Las recientes resoluciones adoptadas por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de la comunidad gay de nuestro país, no podrán estar completas si el Estado mexicano y sus instituciones les niegan a las parejas de los trabajadores homosexuales y a sus descendientes todos los derechos relativos a la seguridad social, tales como la atención médica, el beneficio de la pensión al término de su vida laboral y otras prestaciones derivadas de la misma, como el servicio de guardería.

Actualmente, las personas con preferencias sexuales diferentes a las tradicionalmente aceptadas, son contribuyentes que al igual que cualquier persona declarada heterosexual pagan impuestos y se les descuenta cada quincena sus aportaciones a los institutos de seguridad social y de vivienda establecidos en nuestro país.

Por ello nos extraña la preocupación del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, respecto a la carga financiera que representaría otorgarle a las parejas de trabajadores homosexuales registrados los servicios relacionados que presta el IMSS, que según cálculos del funcionario ascenderían anualmente a 250 millones de pesos.

No obstante, dicho tema deberá ser parte preponderante dentro de la discusión del presupuesto para el siguiente año que en breve comenzarán los miembros del Congreso de la Unión, garantizando la inclusión de la partida presupuestaria correspondiente, a fin de que todos y cada uno de los matrimonios de este tipo, así como sus hijos, tengan acceso pleno a los servicios relativos. De no cumplirse dichas medidas, estaremos ante flagrantes actos de discriminación desde las más altas instancias de gobierno de este país.

A T E N T A M E N T E

Hortensia Aragón Castillo

Secretaria General

Partido de la Revolución Democrática