La Comisión legislativa de Seguridad Pública y Justicia presentó al pleno el dictamen positivo respecto de la iniciativa de Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas.

Sus integrantes reconocieron que la sociedad vive momentos complejos en el ámbito de seguridad, y es necesario que los poderes públicos implementen novedosos mecanismos para la contención y protección de la ciudadanía.

Se dijeron convencidos de que este instrumento jurídico constituye un avance en el fortalecimiento y consolidación de la seguridad pública de las y los zacatecanos.

Además, la comisión estimó necesario  adicionar más artículos a la propuesta, con el objetivo de completarla y darle congruencia.

Por otra parte, las comisiones unidas de Seguridad Pública y Justicia, y de Igualdad  de Género, elevaron a la máxima tribuna de la entidad el dictamen relativo a la iniciativa de reforma a diversas disposiciones  del Código Penal para el Estado, en materia de violencia política contra las mujeres.

Se considera oportuna la inclusión de la Violencia Política en el Código Penal, concepto que ya se encuentra integrado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque en la actualidad se vive la discriminación a la mujer  y su acceso a puestos públicos.

Se agregó que fueron hechas algunas modificaciones a la iniciativa original a fin de establecer un tipo penal que cumpla y esté a la vanguardia de las necesidades  de la sociedad, y apegado a lo que establecen los principios de progresividad y convencionalidad, y que brinde certidumbre jurídica a todas aquellas personas interesadas en la participación social.

En caso de ser aprobado el dictamen, quedaría redactado de la siguiente manera:

Artículo 267 bis. Comete el delito de violencia política, quien realice por sí o a través de terceros cualquier acción u omisión que obstaculice a una mujer el acceso a un cargo de elección, su debido desempeño o la induzca a la toma de decisiones en contra de su voluntad, causándole un daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole, impidiendo con ello el ejercicio de sus derechos políticos electorales, se le sancionará con dos a seis años de prisión y multa de cien a doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria en el momento de la comisión del delito.

Las sanciones a que se refiere este artículo se aumentarán de una mitad del mínimo a una mitad del máximo cuando en la comisión de este delito se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de la mujer.

 A la Comisión legislativa de Hacienda Municipal tocó la dictaminación de la solicitud del ayuntamiento de Calera  para enajenar un bien inmueble  a favor de la persona moral denominada “Asociación Religiosa Parroquia de Nuestro Señor del Consuelo, Calera, Zac”.

Se establece en el cuerpo del dictamen que es procedente la autorización, y los plazos de ejecución de proyecto de escrituración, deberán cumplirse en un plazo que no excederá de dos años contados a partir de la vigencia del presente Decreto.

El pleno conoció el dictamen emitido por las comisiones unidas de Seguridad Pública y Justicia, y de Igualdad de Género, respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado, y a la Fiscalía General de Justicia, para que se aplique un plan de intervención para evitar la violencia de género que se vive en el Estado.

Se destaca en el dictamen que la violencia de género ha alcanzado una gran magnitud en los últimos años, ya que se estima que causa más muertes  e incapacidades en mujeres de 15 a 45 años, que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico e incluso la guerra. Por ello, las comisiones legislativas consideran procedente la iniciativa.

Se plantea, asimismo, la necesidad de analizar el tema de los derechos humanos y de la violencia de género desde una perspectiva que ofrezca posibilidades de cambios culturales estructurales, que conlleven el respeto de los derechos de las mujeres y cuestionen la inevitabilidad de la violencia en las relaciones de género.

Finalmente, la comisión legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública, presentó el dictamen en sentido positivo respecto de la iniciativa  que reforma el decreto número 327, aprobado por esta Honorable LXII Legislatura.

El decreto autoriza  al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a desincorporar un predio ubicado sobre la Calzada Pedro Coronel en Guadalupe, Zacatecas.  La iniciativa contempla una mayor superficie de terreno a la originalmente avalada.

El dictamen es aprobado para dar claridad y certeza jurídica  a los actos jurídicos en materia de enajenación.