La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) requiere de un nuevo protocolo para atender los casos de violencia sexual, que se construya desde cero, y se consideren, las aportaciones de las mesas de trabajo de octubre de 2024, señalaron organizaciones feministas.

En un comunicado informaron que a través de un pronunciamiento conjunto la “Red de Investigación de Feminismos y Desarrollo”, y el “Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria Contra el Acoso y Hostigamiento Sexual”, pidieron continuar con las mesas de trabajo del Comité Redactor, encargado de elaborar un marco legal que proteja a las mujeres universitarias.

El llamado se da tras una serie de declaraciones de Ángel Román, secretario general de la UAZ, sobre la posibilidad de que en las próximas semanas se entregue una primera versión del “Protocolo de actuación para la prevención, atención y sanción de la violencia sexual en la UAZ”.

En el documento se señala que un compromiso de las mesas del 26 de octubre de 2024 fue la que en dicho comité debía participar el personal administrativo, y el H. Tribunal Universitario, así como el abogado General de la UAZ, así como las organizaciones que participaron ese día.

“Dichos trabajos comenzaron el 5 de noviembre de 2024 y que aún no concluyen”, detalla el documento difundido tanto a la comunidad universitaria como a la opinión pública.

Entre las preocupaciones se encuentra la ampliación del catálogo de acciones consideradas como violencia sexual, que incluya desde el acoso hasta los que son considerados delitos, y que el se incluya el reconocimiento de las víctimas existentes hasta la fecha.

“Reiteramos nuestra disposición para continuar colaborando en la construcción de un Protocolo integral, inclusivo, con perspectiva de infancias, de género y con enfoque de derechos humanos, que responda a las necesidades de la comunidad universitaria y garantice un entorno libre de violencia sexual. Creemos firmemente en el diálogo, la transparencia y la participación de todos los sectores como pilares fundamentales para fortalecer este proceso”, añade el documento.

Por eso hicieron “un llamado a las autoridades universitarias, a la comunidad, y a todos los actores involucrados a mantener un compromiso conjunto, con el objetivo de consolidar un instrumento efectivo que proteja los derechos de todas y todos, y que siente un precedente en la lucha por una universidad segura, equitativa, y justa”.

Recordaron que desde hace años persiste la necesidad de que se implemente este instrumento jurídico dentro de la UAZ, con atribuciones que permitan acciones vinculatorias en favor de las mujeres universitarias.

Además se pide que previo a la realización de las elecciones de autoridades universitarias, se aplique el acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral el pasado 16 de enero de 2024, mediante el que no se permita participar a quienes hayan incurrido en violencia familiar, sexual o ser deudor de alimentos; es decir, la llamada Ley tres de tres contra la violencia de género.