Andrés Vera – PM (Cortesía de http://www.periometro.com/info/)

La educación es la única herramienta que, en todo el mundo, puede liberar realmente a las clases oprimidas. También es un indicador del nivel de desarrollo alcanzado por un país. Como herramienta y como indicador no está ajena a la lucha de clases. La educación, como factor de cambio y de control, siempre ha sido dividida en dos clases: la que se imparte a los oprimidos y la que se imparte a las élites; hoy, la de los pobres y la de los burgueses. Que la mayoría de la población no reciba una educación equitativa, justa y de calidad, acorde con las necesidades y adecuadas a las condiciones existentes no es un “error” del sistema, es que así lo exige éste.

Las diferencias no sólo son, por supuesto, en el rubro de la educación: lo mismo ocurre con prácticamente todos los demás derechos. Para la clase pobre son malos los servicios de salud, los programas vivienda, el acceso a la alimentación, la cultura y el vestido. Esta clase es maltratada e ignorada… hasta que llega el periodo electoral. Es en este sentido, cuando Miguel Alonso Reyes, pudo haber aprovechado la coyuntura de la huelga que duró un mes en la Universidad Autónoma de Zacatecas para:

En primer término, basado en la lógica coyuntural de la corriente política mexicana, usar el momento para en realidad dar algo de legitimidad a su débil  gobierno y aportar el mínimo requerido para apaciguar a las huestes politiqueras al interior de la máxima casa de estudios, los 84 millones para garantizar la seguridad social de la planta docente. Incluso pudo haber ido más allá, dar 168 millones y otorgarle a los más de 3 mil profesores, la seguridad social en términos de solvencia que tanto anhelan para darle un plus en contra al descontento generalizado que existe en la ciudadanía, y por supuesto, a más de 30 mil individuos con posibilidad de emitir un sufragio.

El segundo aspecto, es la salvación del sexenio. Un gobierno que ha incrementado en 600 por ciento la deuda pública, lo cual hasta el momento, representa más de diez mil millones de pesos; poco crecimiento económico, incertidumbre laboral en mayores de edad, precario poder adquisitivo, corrupción en concesiones de transporte, espurio control en los funcionarios del gobierno puesto que las finanzas dentro del Issstezac se debe a los beneficios exorbitantes en los directivos de dicha institución, la inseguridad en el estado y la entrega de diezmos en la incipiente obra pública -por decir sólo algunos elementos de la pésima administración alonsista-, el “rescate” de la UAZ le hubiera protagonizado, aunque sea por conveniencia política, sacar su gobierno de las profundidades del averno, a un grado no tan inferior del inframundo tricolor.

Pero no resultó así, los 84 millones fueron entregados como adelanto de prerrogativas, y la UAZ, se verá encasillada en un conflicto nuevamente antes de que culmine el 2015. La garantía del pago al Issste, será sólo hasta junio, lo que un mes antes de las elecciones federales, puede potenciar un nuevo levantamiento de huelga promovido por los principales detractores del gobierno de Alonso y del ignaro rector. Aquí MAR hubiese aprovechado para minimizar a sus rivales políticos, pero tampoco sucedió así.

Los asesores del gobernador no quisieron visualizarlo así, prefirieron mantener la política peñista que pretende desaparecer poco a poco la educación pública y además, en el entendido que si salvaban a la UAZ de esta forma, muchas instituciones a nivel estatal entrarían en la dinámica de la exigencia lo que provocaría un efecto dominó a nivel nacional, algo que hubiese enojado mucho a Luis Videgaray.

Pero, de forma paradójica,  los gobiernos estatales y federales, no han entendido, que la educación pública es la base del desarrolló nacional, cosa que por ejemplo, han entendido países como Chile.

Lo cierto es que la educación, como proyecto popular de carácter nacional y local que busque la igualdad y calidad, ya no existe. Los pueblos depauperados son los que más sufren del rezago educativo que aumenta de manera alarmante. Esta visión poco progresista, es debido al mediocre y autoritario pensamiento supraliberal del PRI, “entre más ignorante y pobre sea la gente, es más fácil controlarla”.

El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha convertido en letra muerta. Señala que la educación en México debe de ser “obligatoria, gratuita y laica”. El término obligatorio no se aplica: ¿cómo van a mandar a sus hijos los obreros de Salaverna –por sólo poner un ejemplo–, cuando ni cobertura educativa hay en ese lugar. Tampoco es gratuita: los alumnos de nivel medio superior, excluidos por cientos de miles de las instituciones públicas, deben buscar escuelas privadas para continuar sus estudios. La laicidad ha perdido progresivamente terreno: son incontables las intervenciones de las jerarquías eclesiásticas en la educación, ejemplo fue su participación en los contenidos de los libros gratuitos o a través de los propios docentes que incluyen cuestiones religiosas en sus prácticas.

La privatización en el sector educativo –que es sin duda uno de los objetivos de la reforma curricular que impulsan las autoridades educativas federales, estatales y la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación– se realiza sin que siquiera las escuelas cuenten con los recursos mínimos necesarios para enfrentar esta “nueva” propuesta educativa. La formación del docente está totalmente relegada. Es necesario que las universidades púbicas tengan con los recursos suficientes, equipos y herramientas tecnológicas para que se puedan atender las necesidades educativas de la población, que fue uno de los reproches del líder del Spauaz ante las tristes declaraciones del senador Tello. Esta reforma pone, de nueva cuenta, en desventaja a la población más pobre del país, pues son las segregaciones marginales las que carecen de un soporte tecnológico mínimo.

Sin embargo, en un análisis más profundo, la población también es corresponsable. Campesinos, estudiantes, obreros poco hacemos para acabar con las injusticias y cesar la vejación de nuestros derechos. Resulta sorprendente el silencio del pueblo ante las incesantes injusticias que ha padecido por tanto tiempo. La solución se ha convertido en parte del problema: la educación, que podría emancipar a los pueblos, es deficiente, elitista y limitada.

La educación es un derecho de todos indispensable, por el cual hoy en día hay que luchar. La educación hace libre al hombre. Y todos como mexicanos, estudiantes, obreros, campesinos y asalariados no debemos de olvidar las luchas que lograron el primer programa de educación pública, gratuita en el país, en 1921. Un pueblo sin educación está condenado a vivir en la pobreza, sin conciencia ni capacidad para defender las causas populares.

Garantizar los recursos suficientes para el buen funcionamiento de la UAZ debe ser la prioridad de todos los universitarios y acabar con las manipuladas declaraciones del Comité Estudiantil, que buscó responsabilizar a los docentes de la crisis sólo para minimizar el movimiento de huelga. Recordemos que los alumnos sin maestros no son nada y viceversa.

Por ello, la educación en todo su contexto no se mendiga, se exige.