Por el recorte de cuatro mil 913 mdp de pesos, el INE informó que promovió este una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 (PEF 2022), publicado el 29 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación.

El recorte, que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, se asegura en un comunicado, impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato.

Ese ejercicio, aseguran, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de tres mil 830 mdp para llevarse a cabo, y fueron solicitados a la Cámara de Diputados, pero con el recorte se dejó sin fondos al instituto para cumplir a calidad con esa obligación expresamente señalada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Instituto, en la elaboración de su presupuesto para 2022, incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de una eventual Revocación de Mandato como de una nueva Consulta Popular, en atención a lo que la SCJN resolvió respecto de otra controversia constitucional que el INE promovió sobre la convocatoria a la Consulta Popular que se realizó este 2021, en el sentido de que la autoridad electoral tenía la “obligación de prever” los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana contemplados en el artículo 35 de la Constitución.

Al no haber sido otorgados los recursos, y al aplicar un recorte que excede en mucho la solicitud presupuestal formulada, el INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado. Al no contar con dicho presupuesto, el Instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la Constitución y la ley, además de que se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Constitución y, con ello, el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía.