Luego de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en que se validó la elección presidencial 2012, Gerardo Espinoza Solís, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que “en base en una sentencia injusta, violatoria del Estado de Derecho se agravia a la mayoría de la sociedad mexicana, toda vez que la elección no se apegó a los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, libertad, objetividad y certeza”.

Aceptarlo -dijo- significaría dar carta de naturalización a las prácticas ilegales que tantos observamos, sería renunciar a la posibilidad y necesidad de dejar de ser la democracia más desacreditada de América Latina, pues esta resolución profundiza la crisis de gobernabilidad democrática que vive el país y debilita el papel de las instituciones del Estado mexicano frente al desbordamiento de los poderes fácticos.

Señaló que los  magistrados y la magistrada del Tribunal estuvieron lejos de actuar con imaginación jurídica para aplicar la constitución y las leyes vigentes y no tuvieron el mínimo discernimiento necesario para contribuir con su resolución a prestigiar a las instituciones democráticas, esto al referir que el TEPJF, “demostró que no tiene el nivel ni la consistencia de un tribunal constitucional, no estuvo a la altura de su responsabilidad histórica, nadie con honestidad podrá afirmar que su decisión vino a fortalecer el Estado de Derecho o a reducir la impunidad que carcome los cimientos de la nación”.

En conferencia de prensa, acompañado por secretarios del Cee, Espinoza Solís indicó que los defensores de la sentencia, adujeron que no existieron pruebas suficientes para demostrar las operaciones fraudulentas, el rebase del tope de gastos de campaña o la inequidad, “pero más que juzgar la elección juzgaron el recurso; para ellos no hubo un sólo acto irregular en la elección, sin embargo la mitad de las y los ciudadanos cree lo contrario”.

Sostuvo que el dilema para la izquierda está resuelto, en tanto se defenderá  en todos los frentes de lucha, con lealtad y eficacia, el mandato de los casi 16 millones de votantes que confiaron en Andrés Manuel López Obrador y en el cambio verdadero, “la izquierda seguirá siendo la principal impulsora del Estado de Derecho, en el PRD seguiremos respetando la ley y  al mismo tiempo, lucharemos contra las muestras cada vez más evidentes de regreso al autoritarismo, sí, tomamos partido, por la ley, la justicia, la democracia y la verdad”.

El líder perredista, sostuvo que la propaganda oficial que respalda dicha resolución,  se pretenderá colocar a quienes apoyan al Movimiento Progresista, “ante el dilema de: acatas la decisión del Tribunal o te rebelas contra el orden legal, esto representa un falso  dilema tramposo, pues el PRD siempre ha actuado de acuerdo con la ley y lo seguiremos haciendo”.

Asimismo explicó que en esta pasada elección federal, las fuerzas progresista y concretamente el PRD, reprueba que de manera reiterada “otros violen la ley, incluido ahora el Tribunal, sin que ello tenga consecuencias, lo que denunciamos es el arreglo político que permite la impunidad y corrompe a la democracia al plegarse las instituciones a las decisiones de los poderes fácticos”.

En ese tenor Gerardo Espinoza aseguró que se transita actualmente  un momento delicado para la vida de la nación, donde la violencia se ha extendido, el crecimiento económico está por debajo del potencial,  y en que persiste el desempleo para los jóvenes y se acrecientan la pobreza y el descontento social, “la decisión política más urgente es fortalecer y legitimar al Estado y sus instituciones y en esta urgencia el Tribunal no ayudó a ese propósito”.

En lo que  fue la declaración política del Sol Azteca en la entidad, Espinoza Solís señaló que ante estos hechos, el PRD se mantendrá vigilante en tanto se opondrá con  determinación a cualquier intento de utilizar los instrumentos del poder y de la ley para atentar contra la libertad de opinión, manifestación y oposición y evitar así que desde el poder se impulsen contrarreformas a la constitución.

En tanto adelantó que en  Zacatecas queda pendiente aun la resolución de diversas quejas presentadas ante el Instituto Federal Electoral (IFE), con motivo de la intromisión de funcionarios estatales en la elección del pasado primero de julio, como lo son: el Gobernador del Estado; el Contralor del Gobierno del estado; el Director de los Servicios de Salud de Zacatecas; el Procurador General de Justicia; el Director del DIF; el Director del ISSSTEZAC; el Director del COPROVI; el Secretario de Seguridad Publica; el Director del INZACE; el Coordinador de los Servicios Penitenciarios; el Secretario de Planeación y Desarrollo Regional.

Entre otros mencionó al Oficial Mayor del Gobierno del Estado; el secretario de Desarrollo Agropecuario que  de igual forma se encuentran todavía en investigación e integración de las averiguaciones previas correspondientes ante la FEPADE de la PGR, “diversas denuncias presentadas en contra de la mayoría de dichos funcionarios por la comisión de conductas probablemente constitutivas de delitos Electorales Federales en nuestra entidad”.

Finalmente, anunció que la Comisión Política Nacional y el Secretariado Nacional perredista, han convocado a una reunión cumbre el próximo miércoles 5 de septiembre en la Ciudad de México a la cual asistirán gobernadores, dirección nacional de nuestro partido y representantes de los grupos parlamentarios del PRD, esto con el propósito es diseñar una propuesta de plan de acción que en unidad con las izquierdas restablezca la legalidad en nuestro país.

Esto al tiempo que convocó a militantes, simpatizantes y seguidores de López Obrador para que el próximo 9 de septiembre,  “participen  en la Asamblea Nacional que se celebrará en la Ciudad  de México donde se tomaran las directrices de nuestro movimiento en defensa de nuestra patria”.