El hacinamiento en las cárceles sumado a la falta de disponibilidad de servicios básicos como el agua en el 70 por ciento de éstos, pone en riesgo a las personas privadas de la libertad frente al coronavirus.

La senadora Claudia Anaya propuso reforzar las medidas sanitarias, y hacer eficientes los procesos judiciales de los presos sin sentencia a través de una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de Salud.

Su propuesta subraya la obligación de las autoridades judiciales de respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, como preservar su dignidad, su salud, y cumplir con los compromisos internacionales signados por nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas.

Esos compromisos se contienen en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, y queda establecida la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión.

Recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó el pasado 30 de marzo a las autoridades responsables, se proveyeran las medidas para atender los efectos de la contingencia sanitaria producida por la epidemia del covid-19, acorde con la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Sin embargo, es indispensable y necesario que haya una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que queden plenamente asentadas las obligaciones para que en caso de alguna pandemia, las autoridades puedan actuar y tomar todas las medidas preventivas y de mitigación sanitaria.

Entre esas está adelantar el beneficio de preliberación condicional a quienes se encuentren a menos de tres meses de cumplir la mitad de la sentencia, siempre que no hayan cometido delitos graves, o bien, la persona se encuentre en condición de vulnerabilidad por edad avanzada, condición de salud, discapacidad, embarazo, lactancia o maternidad de hijos menores de cinco años.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales, propone que mientras exista una epidemia sanitaria, los Jueces solo concedan la prisión preventiva en casos excepcionales, cuando la seguridad de las víctimas este comprometida y usen otras medidas cautelares para evitar así la sobrepoblación de las cárceles donde el distanciamiento social sea una condición para mantener protegida la salud.

Respecto a la Ley General de Salud, la Senadora plantea incluir a la población penitenciaria para que los encargados de los centros de readaptación, informen a las autoridades sanitarias, sobre el número de personas contagiadas así como a tomar medidas de exclusión de los enfermos para evitar la propagación de las epidemias.

Por último, aseguró afirmó que la Ley de Aministía tiene objetivos nobles, como liberar mujeres y campesinos acusados de narcotráfico, pero éste no es el momento de llevarla a cabo porque “no resolvería el tema de fondo, que es liberar del hacinamiento a las cárceles, porque finalmente, quedan dentro muchísimas personas sin sentencia y sin servicios fundamentales como el agua, tan vital para mantener su salud en medio de una pandemia como el coronavirus”.

“La iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, se centra en contados tipos penales de competencia federal, mientras que mi propuesta, se centra en todas las personas recluídas en el país, en respetar sus derechos fundamentales y preservar su salud a través de la atención y la protección de la población penitenciaria y si hubiere acciones colectivas, las personas exclusadas, estarían en su casa en 48 horas”, subrayó.