Por Jacobo Cruz Tobon

Colaborador

Salaverna es una comunidad rural del municipio de Mazapil ubicada en la zona del semidesierto zacatecano, sus habitantes mantienen un litigio que data del año 2014 contra la empresa Minera Tayahua, subsidiaria de Grupo Frisco, propiedad del empresario Carlos Slim Elú;  de su suelo se extraen materiales valiosos como oro, plata y cobre, sin embargo la pobreza de los pobladores, la falta de servicios elementales y de oportunidades de desarrollo, el hundimiento del suelo, la presión que han recibido por parte del personal de la minera y como última instancia el desalojo forzado, obligó a habitantes a abandonar  esta pequeña comunidad.

En Mazapil también se ubica La Minera Peñasquito, una de las tres unidades  más importantes en cuanto a  producción de oro en el mundo, propiedad de la transnacional Golcorp,  complejo donde se invirtieron inicialmente mil 500 millones de dólares y que fue inaugurada el 23 de marzo de 2010 por el ex presidente Felipe Calderón y la entonces gobernadora zacatecana Amalia García, quienes presumieron los 3 mil 500 empleos directos que la mina generaría para las comunidades.

En su momento se manejó  que en estas tierras existían   reservas por 18 millones de onzas de oro y mil millones de onzas de plata (equivalentes a 78 mil millones de dólares), de este es tamaño es el monstruo capitalista  del que se defienden humildes campesinos de las comunidades afectadas por la industria extractiva.

La zona es rica en metales, eso es claro y la ambición de esa riqueza es la que mueve a empresarios y autoridades a presionar a los ejidatarios para que abandonen el lugar y ellos puedan explotar con todas las libertades y garantías la riqueza aurífera.

En Salaverna   la vida era normal y tranquila hasta que allí sentó sus reales  la minera referida y empezó a usar explosivos, lo que  provocó reblandecimiento del suelo y el hundimiento paulatino de  las humildes viviendas de personas dedicados al campo y ganadería.

En este escenario es como autoridades de protección civil,  del gobierno del estado y  de la empresa empezaron a advertir a la población de los riesgos que corrían sus vidas al permanecer en  lugar, para ello, construyeron una unidad habitacional denominada “Nuevo Salaverna” y ofrecieron  la indemnización  económica por 100 mil pesos para que vecinos que estorbaban a los trabajos se mudaran al “fraccionamiento residencial”,   que a diferencia del viejo poblado, este se presentaba moderno, con servicios de agua potable, alcantarillado y clínica  comunitaria; aun así la gente se opuso a abandonar sus casas y decidió correr el riesgo de caída de sus construcciones.

La versión oficial apuntó a que se quería salvaguardar a las familias y protegerlos de algún riesgo y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc),  giró la orden de reubicar a los habitantes,  con este propósito el   23 de diciembre de 2016, se provocó el derrumbe de casas  para evitar  que alguien perdiera la vida.

El tema ha trascendido nuevamente dado que la  Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presidida por Luz Domínguez Campos, recomendó a la Secretaría General de Gobierno, inicie las investigaciones administrativas con el fin de determinar las responsabilidades de los servidores públicos implicados, lo que podría llevar a sanciones o  destitución de los responsables de la demolición de edificios y el desalojo de  habitantes.

Este procedimiento ha enfrentado a las  instancias, cada una defendiendo los temas que le corresponden; la CEDH el salvaguarda de los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobierno, así como Protección Civil, el velar por la integridad física de las personas y el derecho a la explotación de la mina.

Y aquí siguen en el alegato, que algunos afirman en es una revancha política, hasta el momento cada una sostiene su postura, esto se vislumbra como un pleito inútil, insustancial  e innecesario entre las partes que incluso se amenaza llegará a instancias judiciales y muchos  tenemos atención al  desenlace del conflicto y dejamos de ver el fondo de las cosas, que a mi entender  es el interés empresarial y la explotación del oro que existe en las comunidades de Mazapil y que para poder hacerse de él,  los ricos de México y el mundo exigen libertad y garantía legales y de seguridad  para poder sacarlo y llenar sus bolsillos.

Debemos aceptar que las autoridades tienen que hacer su trabajo, pero no se ha logrado negociar una indemnización justa para los desplazados, ampliar sus casas, brindarles certeza jurídica, servicios básicos, paz y seguridad en el trabajo como se había prometido.

Por el momento, allí están las autoridades de Zacatecas, enfrascadas en el alegato de que si hubo o no violación a los derechos humanos, como el que garantiza una vivienda y trabajo dignos, mientras la empresa sigue sus operaciones normales llevándose   la riqueza de estas tierras, dejando en la pobreza, la incertidumbre y la destrucción no solo de Salaverna, sino de varias poblaciones de Mazapil y de otros municipios de la entidad, pues hasta el momento no hay quien regule realmente la actividad minera y que obligue a los empresarios del ramo a respetar el medio ambiente dañado como ha ocurrido en Nuevo Mercurio, Concepción del Oro, Vetagrande, Noria de Ángeles o Fresnillo, puntos donde en ocasiones pasadas se han expuesto problemas muy graves de destruución, contaminación y despojo.

Ante el abuso de los grandes consorcios mineros y la complacencia de autoridades sumisas al poder del dinero, con el que se compran conciencias  y se modifican leyes a su favor, –recordemos el tema del pago del impuesto ecológico a  empresas contaminantes, del que aún no hay un resolutivo por parte de la federación– la única salida para hacer una real y verdadera defensa de los recursos naturales  es la unidad del pueblo trabajador, pero una unidad verdadera, que deje de lado los intereses inmediatos y se defienda  la casa de todos, que es el planeta entero saqueado por unos cuantos millonarios y que ha empobrecido a las mayorías trabajadoras.

Hoy las autoridades de Zacatecas discuten la no aceptación de la  recomendación  de la CEDHZ por el caso Salaverna, mientras sus habitantes ya han sido victimizados por el desplazamiento forzoso, no solo por la destrucción de las viviendas, sino por el hecho de que las casas tarde o temprano caerían sobre  sus cabezas   y esto siempre ocurre cuando el dinero manda; el conflicto entre autoridades se demuestra como  pérdida de tiempo,  distractor o salida a un  conflicto político, pero definitivamente no se atiende la causa del problema.