Fuensanta Guerrero, diputada federal, presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Se plantea resolver la crisis de las desapariciones en México, con alrededor de 125 mil casos, la mayoría registrados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, dijo.

Y sería mediante la atención pronta y expedita de los casos denunciados, y ofrecer  a las colectivas de buscadoras las herramientas, y facilidades para encontrar a sus seres queridos.

La zacatecana también pide que para establecer la presunción de un delito se consideren los criterios de menor de 18 años, mujer, persona con discapacidad o adulta mayor; y originaria de alguna comunidad indígena, afromexicana o LGBTTTIQ+.

También propone que los protocolos de búsqueda, según el caso, se realicen con perspectiva de género, niñez, juventud y derechos humanos.

Específicamente en la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas la zacatecana pide cambios en cuatro apartados.

En los Artículos 1 y 4 se solicita disminuir de seis meses a 90 días el plazo para la emisión de la declaración especial de ausencia a partir del inicio del procedimiento.

En el Artículo 8 reduce de tres meses a 30 días el tiempo para solicitar la declaración especial de ausencia luego de la denuncia de desaparición correspondiente.

Y en el Artículo 16, acorta de 15 a tres días hábiles el periodo para que el órgano jurisdiccional dicte las medidas provisionales y cautelares, esto a partir de que la solicitud haya sido presentada.

La también Secretaria de la Mesa Directiva de la 66 Legislatura de la Cámara de Diputados propuso modificar y/o adicionar los artículos 24, 67, 70, 82, 86, 89, 99 y 100 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, en materia de Protocolos ante la Desaparición de Personas.

Y señala que entre los cambios se establece un plazo no mayor a tres días hábiles para que el Ministerio Público (a petición de la víctima) realice la remisión de la investigación; además, le finca responsabilidad y sanciones en caso de que haya indicios claros de retrasos u omisiones de su parte.

También se garantiza la disposición de personal calificado mediante el establecimiento de un Programa para la elaboración de riesgos de desapariciones y seguridad de personas desaparecidas; y señala la obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno para gestionar el presupuesto necesario para la búsqueda de personas desaparecidas.

La diputada ya había presentado la propuesta en la 65 Legislatura, en conjunto con sus compañeras Laura Lorena Haro y Cristina Ruiz Sandoval, misma que el oficialismo dejó “dormir el sueño de los justos” y que ante la urgencia de la crisis actual por las desapariciones retomó para dar continuidad, especialmente ante los hallazgos en el rancho Izaguirre en Jalisco.