Con el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), el Gobierno de México, en coordinación con las comunidades escolares, hizo acciones de mejoramiento, rehabilitación y reconstrucción en mil 500 planteles educativos de nivel básico de Zacatecas.

Así, se contribuye a mejorar las condiciones de bienestar de los estudiantes, y garantiza que los recursos lleguen de manera directa a los planteles educativos que requieren ser atendidos, subrayó la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles. 

La representante del Gobierno de México en Zacatecas informó que en lo que va de este año se han invertido 259 millones 100 mil pesos para realizar acciones de mejoramiento en las instituciones educativas de las comunidades y municipios de la entidad, con lo que se benefician de manera directa alrededor de 60 mil niñas y niños, quienes, en su regreso a clases presenciales, encontraron sus escuelas en mejores condiciones. 

Entre las acciones destacan la reconstrucción de aulas y espacios; la rehabilitación de servicios básicos sanitarios, especialmente redes de drenaje y agua potable; construcción de baños, salones y bardas perimetrales, así como el equipamiento y la adquisición de mobiliario y tecnologías de la información.

Resaltó que este programa propicia la participación de las comunidades escolares en la toma de decisiones, eso deriva en una mejor administración de los recursos y en la ejecución de acciones que realmente contribuyen a la rehabilitación y mejoramiento de los planteles escolares. 

Explicó que son los comités escolares de Administración Participativa, conformados por padres de familia, alumnos y maestros, los que se encargan de administrar los recursos económicos que les deposita directamente el Gobierno de México para las obras que previamente determinó realizar la asamblea escolar. Ellos, contratan material y mano de obra local, lo que impulsa, además, la economía de sus comunidades.  

Díaz Robles enfatizó que con la participación directa de los padres de familia y docentes se ha eliminado el exceso de trámites burocráticos y se contribuye a la disminución de la corrupción, el dispendio, el clientelismo y la discrecionalidad en el manejo del presupuesto destinado a la infraestructura educativa, propiciando el uso honesto de los recursos.  

Pero lo fundamental, dijo, es fomentar el trabajo colectivo y se promueve la participación social en la toma de decisiones, de tal manera que el trabajo y esfuerzo conjuntos de la sociedad y el gobierno permitirán atender las necesidades reales de las comunidades escolares para contar con espacios dignos en la educación de niños y jóvenes.