Por: Gustavo Jasso Hernández

El que quiera conocer sus defectos que se aviente de precandidato y después de candidato, ya verá como más temprano que tarde, los medios de comunicación y los políticos contrarios a su causa, le sacan los trapitos al sol, y puede que hasta le inventen una que otra historia que no sea real. Pero no se asusten, ustedes regístrense, que la gente diga misa, que les invente chismes, pero que no los detenga en su propósito de ganar las elecciones, de gobernar con inteligencia y de transformar Zacatecas.

Al día hoy, a esta hora ya hay muchos precandidatos, y otros tantos, al ritmo de la tambora y sintiéndose semidioses por las tantas porras, se siguen registrando; ahora el problema será para los partidos políticos, que a muchos precandidatos les tendrán que decir, algo así como: “gracias por participar”, “la encuesta no lo favoreció”, “el líder del partido decidió que en esta ocasión va Gustavo Jasso”, “que se espere para la siguiente, que al fin y al cabo, qué tantos son dos años, ahorita se pasan”, etcétera, etcétera.

No todos los precandidatos podrán ser candidatos, eso es obvio; muchos precandidatos serán descalificados a la mala, eso en Zacatecas igualmente es obvio; algunos se defenderán en los tribunales de justicia electoral y otros no, eso también es obvio.

Obvio que los que se sienten dueños y amos de los partidos políticos harán lo que puedan para dejar las candidaturas en los hombres y las mujeres de su contentillo, de su gracia o de su misma familia. Eso es lo que estamos acostumbrados a ver, hasta que alguien venga y nos demuestre lo contrario.

Yo lo que les puedo opinar, es que nadie, ni siquiera los “mandamás” de los partidos tienen derecho a privar de manera arbitraria a los militantes de sus derechos partidarios, y mucho menos, de sus derechos políticos. Todos, óigase bien, todos tenemos derecho a votar y ser votados.

Y no lo digo por decirlo, lo digo porque lo estudié en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” (1969) y en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.