Como resultado del Recurso de Revisión interpuesto por el PT ante el Tribunal del Vigésimo Tercer Circuito, se declaró procedente la queja interpuesta ante el Poder Judicial de la Federación sobre la remoción ilegal del contralor Omar Carrera, en el municipio de Fresnillo.

 

La comisionada Política Nacional de ese partido en Zacatecas, Geovanna Bañuelos de la Torre, celebró que luego de acudir a varias instancias el 7 de octubre se tuvo un fallo a favor del PT, y se que fue violatoria la forma en la que se nombró al actual contralor municipal, y que el área de fiscalización municipal corresponde al PT, como primera minoría.

 

El proceso inició el mes de enero, cuando el presidente municipal de Fresnillo, Benjamín Medrano Quesada, destituyó al entonces contralor municipal, Omar Carrera con el argumento de que “ya no le tenía confianza”.

 

El PT promovió un Amparo Indirecto de carácter administrativo ante el Juez Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y fue hasta el 11 de febrero cuando el juzgador a cargo consideró que no era un asunto en el que se violentaran los derechos y garantías del PT por tratarse de una cuestión política.

 

“Ante esta lamentable decisión promovimos un Recurso de Revisión ante el Tribunal del Vigesimotercer Circuito, que declara procedente nuestra queja y lo regresa al Juez Primero de Distrito para que se documente la violación al debido proceso y se ratifique que la Contraloría  corresponde el PT”, explicó Bañuelos de la Torre.

 

En su momento, el PT denunció la forma arbitrara, ilegal y violatoria de las garantías y derechodel Contralor, “pero además, en un acto muy burdo, hacer un nuevo nombramiento de un contralor a modo, como cualquier dictadorzuelo”.

 

En vísperas del análisis presupuestal para el 2015, tanto federal como estatal, el Partido del Trabajo pugna por un presupuesto acorde a las necesidades sociales y que atienda de forma eficaz a los sectores más vulnerables. Para ello se requiere de un adecuado diseño de políticas públicas con una línea de acción estratégica y la adecuada aplicación de los recursos humanos de la administración pública.

 

Al respecto, solicitará a sus diputados en la LXI Legislatura e invita, de manera respetuosa, a todos los diputados que deseen sumarse, para que luchen por un presupuesto con verdadero sentido social.

 

Para Geovana Bañuelos existen grandes disparidades en la distribución del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas. Como ejemplo, expuso, la Jefatura de la Oficina del Gobernador cuenta con un presupuesto de más de 128 millones de pesos. De estos, 18 millones son para promocionar la imagen del gobernador, sin incluir convenios. “Es dinero de los zacatecanos tirado a la basura”.

 

Si la oficina del gobernador se quedara con el 10 por ciento de su presupuesto y el resto se dividiera  en 9 dependencias o secretarías, cada una tendría 12 millones de pesos más. “Como  la Secretaría de la Mujer que tiene 24 millones para ejercer anualmente, pudiera contar con 36 millones para su presupuesto”.

 

La Secretaría de Finanzas, en el área de Gestión Institucional, destina una bolsa de 46 millones de pesos, “Es importante conocer cómo se gasta o se aplica este recurso. Puede caber la sospecha de que parte de este dinero se destine a maicear a diputados o comprar voluntades”. De igual forma, para el apartado de Eventos Cívicos se destinan 41 millones de pesos, “lo que consideramos un despilfarro, pues diariamente se gastan 112 mil pesos en este tipo de actos”.

 

Por lo anterior, Bañuelos de la Torres consideró que no sólo se requiere un presupuesto con sentido social, sino que es necesario ejecutarlo con eficiencia. Por tal motivo, el Partido del Trabajo propone: Evaluar los resultados de la gestión pública, optimizar la calidad del gasto, vigilar que se cumpla con el marco normativo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, mejorar la fiscalización de la aplicación de los recursos e impulsar una Rendición de cuentas y transparencia de los servidores públicos.

 

A pesar de la insistencia del gobernador Miguel Alonso de que Zacatecas se encuentra por debajo de la media nacional en materia de seguridad, omite decir que la tasa de víctimas de 2011 al 2013, no han variado: más de 20 mil personas han sufrido algún acto de violencia, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La misma encuesta a la que el gobernador toma como referencia para hacer sus declaraciones. Sin embargo, nunca menciona que el número de delitos  se ha incrementado de 20 mil a 27 mil delitos.

 

En la encuesta, en el apartado de Cifra Negra por Entidad Federativa 2013,  se informa que entre el 94 y 91 por ciento de las víctimas de algún delito en Zacatecas no denunció o inició averiguación previa y más del 80 por ciento ve a su estado como inseguro o violento.

«El mandatario está tan mal asesorado que me atrevo a afirmar que nunca consultó los datos del INEGI o sus asesores sólo le quisieron informar a medias», sostuvo Bañuelos de la Torre.

 

Este fin de semana iniciaron las Glosas Ciudadanas impulsadas por los tres partidos de izquierda, Partido del Trabajo, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Esto en respuesta al desacuerdo que existe ante el formato a modo de las glosas del Cuarto Informe de Gobierno, hecho que calificó Geovanna Bañuelos como un “burdo capítulo del sometimiento del Poder Legislativo al Ejecutivo”

 

Por esta razón los diputados, alcaldes, regidores, líderes sociales y dirigentes del PRD, Movimiento Ciudadano y PT, han iniciado un recorrido por los municipios para informar sobre el fracaso de la implementación de políticas públicas del actual gobierno en lo que se ha denominado Glosas Ciudadanas.

 

Los primeros municipios fueron Juchipila, Villanueva, Fresnillo, Valparaíso y Calera donde fueron informados, más de mil simpatizantes sobre el endeudamiento, el incremento exponencial de diversos delitos, la aprobación ilegal de las Cuentas Públicas del 2012 por más de 24 millones de pesos y las 109 observaciones encontradas al gobierno estatal; el derroche del Centenario de la Toma de Zacatecas, entre otras irregularidades más.