De acuerdo al reporte de las estadísticas del “Trabajo en Casa”, del 11 al 15 de mayo, los ciudadanos presentaron 141 solicitudes de acceso a la información a instituciones públicas de Zacatecas, tres de fueron en materia de datos personales.

El IZAI informó que con esas solicitudes son ya dos mil 826 requerimientos en el 2020, y las instituciones a las que más se pide información son la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) con 276, el IZAI con 122, el Tribunal Superior de Justicia con 115, los Servicios de Salud con 110 y la Secretaria General de Gobierno con 90.

Esta semana se tuvieron en Zacatecas 36 millones, 543 mil 574 registros cargados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y se llevó a cabo la verificación de tres instituciones públicas, eso en cuanto a la información que por ley deben publicar los sujetos obligados.

En el mismo periodo, se realizaron cinco jornadas de capacitación como parte de la Coordinación de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia.

En estos talleres virtuales, fueron capacitados 159 servidores públicos de los organismos garantes de Nuevo León, Jalisco, Yucatán, Tabasco y Sinaloa, acerca del funcionamiento del Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados, que forma parte de la Plataforma Nacional de Transparencia.

la semana que iniciar se tendrán jornadas en coordinación con el INAI, para Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Se capacitó a estudiantes sobre la consulta de información pública a través de la PNT, y se brindaron 24 asesorías técnicas a personas que se dirigieron al organismo garante mediante las redes sociales institucionales y el chat en línea en www.izai.org.mx

Por otra parte, en continuidad al proyecto de Contrataciones Abiertas, próximo a implementarse en el IZAI como prueba piloto en Zacatecas, para posteriormente incluir en este sistema a otras autoridades en el estado y poner a disposición de los ciudadanos información en tiempo real y datos abiertos sobre los procesos de compra, adquisición y contratación que lleven a cabo las instituciones públicas que lo implementen.