Ejidatarios de San Tiburcio del municipio de Mazapil, exhortaron a Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas, y a la mina Camino Rojo de Goldcorp a dialogar entre autoridades estatales, corporativos de la mina y ejidatarios del municipio, para alcanzar una negociación justa para los campesinos.

 

En conferencia de prensa, Felipe Pinedo Hernández, miembro de la dirigencia del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), informó que no hay diálogo con la mina canadiense y se hace responsable a la compañía Goldcorp por negarse a solucionar el conflicto minero.

 

Acompañado por integrantes de la comisión negociadora del ejido afirmó que la mina canadiense “Ni nos oye, ni nos ve, en donde se puedan resolver las peticiones de los ejidatarios”, y recordó que existen una serie de compromisos por parte de la minera que no han sido cumplidos.

 

“El 2 de febrero de 2013, se firmó un contrato de ocupación de mil 700 hectáreas y al final quedo en dos mil 500 hectáreas”, aludió el también dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

 

Pinedo Hernández declaró que la petición de los campesinos del semidesierto es el pago de 15 millones de pesos por conceptos distintos a la tierra; llamó al gobierno del estado a que “coadyuve” para que exista un diálogo directo entre los campesinos y Goldcorp.

 

Jesús Guadalupe Torres Pérez ejidatario de San Tiburcio, recordó que el 24 de enero de este  año, trabajadores de la mina Camino Rojo propiedad de la compañía canadiense Goldcorp, realizaron un paro pacifico con la intención de efectuar un “diálogo entre la mina y ejidatarios”.

 

Expuso que los Bienes Distintos a la Tierra fueron evaluados por la compañía minera a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). Pero con la evaluación de la tierra y que le corresponde netamente al ejido, nos evaluaron a una cierta cantidad y el ejido no estuvo de acuerdo, luego de realizar una asamblea (sic).

 

“En la asamblea se acordaría cuanto le íbamos a cobrar a la mina, y estamos hablando netamente de una presa y un cerco perimetral del ejido”, expuso Guadalupe Torres.

 

El también primer regidor del municipio de Mazapil dijo que tras una asamblea ejidal se acordó que la mina pagara 15 millones de pesos y no los 2 millones 900, que ofrecían corporativos de Goldcorp, por el uso de los bienes distintos a la tierra.

 

En este orden de ideas, Torres Pérez detallo que se le entregó un documento de las autoridades ejidales a la compañía minera “y Goldcorp reinicio laborales, sin importarles que tenían un escrito”.

 

Los casos de las “demandas personalizadas y el desalojo violento por parte de la policía municipal y estatal del estado”, y al momento no se tiene respuesta del gobierno del estado.