Durante la sesión de la comisión permanente de la legislatura del estado de Zacatecas, se presentó Ante el Proyecto de Decreto enviado por el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, para autorizar al Cabildo para que a través del Presidente Municipal, se solicite a la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, autoirar la concesión de forma parcial a la empresa Minera el Saucito, por 20 años pudiéndose prorrogar por un periodo igual; el servicio público de tratamiento de agua, específicamente la planta de tratamiento de aguas residuales poniente.

En el documento establecen  que la operación de la Planta Tratadora Poniente, representa para el SIAPASF, una carga económica, que está comenzando a ser imposible de cubrir, dado que, si bien se han hecho esfuerzos y reestructuras administrativas, la capacidad financiera del Sistema ya ha sido rebasada.

Por tanto se exploraron mecanismos y figuras jurídicas para asegurar el  futuro o el funcionamiento del organismo operador del agua en Fresnillo, y la operación de la planta, ya que no puede prescindirse en ningún momento de alguna de las dos, sin embargo la gran limitante con que se encuentran, es el déficit financiero al que se está entrando, y el no actuar de forma eficiente en este momento representaría un colapso económico en el futuro, propiciando la quiebra del SIAPASF y un descontrol sin precedentes para la administración municipal.

La diputada María Elena Ortega Cortés dio a conocer su Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el estado de Zacatecas.

Eso como parte de un esfuerzo de armonización legislativa para generar los cambios legales pertinentes en la Ley, hacerla acorde a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por nuestro país y con el objetivo de dotar a las y los servidores públicos, así como operadores de justicia de definiciones y lenguaje legalmente aceptado en el marco internacional y nacional.

La Iniciativa propone derogar, adicionar o modificar palabras que pueden traducirse en alguna forma de discriminación de acuerdo a origen étnico, sexo,  origen o por otras situaciones que deriven a estas acciones por los términos empleados en la ley.