El gobierno del Estado de Zacatecas, y el gobierno Federal, se niegan a escuchar la voz de las comunidades que vivimos en las inmediaciones del Río Atenco y que desde hace ocho años se han negado rotundamente en aceptar el proyecto “Presa Milpillas”.
En un comunicado de REMA se indica que a toda costa «pretenden imponer el proyecto incluyendolo dentro del Plan Nacional Hídrico 2024-2030».
Se agrega que esa presa afectaría gravemente a 19 comunidades de la cuenca del Río Atenco, y «corremos el riesgo de ser desplazados forzados, violando nuestros derechos fundamentales».
Ademas añaden que hace unos días la titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) del gobierno de Zacatecas, Susana Rodríguez, en declaraciones a la prensa local, aseguró que “ya se encuentran visitando comunidades para buscar el consenso de los pobladores”, y que “mantienen mesas de negociación con los dueños de los terrenos que abarca la obra de la presa Milpillas…”
Dijo, “estamos trabajando de manera muy respetuosa y estamos teniendo buenos resultados”. Nada más falso, lo que realizan son estrategias de coacción, donde diversas instancias de gobierno se han acercado desde el mes de diciembre con despensas y tratando de hacer posadas, diciendo que eso nada tenía que ver con el proyecto de la presa.
Se indica en el comunicado que mienten una y otra vez con las mismas trampas y manipulaciones que realizaron hace ocho años.
Sólo en Estancia de Guadalupe unas cuantas personas, por amabilidad los atendieron, sin lograr un número representativo de la comunidad.
Las comunidades de Jiménez del Teul, Potrero, Atotonilco, Estancia de Guadalupe y Corrales, todos miembros del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco e integrantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
«Los hemos enfrentado, y les hemos exigido que se vayan, que no queremos ese proyecto, que lo único que queremos es que respeten el derecho que tenemos como pueblos a decir NO, y a decidir cómo queremos vivir en nuestras comunidades. Es totalmente falsa la declaración que hay mesas de negociación y mucho menos que estén teniendo buenos resultado».
Desde aquí -añaden- le decimos a la titular de la SAMA y al Gobierno Federal que NO queremos su proyecto de muerte, que no alimentaremos con el agua de las comunidades a la cervecera, refresqueras y mineras, que no queremos sus despensas ni sus dádivas, y que no estamos dispuestos a negociar nuestra agua, nuestra tierra y nuestra vida.
«Lo que sí le exigimos es que se investigue a profundidad ese proyecto que a todas luces resulta inviable y que desde un principio estuvo plagado de corrupción y malversación de fondos. Que demuestren en qué se han gastado millones de pesos que salieron del erario público, que se dé seguimiento hasta el final a las denuncias que hemos interpuesto tanto en el MP como en las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos».
Ademas, también denunciamos que esta nueva administración federal pretenda revivir, dentro de sus planes hídricos, y energéticos, distintos proyectos de represas promovidos en sexenios anteriores como es el caso de la presa Milpillas, de la presa Las Cruces en Nayarit o de la hidroeléctrica El Naranjal en Veracruz. Todos estos proyectos han provocado graves conflictos y procesos de despojo que ahora se vuelven de nuevo latentes.