Por David Monreal Ávila

El modelo económico, político y social contra el que la sociedad mexicana se pronunció en 2018, tiene como fundamento el lucro a toda costa; esto significa, a costa de la propia dignidad humana, del bienestar, de la seguridad y de la vida. Lo fenómenos de violencia no están separados de este modelo, son parte estructural del mismo. La colusión entre el crimen de cuello blanco y el crimen organizado con las autoridades determinó la confusión entre el poder político y el económico. Si pudiéramos determinar un objetivo general en materia económica para Zacatecas, sería precisamente el de colocar el bienestar al centro de la política económica y social, y sanear el vínculo con los agentes económicos.

Asimismo, es importante reconocer que las finanzas del estado se encuentran en una situación preocupante, por lo que será necesaria una reestructuración de la administración pública que elimine gastos suntuosos, lujos y privilegios en las oficinas de gobierno; así como para eliminar la duplicidad de funciones y mejorar la eficiencia del despacho de los asuntos público.

Otra decisión fundamental será la de no contraer más deuda pública. Hacer más con menos es el reto de la austeridad republicana, y para lograrlo no hay otra vía que el trabajo coordinado interinstitucional y la alianza con la ciudadanía para diseñar políticas públicas y darles seguimiento, evaluarlas y modificarlas de forma regular para lograr la consecución de sus objetivos específicos.

No podemos olvidar los retos que se han originado a través de la pandemia de COVID-19, que si bien en materia de recuperación de empleo se han podido solventar, persisten en cuanto a la productividad de hora trabajada, incapacidad de la población económicamente activa para adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral.

Pobreza y desigualdad son dos fenómenos de atención prioritaria. Uno de los compromisos que hice con la sociedad zacatecana durante la campaña, fue brindar atención a las comunidades más apartadas, pues son las zonas rurales donde se concentran las mayores carencias y por tanto donde debe focalizarse la actuación del Estado. Para tal propósito, se crearán acuerdos con la federación y los municipios.

Tomando en cuenta que la política fiscal es el medio idóneo para equilibrar las desigualdades económicas, deberemos insistir en la formulación de un nuevo pacto fiscal que fortalezca los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad de las contribuciones, que permita el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y erradique los privilegios para los gigantes empresariales, nacionales y extranjeros.

Por su parte, la minería, el campo, la industria y los servicio deberán experimentar cambios en sus dinámicas productivas para avanzar en la consecución de los objetivos de sustentabilidad, logrando un mejor equilibrio entre el cuidado del medio ambiente, la justicia laboral y el crecimiento económico. Para garantizar que las leyes sean verdaderamente aplicadas, las instituciones encargadas de las labores de inspección, en cada caso, deberán tener una mayor participación en la salvaguarda de los derechos de la sociedad. Aunque no es una labor sencilla, como lo dice el lema de nuestro estado, confiamos en que el trabajo todo lo vence.