilizados para la comisión de delitos.

De las recomendaciones emitidas destacan las 27 a la Policía Estatal Preventiva y Policía de Seguridad Vial, y se acreditaron dos casos de desaparición forzada; 39 recomendaciones a la Fiscalía General de Justicia por la violación al derecho de acceso a la justicia; y 13 recomendaciones a la Secretaría de Salud, porque se acreditó el derecho de acceso a la salud.

Hizo énfasis en las 16 recomendaciones a la Secretaría de Educación, 10 fueron por abuso sexual infantil, y solicitó a las autoridades fortalecer las medidas de prevención, detección y actuación inmediata en casos de abuso sexual infantil, y retirar a los profesores denunciados.

Pero también que de inmediato se investiguen los hechos, y de ser el caso, rescindir la relación laboral, y añadió que los agresores sexuales son un cáncer social, y deben ser severamente castigados, por lo que ha pedido a las autoridades educativas que se genere un Registro Estatal de docentes y administrativos agresores sexuales para evitar que nuevamente sean contratados en escuelas públicas o privadas.

Se emitió una recomendación al ISSSTEZAC por violentar los derechos a la seguridad social, a la propiedad, a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación de 115 derechohabientes, 70 forman parte como agraviados en las quejas de los expedientes que dan origen a esta Recomendación, por la suspensión, retraso y disminución de sus pensiones realizada de manera ilegal y arbitraria por parte de las autoridades del ISSSTEZAC.

Pero indicó que la recomendación que no fue aceptada, y se solicitó a la Legislatura del Estado que cite a comparecer a las autoridades, para que funden y motiven las razones de su negativa.

Llamó a las autoridades estatales y municipales a que acepten las recomendaciones, poque tienen como propósito que corrijan sus actuaciones, sancionen a los servidores públicos responsables y hagan efectivo el derecho de las víctimas a la reparación integral por el daño sufrido.

E indicó que del 2016 al 2022, se capacitó a más de 160 mil personas, entre ellos servidores públicos, integrantes de la sociedad civil, padres, madres de familia y de manera especial a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior.

Y se dijo convencida que se debe de promover en ellos, los derechos, valores, principios, habilidades y actitudes que fomente el respeto a la dignidad humana y la convivencia escolar pacífica. Son las nuevas generaciones a quienes prioritariamente debemos proteger de las garras de los grupos criminales y evitar que sigan siendo carne de cañón.