Pese a su historia y tradición así como de su aportación a la educación del país, las Escuelas Normales han estado abandonadas por los gobiernos, por eso es necesario modificar el Artículo 24 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, planteó el senador David Monreal Ávila.

Así se garantizará que en los concursos de oposición para el ingreso al servicio, se privilegie el perfil de los egresados de las Escuelas Normales.

En febrero del 2013 el Congreso de la Unión, aprobó la reforma en materia educativa, pero no fue mejorar los planes y programas de estudios, o fortalecer el trabajo docente, sólo se enfocó a cambiar las condiciones laborales de los profesores, y cerrar aún más la puerta para la contratación de los egresados de las Escuelas Normales.

Los estudiantes en las Escuelas Normales deben ser formados bajo los más estricticos criterios académicos, pero también se les debe garantizar una oferta laboral, pues su desempeño se limita sólo como docentes en el nivel básico.

Como consecuencia de la Reforma Educativa, se creó la Ley General del Servicio Profesional Docente, que tiene entre otros objetivos, establecer los mecanismos de evaluación para el ingreso y permanencia al sector público de los aspirantes y profesores en servicio, así como las formas para la promoción en los diferentes cargos escalafonarios previstos en la ley.

Sin embargo, en la reforma constitucional en la materia, así como en sus leyes secundarias, no se contempla un fortalecimiento efectivo a las Escuelas Normales, desprotegiendo la formación de docentes especializados en educación básica.

En este sentido, surge la necesidad de dar seguridad laboral a los egresados de las Escuelas Normales, a fin de incrementar la demanda en las escuelas formadoras de docentes, como elevar el nivel de profesionalización de los egresados.

Si bien es cierto que los estudiantes egresados deben demostrar contar con una formación apta para desempeñarse frente a grupo, es necesario que el Estado les otorgue incentivos que motiven la formación de estudiantes en las Escuelas Normales.

Indicó que la educación es uno de los factores centrales para la promoción del desarrollo económico y en México ha sido clave en la definición de políticas públicas.

Sin embargo, la mayor parte del presupuesto educativo se destina a gasto corriente, principalmente al pago de servicios personales, representando el 97% del total.

Lo anterior plantea insuficiencias para financiar infraestructura, equipamiento, operación y mantenimiento de las escuelas y centros educativos.

La autoridad federal debe tomar cartas en el asunto, realizando un minucioso estudio a los reportes que las entidades federativas entregan respecto del uso de los recursos federales en materia educativa, debe tener una visión de largo plazo, no se trata solo de incrementar las matrículas escolares, ni de incrementar el gasto público en este ramo, sino de sentar las bases necesarias para que los estudiantes de educación básica en un futuro se incorporen con mayor facilidad a la educación superior.

Las deficiencias en infraestructura educativa no deben ser vistas como un pretexto para justificar la calidad educativa en México, por el contrario, deben ser vistas como una gran responsabilidad por parte del Estado, para alcanzar mayores niveles educativos, traducidos, en mejores perfiles en el mercado laboral, mejoras que tanta falta le hacen a este país.