Las y los diputados integrantes de las Comisiones de Régimen Interno y Concertación Política y de Puntos Constitucionales presentaron un Punto de Acuerdo para exhortar a los 58 Municipios del Estado, para que los nombramientos que otorguen a favor de los funcionarios de primer nivel y trabajadores de confianza, sean por el periodo constitucional de su ejercicio.

La idea es para que  los procesos de contratación y basificación se realicen de acuerdo a lo previsto en la Ley del Servicio Civil y la Ley Orgánica del Municipio, y buscar un equilibrio en las finanzas municipales, y hacer un análisis minucioso sobre sus implicaciones en el funcionamiento de la administración pública municipal.

Además, que los procedimientos de rescisión se desarrollen en cumplimiento a lo mandatado por el marco jurídico en materia, a fin de evitar resoluciones adversas que empeoran la difícil situación financiera de los ayuntamientos.

El exhorto no es sólo en el sentido de contratar por tiempo determinado al personal de confianza, sino que es necesario, que a la postre los ayuntamientos emitan la reglamentación que permita revisar permanentemente los procesos de contratación, basificación y rescisión de las relaciones laborales conforme a las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado, para que finalmente los ayuntamientos establezcan un sistema municipal de servicio civil de carrera, con comités técnicos que establezcan las condiciones y criterios para la calificación de méritos, puntajes para la promoción de ascensos y estabilidad laboral, con un sistema de calificación de puestos, salarios y tabulador de puestos, evaluación permanente e integral que pongan fin a contrataciones trianuales y se conviertan en profesionales de la administración municipal.

La iniciativa fue considerada como un asunto de urgente y obvia resolución, por lo que fueron dispensados los trámites establecidos, siendo aprobado el Punto de Acuerdo durante la misma sesión ordinaria por unanimidad de la Asamblea.

Al momento de discutir el Punto de Acuerdo en lo particular, la diputada Carolina Dávila Ramírez reservó el Considerando Cuarto, para proponer que sea la Auditoría Superior del Estado quien aplique las acciones planteadas. El Punto de Acuerdo fue aprobado con las modificaciones propuestas.

El diputado Raúl Ulloa Guzmán presentó el Punto de Acuerdo por la que se solicita la Comparecencia ante el Pleno de esta Soberanía del Coordinador General del Comité Organizador de la Feria Nacional de Zacatecas al C. Federico Borrego Iturbe, una vez culminada la Feria Nacional de Zacatecas edición 2018.

El exhorto contempla solicitar al Coordinador General de la Feria, envíe a esta representación popular un informe previo a su comparecencia, para que posteriormente rinda un informe general y complementario de los Ingresos y Egresos de la FENAZA en sus ejercicios 2017 y 2018, en donde se contengan los ingresos producto de aportaciones municipales, estatales y nacionales; ingresos por patrocinios con empresas privadas; comercialización de espacios para expositores, comerciantes, restaurantes, bares y en general todos los feriantes; donaciones en efectivo o en especie de empresas privadas; ingresos producto de estacionamientos, baños y juegos mecánicos; convenios, contratos y todo lo relativo a las empresas que hayan intervenido en los eventos feriales de ambos ejercicios principalmente de espectáculos, servicios de palenque, plaza de toros, multiforo, otros escenarios y foros; y sobre los ingresos por licencias de venta de alcohol.

Sentencia el legislador, que esta Soberanía tiene la facultad de solicitar informes y la comparecencia de aquellas personas que ejecuten o administren recurso público, dado que para la ejecución de la Feria, se plasma en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, una partida de 30 millones de pesos.

Las y los diputados Gabriela Evangelina Pinedo Morales, Mónica Borrego Estrada, Omar Carrera Pérez, Alma Gloria Dávila Luevano, Felipe de Jesús Delgado de la Torre, Verónica del Carmen Díaz Robles, Héctor Adrián Menchaca Medrano, Jesús Padilla Estrada, Armando Perales Gándara  y Ma. Navidad de Jesús Rayas Ochoa, expusieron ante el Pleno la Iniciativa de Punto de Acuerdo mediante la cual proponen instituir a través de la Secretaría General de este Poder Legislativo, un fideicomiso con fin público y social, en el cual puedan ser depositadas las partidas presupuestarias para ayudas sociales que corresponden a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este 2018, mismas que fueron aprobadas en el presupuesto del año fiscal en curso, el cual se sujetará a reglas y principios claros de transparencia y rendición de cuentas.

Lo anterior, tras considerar que el día 14 de junio de 2018, la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas aprobó el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, entre los que destaca la adición de un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 65 de la Carta Magna de nuestro Estado, que expresamente señala que “La Legislatura no podrá presupuestar de sus recursos ayudas sociales”.

Con este acto jurídico se eliminaron las llamadas Herramientas Legislativas, rubro que suponía un pago mensual para cada legislador de casi 200 mil pesos adicionales al salario y las demás prestaciones que recibían; al mes eran 6 millones y al año representaba un costo total de 72 millones de pesos para el Congreso de nuestro Estado.

Ante esto, los iniciantes consideraron que son los diputados y diputadas de la 63 Legislatura, quienes decidirán cuál será el destino que se le dará a partir de ahora a este dinero. Es decir, se deberá establecer el uso, el gasto y el destino de estos millones de pesos en lo que resta del año 2018, pues como fue un presupuesto aprobado por el Congreso de Zacatecas, se rige bajo el principio de anualidad.

La diputada Alma Gloria Dávila Luevano dio a conocer la Iniciativa de Punto de Acuerdo que propone exhortar respetuosamente al Presidente electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a que una vez concluidos los foros estales en materia educativa, convoque a un Congreso Nacional de Educación, cuyos resolutivos sean vinculantes para una reforma constitucional en materia educativa y su respectiva reglamentación en leyes secundarias para hacerla efectiva.

La propuesta es que este Congreso Nacional de Educación, sea con la participación del magisterio de todos los niveles educativos, escuchando a los padres de familia y demás sectores de la sociedad, que sustente sus resolutivos en el cumplimiento de las tesis filosóficas del Artículo Tercero Constitucional, y que entre los resultados que arroje, estén los nuevos planes y programas, es decir, la currícula, pedagogía, didáctica, presupuesto, política salarial, carga de trabajo, derechos sociales y sindicales de los trabajadores de la educación, etc., que respondan a este objetivo.

Las diputadas Verónica del Carmen Díaz Robles y  Ma. Navidad de Jesús Rayas Ochoa, sometieron a la consideración de la Asamblea, la Iniciativa de Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetosamente al Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas a que remita un informe detallado a este órgano legislativo, en un plazo no mayor a quince días naturales, sobre el estado que guardan los programas, acciones y políticas públicas para el Primer Empleo Joven, así como de los resultados y objetivos alcanzados derivados de su implementación.

Lo anterior, en razón de que la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas establece que el Ejecutivo debe promover la implementación de programas y políticas públicas para el Primer Empleo Joven, entendido este último como el proceso de integración al mercado laboral de los jóvenes de los catorce a los veintinueve años de edad, lo que les permite participar en la capacitación y formación laboral articulados con el proceso de la educación forma.

El diputado Jesús Padilla Estrada expuso la Iniciativa de Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a que incluya a la zona sur de Zacatecas, conocida como Los Cañones, dentro de la Denominación de Origen del Tequila, toda vez que dicha área cumple con los requerimientos normativos y geográficos, así como con las condiciones agroclimáticas, edáficas y culturales para la producción de Tequila.

Argumenta el legislador, que no hay ningún elemento objetivo que pudiera negarle a Zacatecas tener la Denominación de Origen del Tequila, pues cumple con el clima, con el suelo, con la especie vegetal y con las actividades humanas, es decir, cubre con todos los requisitos y factores decisivos para tener dicha Denominación.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre dio a conocer a las y los diputados asistentes, la Iniciativa de Punto de Acuerdo mediante la cual se propone adicionar el artículo 22 del Código Familiar del Estado de Zacatecas, para establecer que las certificaciones de las copias del acta del registro de nacimiento para trámites escolares del nivel preescolar, básico y medio superior no serán sujetas a cobro en derechos de expedición.