Para hacer efectivo el interés superior del niño, que obliga a los estados y gobiernos a tomar acciones que garanticen el ejercicio de los derechos humanos fundamentales como la salud o la educación, la Senadora Claudia Anaya presentó una reforma a la Ley de Desarrollo Social.

Reconoció que el acceso a la seguridad social se determina por la relación laboral de las madres y padres de familia, por lo que quedan en el desamparo aquellos que no tienen una relación formal con el patrón, lo que impide obtener prestaciones sociales tan fundamentales como la Seguridad Social por lo que es indispensable que el Estado Mexicano tome medidas de nivelación que permitan terminar con el ciclo del rezago.

“Desde 2014, el Comité sobre los Derechos del Niño, observó con preocupación que en nuestro país la ausencia de políticas públicas para garantizar el desarrollo desde la primera infancia, que se recrudece en las poblaciones indígenas o de personas con discapacidad e instó a nuestro país a emprender políticas públicas para aumentar la cobertura en el acceso a este derecho para niñas y niños”, subrayó la Senadora.

Dijo que es fundamental que existan políticas públicas para el desarrollo de la primera etapa de la infancia, no se puede renunciar a la política pública, solo por el hecho de combatir la corrupción, “porque el cese de políticas públicas de este tipo, daña el desarrollo de niñas y niños, no el patrimonio de los corruptos.”

Advirtió que “si la prioridad son los pobres, si la prioridad son los niños, entonces hagamos de las estancias infantiles una prioridad nacional, pero no en el discurso, no en las palabras, en la Ley, primero en la Ley, para después en los hechos”, finalizó.

Su iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos.