Debido a su persistente negativa a entregar información que un ciudadano solicitó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), le envió ultimátum.

El tribunal debe remitir la documentación digital generada durante el proceso de conformación del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) 2017-2020, informaron los Comisionados en sesión ordinaria.

La Comisionada Julieta Del Río, ponente del caso, recordó que la solicitud se presentó a la Secretaría General de Gobierno, sujeto obligado directo del que depende administrativamente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Estableció que después de que se le turnara la solicitud, como lo informó la Unidad de Transparencia de la Secretaría General, y durante el recurso de revisión, “la Magistrada se negó a contestar”.

El Pleno notificó conforme a la Ley de la situación al superior jerárquico de la Magistrada, el Gobernador Alejandro Tello, quien de manera inmediata instruyó a solventar la inconformidad.

Aún después de que el Gobernador, el Secretario General de Gobierno y el IZAI notificaron al Tribunal, no se entrega la información a la Unidad de Transparencia para que de vista de al ciudadano, y los Comisionados determinaron apercibir directamente a la Magistrada, y de no enviar lo requerido en de seis días, se le impondrá una medida de apremio.

En la sesión se resolvieron siete recursos de revisión contra el Ayuntamiento de Fresnillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Dirigencia Estatal del Morena, los Ayuntamientos de Tepetongo y Pinos, y la Universidad Autónoma de Zacatecas.

En el caso contra la Dirigencia Estatal del Morena, bajo ponencia de la Comisionada Julieta Del Río, un ciudadano solicitó una lista de las facturas generadas durante el año, a quién se emitieron y el concepto. El Morena le informó que como partido político no expide facturas bajo ningún concepto o monto, respuesta que fue analizada por el IZAI y confirmada por el Pleno al cumplir con la Ley.

En el recurso contra el Ayuntamiento de Fresnillo, bajo la ponencia de Samuel Montoya Álvarez, se determinó modificar la respuesta del sujeto obligado, luego de que informara sobre la cantidad liquidada en un litigio laboral contra el municipio, pero omitiera responder si el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado a tal liquidación fue cubierto por el Ayuntamiento. Tendrá cinco días para complementar la información.

El análisis del recurso contra la Fiscalía General de Justicia estuvo a cargo del Comisionado Presidente, José Antonio De la Torre Dueñas, quien explicó que la inconformidad derivó de la negación de información sobre los salarios del personal adscrito al Órgano Especializado en Mecanismos Alternos de Solución a Controversias. “Conforme a la Ley de Transparencia, los salarios son información de carácter público” afirmó el ponente, y agregó que en sus manifestaciones el proceso el sujeto obligado entregó la información al IZAI, por lo cual se declaró fundado el recurso y se dará vista de la información a la recurrente.

En este sentido también se resolvió el primer caso contra Pinos y el de Tepetongo, en los cuales los sujetos obligados remitieron la información al IZAI, acerca de actas de Cabildo y actas de entrega recepción, respectivamente. El organismo garante declaró fundados los motivos de inconformidad y dará vista de la información a los ciudadanos que la solicitaron.

Bajo la ponencia de Montoya Álvarez, también se declaró fundado el segundo recurso en contra de Pinos, derivado de que fuera omiso a responder sobre el grado de escolaridad de los funcionarios y trabajadores del municipio. Al no entregar justificación alguna para su agravio, se le instruyó para que en cinco días remita esta información.

El recurso de revisión contra la UAZ es por una solicitud respecto de la ubicación, propiedad y costo de mantenimiento en las casas de estudiantes de la institución. La UAZ pidió prórroga para reunir la información y entregarla, se le dieron diez días más para contestar, sin embargo el recurso de revisión fue interpuesto en este periodo, y antes de concluir el proceso se envió la información al recurrente, y se determinó dejar sin efecto la inconformidad.