En un esfuerzo por garantizar el derecho a la salud, el Congreso aprobó un decreto que establece sanciones severas contra actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares. La legislación también abarca la prohibición de producir, distribuir o comercializar sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, como el fentanilo, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios y combatir el narcotráfico.

El decreto obliga al Congreso de la Unión a adecuar el marco jurídico en un plazo de 180 días, mientras que las legislaturas estatales deberán hacer lo propio en un máximo de 365 días. Además, se especifica que los ajustes presupuestales necesarios serán cubiertos con los recursos existentes, sin aprobar fondos adicionales. Este enfoque busca optimizar los recursos públicos sin comprometer el alcance de las reformas.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, el uso de cigarrillos electrónicos alcanzó el 2.6% entre adolescentes y el 1.5% en adultos, cifras que alarmaron a los legisladores. Por su parte, la Cofepris informó que, en 2022, cinco millones de personas habían probado vapeadores, de las cuales cerca de un millón los usaba regularmente. Estas cifras evidencian la urgencia de regular este mercado.

La iniciativa también refuerza la lucha contra las drogas sintéticas, como el fentanilo, cuyo consumo y tráfico han incrementado en los últimos años. El dictamen fue impulsado por la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXV Legislatura, derivado de propuestas del Ejecutivo Federal y legisladores. El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, destacó que estas medidas son un paso decisivo para proteger la salud pública y combatir los riesgos asociados a estas sustancias.