El diputado José María González Nava presentó en la sesión de la Comisión Permanente, un punto de acuerdo para exhortar a la delegada estatal de la Secretaría del Bienestar y a los funcionarios de la dependencia para que ejerzan los recursos públicos y operen los programas sociales apegados a la ley y no se les dé uso electoral.

Señaló que esta deriva de la denuncia en medios de comunicación por la diputada federal del Morena Mirna Maldonado Tapia, que acusó a los servidores de la nación de utilizar los apoyos federales con intenciones electorales.

Propuso llamar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia del estado a iniciar una investigación de oficio contra los funcionarios de la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar.

El diputado Javier Calzada Vázquez presentó una iniciativa para transparentar, mediante las comparecencias de los funcionarios, las reglas de operación que rigen la entrega de los apoyos.

Concretamente, se busca convocar a los servidores públicos estatales que tengan recursos para programas sociales a comparecer en reuniones de trabajo con las comisiones legislativas, con la finalidad de dar a conocer las reglas de operación, los calendarios y los perfiles de los beneficiarios.

De igual forma, propuso que la calendarización de estas comparecencias sea acordada por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIyCP) en un plazo que no exceda del último día de este mes de febrero

Para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el actual proceso electoral, la diputada Mónica Borrego Estrada presentó un punto de acuerdo que parte de las exigencias sociales y de los acuerdos de las propias autoridades electorales tanto a nivel nacional como estatal.

De esta forma, se propone llamar a los partidos políticos “que participan en el proceso electoral 2020-2021 para que garanticen el registro de ciudadanas y ciudadanos con discapacidad, como candidatas y candidatos, a los diversos cargos públicos sujetos a elección popular que se renovarán en la jornada electoral del próximo 6 de junio del presente 2021”.

La legisladora señaló que al promover esta iniciativa da voz también a la ciudadanía que no ha sido realmente escuchada y, en ese sentido, destacó que responde a una solicitud de la asociación civil “Sin Discriminación Un Mundo Mejor” que busca visibilizar la falta de empatía y de compromiso que hasta el momento han demostrado los institutos políticos al no tener espacios reservados para personas con discapacidad, como una acción afirmativa a favor de este sector.

Debido a que la pandemia ha restringido todavía más los pocos espacios que en las ciudades estaban ya destinados a los más pequeños, el diputado Javier Calzada Vázquez propuso exentar a las niñas y niños del pago de las entradas a los principales atractivos turísticos.

El legislador sentenció que las ciudades no son aptas para la infancia. Los parques, las plazas, canchas y calles que antes se ocupaban para jugar y convivir, ahora privilegian a los automovilistas, ciclistas y comerciantes o son demasiado inseguras. Por ello, sólo quedó la escuela y la casa como lugares destinados a los niños pero la pandemia también cerró la puerta de las instituciones educativas.

Ante esta situación el diputado propuso, como una forma de ampliar las opciones de esparcimiento de los menores y facilitar su ingreso, que se determine la entrada gratuita de todos los menores de 16 años a los atractivos turísticos de la capital y sus alrededores como la Mina del Edén, el Teleférico y la Cámara Oscura, y también en los museos, zonas arqueológicas y otros  sitios similares en el resto del estado.

En menos de dos meses este 2021 ya se han registrado al menos siete suicidios, entre ellos el de un menor de tan sólo 12 años pero también los de tres jóvenes de 23, 24 y 27 años; mientras que en 2020 fueron 93 los casos reportados por las autoridades.

El diputado Raúl Ulloa Guzmán calificó estas cifras como alarmantes y destacó que, como lo señala la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es prevenible y debe trabajarse para lograr abatir este fenómeno.

Propuso una iniciativa para crear la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Zacatecas que busca establecer la obligación de las autoridades de impulsar políticas de prevención que abarquen desde la atención a la salud mental y el combate al consumo de drogas y alcohol hasta la responsabilidad en el manejo de información de los medios de comunicación y el acceso de niños y jóvenes a internet.

El diputado Pedro Martínez Flores presentó una iniciativa de reforma para incluir como una forma de maltrato o crueldad animal las intervenciones quirúrgicas que se realizan por motivos estéticos.

Planteó agregar una fracción 11 al artículo 61 de la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado, con la finalidad de que se incorporen dentro del catálogo de actos de crueldad cometidos en contra de los animales estas prácticas entre las que se enumeran el corte de la cola, de las orejas, la sección de las cuerdas vocales y la extirpación de uñas y dientes.

Consideró que esta modificación es necesaria porque, aunque esta ley busca proteger a los animales tanto domésticos como silvestres, mantiene hasta ahora la excepción de permitir este tipo de operaciones que constituyen “una aberración jurídica pues son actos de crueldad y maltrato animal susceptibles de ser sancionados”.

El mismo Pedro Martínez Flores propuso este martes reformar el Código Penal del estado para sancionar como responsable de un delito a quien, teniendo el deber de cuidar de un menor o un adulto mayor, «lo desampare y deje en total exposición sin justificación alguna, en situación de calle o abandono en cuanto apoyo económico»

El legislador sostuvo que ya en la legislación civil se contempla que la familia de los adultos mayores debe cumplir con su obligación de darles alimento y un techo permanente.

No obstante, tras señalar que el abandono de menores y adultos mayores es uno de los principales problemas sociales, además de que va en incremento, consideró que es necesario establecer en el código penal las sanciones correspondientes que serán de tres meses a un año de prisión y de una multa de una a cinco cuotas. Asimismo, en la propuesta se establece que los responsables perderán los derechos que tengan sobre la persona o bienes del menor.

El diputado Javier Calzada Vázquez propuso reformar la Constitución Política del estado para que la Legislatura tenga la facultad de autorizar las tarifas de los organismos operadores de los sistemas de agua potable de la entidad; destacó que estos organismos no dependen del presupuesto público, pese a que el servicio básico del agua potable y el alcantarillado es una responsabilidad de los ayuntamientos.

Cada uno debe trabajar con recursos propios que provienen del pago de los usuarios, además de que la legislación local les da la facultad exclusiva de fijar sus tarifas sin la intervención de ninguna otra autoridad o poder.

De ahí, sostuvo el diputado en su propuesta, “la importancia de que sea la Legislatura, como organismo que detenta la máxima representación social de la entidad, y tiene facultades explícitas al respecto, quien autorice las tarifas que los organismos operadores de los sistemas de agua potable deban cobrar por el consumo de agua, uso de sistemas de drenaje y beneficios del tratamiento de aguas residuales”.

Finalmente, la diputada Mónica Leticia Flores Mendoza propuso una serie de reformas y adiciones a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado para fomentar la participación de mujeres y niñas en este ámbito. Entre los objetivos de las modificaciones está el de identificar las barreras de género que impiden el acceso en igualdad a esta área del conocimiento. 

Se propone el establecimiento de un Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación que promueva la participación de los distintos grupos sociales y sectores de la entidad, con énfasis en las mujeres y las niñas, contemplando estímulos para ellas cuando busquen dedicarse a estas actividades.