La Auditoría Superior del Estado (ASE) revisará el uso de los recursos que el gobierno estatal ha destinado a atender la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, y lo hará por instrucciones de la LXIII Legislatura.

En la sesión ordinaria de este martes, los diputados acordaron solicitarle un informe sobre “los recursos económicos, humanos y materiales ejercidos y por ejercer para atender la pandemia en el estado, y de la ejecución del presupuesto a la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas en el ejercicio, de manera particular compras y adquisiciones.

El diputado Omar Carrera Pérez propuso la iniciativa, considerada urgente por el Pleno y avalada por unanimidad de la Asamblea; en la exposición de motivos destacó que para el año 2020 se asignaron más de tres mil millones de pesos al sector salud, pero los reportes, en particular de la Dirección Administrativa de Salud, dan un gasto acumulado por adquisiciones para atender la contingencia superior a 63.6 millones de pesos.

Indicó que también se ha informado desde el gobierno estatal de la contratación, desde el 23 de marzo hasta el 9 de septiembre, de 348 personas para cubrir las incidencias que se han ido generando por el Covid-19. 70 de ellas se incorporaron en el área administrativa, 196 a enfermería, 44 fueron médicos y 38 paramédicos.

Carrera Pérez dijo hay quejas ciudadanas por la falta de insumos médicos y personal suficiente para atender adecuadamente a los pacientes contagiados; añadió que entre sus funciones, la Legislatura tiene las de fiscalización y vigilancia.

El pleno aprobó por unanimidad la iniciativa, e instruyen a la ASE a revisar esas partidas presupuestales y recursos extraordinarios destinados a la emergencia sanitaria.

En el informe de la auditoría se deberá incluir de manera precisa “el desglose de los gastos e inversiones previas al inicio de la pandemia y los movimientos que actualmente se llevan a cabo, al igual que los detalles sobre la contratación de personal médico, administrativo y de servicios generales, antes y durante la pandemia”.

En otro punto, y porla preocupación de los productores agrícolas del estado, los diputados llamaron al gobernador, Alejandro Tello Cristerna, a informar si todavía la intención de vender el inmueble que alberga la planta beneficiadora de frijol en Calera.

Mediante un punto de acuerdo que fue propuesto por los diputados Jesús Padilla Estrada, Armando Perales Gándara y Francisco Javier Calzada Vázquez, la Legislatura hizo el exhorto, considerado por la mayoría como un asunto de urgente y obvia resolución.

Este apoyo es todavía más importante, refirieron los legisladores promoventes, cuando se tiene en cuenta que Zacatecas es el principal productor de frijol del país y que existe una deuda histórica con el campo y con sus habitantes.

Esta iniciativa a través de la que se realiza el exhorto al mandatario estatal fue aprobada por mayoría, con 13 votos a favor y 10 en contra.

Cada 15 días en Zacatecas mueren entre tres y cuatro mujeres por cáncer de mama. A nivel nacional, todos los años hay cinco mil 600 fallecimientos por esta enfermedad, que es ya la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años.

La diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado dio estos datos, y precisó que el 70 por ciento de las muertes se registran en pacientes a quienes se les diagnostica la enfermedad en etapas muy avanzadas.

Este último porcentaje pone de manifiesto la necesidad de implementar políticas públicas y campañas de prevención en favor de la detección oportuna del cáncer de mama.

El próximo 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama y por ello la legisladora propuso un punto de acuerdo con el objetivo de sensibilizar a las mujeres sobre la importancia de detectar oportunamente la enfermedad para salvar vidas.

Reconoció que estas campañas informativas se llevan a cabo todos los meses de octubre por la conmemoración de esa fecha, destacó que el exhorto busca que se realicen de manera permanente y específicamente llama a las autoridades a lograr que estos materiales lleguen a los 58 municipios.

Agregó que debe pensarse en formatos de difusión y estrategias que permitan que la información alcance a las mujeres de todo el territorio estatal “con independencia de si se tiene acceso a los medios de comunicación o medios digitales, es decir que se continúen haciendo esfuerzos para que de manera personal y colectiva se procure alcanzar el mayor porcentaje de mujeres en el estado”.

A través de la iniciativa exhortó a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a que iluminen de rosa los edificios públicos y monumentos durante el mes de octubre para visibilizar el tema y conmemorar el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

En la discusión en lo general de la iniciativa, que fue aprobada por unanimidad, habló a favor la diputada Carolina Dávila Ramírez, quien destacó la necesidad de que las campañas de prevención y de sensibilización partan de la detección oportuna del cáncer de mama y sean permanentes y no sólo en octubre.

También intervino la diputada Karla Valdez Espinoza y sostuvo que lo más importante al hablar del cáncer de mama es la autoexploración como un mecanismo preventivo que puede evitar que la enfermedad sea diagnosticada en etapas avanzadas.

INICIATIVAS

La instauración de los juicios en línea y del boletín electrónico son dos de los elementos principales que se incluyen en la iniciativa de Ley de Justicia Administrativa que fue leída en la sesión ordinaria de este martes.

La propuesta fue enviada al Poder Legislativo por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del estado conformado por el magistrado presidente Uriel Márquez Cristerna, la magistrada Raquel Velasco Macías y el magistrado Gabriel Sandoval Lara.

Con el documento, los integrantes del tribunal buscan la modernización del marco normativo para lograr una justicia pronta y eficaz.

Uno de los aspectos centrales es el uso de las tecnologías para implementar, por un lado, los juicios en línea y, por el otro, las notificaciones electrónicas a través del llamado boletín electrónico.

«El juicio en línea y el boletín electrónico, facilitarán cumplir con la obligación de impartir una justicia pronta y expedita, dado que los avances tecnológicos, permiten que el uso de las computadoras sea cada día más común entre la población, volviéndose una necesidad el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación, no solo en la vida cotidiana, sino en todos los ámbitos y en especial, en el jurisdiccional», se concluye en la iniciativa. 

Fue leída la iniciativa de reformas a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas que el domingo pasado entregó a las diputadas y diputados el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad Arturo Nahle García, durante su informe de actividades.

En el texto se destaca que la legislación actual en la materia data del año 2008, por lo que su actualización es imperante debido a que desde entonces se han aprobado en el país nuevos instrumentos legales que han transformado el sistema penal acusatorio y los mecanismos alternativos de solución.

Entre los ordenamientos a los que se tiene que armonizar la ley estatal están el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Las diputadas Gabriela Pinedo Morales y Susana Rodríguez Márquez propusieron una Ley para el Control de la Contaminación Derivada del Uso de Productos Desechables en Zacatecas que, entre otros elementos, contempla la prohibición en toda la entidad, del uso de productos como bolsas de plástico y utensilios de unicel. 

Como integrantes de la Comisión legislativa de Agua, Ecología, Medio Ambiente y Cambio Climático destacaron el daño que provocan en el entorno estos productos. Ejemplificaron la gravedad de la situación recordando que las bolsas de plástico tardan hasta 400 años en desintegrarse y sólo el 1 por ciento de ellas son recicladas.

Precisamente, en cuanto al reciclaje, en la iniciativa de ley destacaron que se incluye un capítulo orientado a la instalación y operación de centros de acopio y reciclaje, así como los mecanismos de coordinación entre municipios y la Secretaría de Agua y Medio Ambiente para su puesta en marcha.

Asimismo, se norma la prohibición en restaurantes y lugares de venta de alimentos, del uso de vajilla o contenedores desechables, salvo si son biodegradables, entre otras restricciones. 

Además, también se propone un apartado para las sanciones «que consistirán en amonestación, multas, clausura temporal y definitiva según corresponda la infracción».

Para incentivar la cultura empresarial sobre todo entre los jóvenes en el estado, la diputada Emma Lisset López Murillo propuso ante el Pleno la iniciativa de Ley de Fomento a los Jóvenes Emprendedores de Zacatecas. 

El énfasis del planteamiento, resaltó, está en la creación de empresas, la generación de fuentes de trabajo y la competitividad a través de estímulos para jóvenes emprendedores, de forma que puedan tener las capacidades e instrumentos necesarios para ser agentes que incidan en el desarrollo económico de la entidad

Algunos de los aspectos que se incluyen en la iniciativa son los apoyos directos para proyectos de jóvenes y la incorporación en el ámbito educativo de formación teórica y práctica en materia de emprendedurismo.

La diputada destacó que, dentro de este último elemento, se potencia la educación en «lo más avanzado de la ciencia y de la técnica para que el emprendedor esté en condiciones de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia y de igual manera, debe también ejercer como emprendedor en su puesto de trabajo».

Con el objetivo de establecer desde la constitución el derecho y la obligación de los padres de familia de elegir el tipo de educación para sus hijos, el diputado José Guadalupe Correa Valdés presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Zacatecas durante la sesión ordinaria de este martes. 

El legislador destacó que en la norma actualmente se determina que los padres o tutores son los primeros responsables de la educación de los menores y, por ello, se espera que inculquen a las niñas y niños los principios e ideales más convenientes para su formación y sano desarrollo. 

Esta obligación, agregó, supone que se genera un derecho: el de elegir la mejor educación para los menores. 

No obstante, hizo una precisión al referir que este «derecho-obligación no se limita a que asistan a la escuela, sino que implica en primer término su participación activa en la formación del menor». 

La modificación propuesta por Correa Valdés es la de agregar un párrafo al artículo 27 para establecer que «los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de Educación que habrá de darse a sus hijos».

El derecho a la salud no puede garantizarse si el estado no cumple con su obligación de materializar el derecho a una alimentación saludable de la población. Con esta sentencia, la diputada Mónica Borrego Estrada justificó la importancia de incluir el concepto de alimentación saludable en la legislación y en concreto en la Ley de Salud del estado.

Para ello propuso reformar los artículos 25 y 72 de esta norma con el objetivo, primero, de incorporar el concepto de alimentación de calidad.

En segundo lugar, con la finalidad de establecer la obligación de las autoridades, no sólo de orientar y vigilar en materia de nutrición, sino además de implementar acciones educativas de orientación nutrimental y poner en marcha programas de apoyo alimentario en beneficio de niñas y niños de escuelas de comunidades de alta marginación social.

Como un tercer cambio se busca incluir en la ley los conceptos de programas educativos y alimentación de calidad para niños y niñas, así como el de vigilancia y asesoría para que las cooperativas escolares se expidan alimentos saludables.

La legisladora consideró que desde hace años el Estado mexicano en sus distintos niveles de gobierno ha abandonado esta responsabilidad y recalcó que es momento de retomarla con estos cambios en el marco normativo.

Los diputados Héctor Menchaca Medrano, Jesús Padilla Estrada y Gabriela Pinedo Morales propusieron una reforma a los artículos 38 y 45 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado en materia de salud mental de los menores de edad.

La finalidad de las modificaciones, expusieron, es contemplar en la norma programas y asesorías encabezadas por profesionales que garanticen una plena salud mental de las niñas, niños y los adolescentes, de forma que se mejore su calidad de vida y el rendimiento escolar.

También se busca otorgar facultades a las secretarías de Educación y Salud para que proporcionen atención y terapia psicológica al interior de los planteles de educación básica y media superior del estado.

La finalidad principal, por tanto, es la prevención ya que los legisladores señalaron que ahora a los menores de edad se les diagnostican clínicamente trastornos de salud cuando empiezan a presentar retrasos o interrupciones en su desarrollo, conducta, habilidades sociales o emocionales.

Por ello, son indispensable estos programas para detectar a tiempo problemas atribuibles a la salud mental y prevenirlos, así como atenderlos adecuadamente.

Las reformas al marco normativo del Poder legislativo del Estado de Zacatecas para incorporar el uso de tecnologías en el trabajo continúan presentándose para adaptar esta labor a las condiciones actuales y darle certeza en un futuro.

El diputado Eduardo Rodríguez Ferrer planteó reformar al artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para garantizar la validez y eficacia de los documentos, relacionados con procedimientos legislativos, pero que no estén en físico sino en plataformas digitales.

En concreto, se le otorga base legal o sustento normativo a todo documento administrativo, contable, presupuestal y financiero que se haya almacenado o transmitido por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o que se hayan producidos por nuevas tecnologías.

En la modificación se incluye la obligación de la Secretaría General de la Legislatura de verificar y en su caso certificar la autenticidad del documento fuente.

Asimismo, el diputado destacó que los efectos de estos cambios no sólo son al interior de la legislatura sino que «sus alcances benefician a terceros, pudiendo utilizar este mecanismo para interactuar con el Poder Legislativo y obtener de éste información, constancias de procedimiento legislativo, o cualquier otro que de acuerdo a su interés jurídico será indispensable obtener».

La Comisión legislativa de Salud presentaron un dictamen en el que coinciden con el legislador Raúl Ulloa Guzmán en la necesidad de que el secretario del ramo, Gilberto Breña Cantú, comparezca ante los diputados.

En el documento se señala que en esta reunión se abordaría el tema propuesto por el diputado promovente, relacionado con el estatus jurídico y los compromisos adquiridos por el gobierno estatal con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), así como el avance en la puesta en marcha del Hospital de la Mujer en Fresnillo.

No obstante, actualmente consideraron que se tiene que agregar en la comparecencia el tema de la pandemia provocada por el Covid-19 y la actuación que frente a ella han tenido las autoridades estatales.

Por tanto, los integrantes de la comisión propusieron llamar a comparecer al funcionario pero acotar la fecha a las glosas que se desarrollarán en las próximas semanas con motivo del cuarto informe de gobierno.

Se presentó un dictamen de la Comisión legislativa de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el que se propone sobreseer la iniciativa de punto de acuerdo que busca exhortar al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que convoque a un Congreso Nacional de Educación, una vez concluidos los foros estatales en materia educativa.

El propósito era que sus resolutivos fueran vinculantes para la reforma constitucional en educación y sus leyes secundarias, y se plantea el sobreseimiento del tema debido a que ya fueron aprobadas estas reformas y leyes secundarias, así como una nueva Ley de Educación del Estado de Zacatecas.

Se presentó otro dictamen de la comisión de Salud en el que se declara improcedente la iniciativa presentada por el diputado José Dolores Hernández Escareño y que plantea una reforma a la legislación local para establecer la obligación del Estado de prestar el tratamiento de hemodiálisis.

La iniciativa fue desechada debido a que el estudio de impacto presupuestario que envió la Secretaría de Salud estima que no es viable este cambio legislativo debido a que serían necesario 160 millones de pesos, tan sólo el primer año, para poder asumir estos costos.

Debido a las circunstancias actuales de emergencia sanitaria, las y los diputados compartieron la preocupación del legislador promovente de la iniciativa pero sostuvieron que por el contexto no es posible que las autoridades asuman esos costos, de acuerdo a lo expresado por la propia dependencia estatal.

Otro dictamen presentado en la sesión ordinaria fue el que autoriza al ayuntamiento de Juan Aldama a enajenar en la modalidad de donación en favor de 156 beneficiarios, un terreno de su propiedad, que está compuesto por 156 lotes y un área de donación para parques y áreas verdes.