Ante el anuncio hecho por algunos diputados del recorte de más de mil 072 millones de pesos que se plantea hacer al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE),  el instituto llamó a la responsabilidad de los actores políticos y a la soberanía nacional representada en la Cámara de Diputados para cuidar la fortaleza de todos los órganos autónomos.

El recorte se hace al presupuesto operativo del INE y no afecta los recursos que se entregan a los partidos. Es equivalente a cerca del 9% de lo solicitado por el INE para en 2020 expedir cerca de 16 millones de credenciales e iniciar en septiembre el Proceso Electoral Federal 2020-2021, que será el más grande de la historia.

De acuerdo con el INE, sería el recorte más grande en su historia, justo cuando se comienza a organizar la elección más grande, nunca antes realizada, porque habrá alrededor de seis millones más de ciudadanos que votarán en 2021 en relación con 2018, en la que se elegirán casi tres mil 200 cargos en disputa, 15 gubernaturas, 29 congresos locales y en 30 entidades se renovarán los ayuntamientos.

Consideran que podrían entrar a una zona de riesgo, porque se trata de organizar una elección para permitir la recreación de la democracia y de darle elementos de identidad a millones de mexicanas y mexicanos.

Reconocen la importancia de los programas sociales que puedan verse beneficiados con los recursos recortados al instituto, pero consideran que la paz pública, la estabilidad política y económica dependen de que haya elecciones confiables, bien realizadas, con condiciones de equidad, como en los últimos años.

El recorte anunciado, sumado a algunas propuestas de reformas electorales que se han planteado en el Congreso, demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral y hace que no se perfilen buenos tiempos para la recreación de la democracia.

El problema que podría presentarse ante un recorte de esta naturaleza es no sólo para el Instituto, sino también para la sociedad mexicana, ya que se debilita la capacidad para enfrentar los desafíos de la democracia.

Con esta decisión, si prospera, se van a poner en riesgo los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, la capacidad probada de poder organizar elecciones de manera equilibrada y cierta como hasta ahora.

Sin un INE funcional, capaz de brindar servicios ni de arbitrar elecciones equitativas, en condiciones de equidad, bien fiscalizadas, la paz pública, la estabilidad política y la estabilidad económica se ponen en riesgo.