Los plazos de entrega de la administración están contenidos en la Constitución Política del Estado de Zacatecas ordenamiento que establece que se efectúe la entrega-recepción y establecer procedimientos, que no están escritos, no hay plazos, depende de la sensibilidad y preocupación por hacer la entrega de una manera u otra.

 Así lo informó Benjamín Arellano, representante de comisión de entrega, quien señaló que para la administración gubernamental aún cuando se sabían los elementos a entregar, se decidió organizar las bases con un año de anticipación e iniciar los trabajos.

 Los lineamientos están en un decreto gubernativo en el Periódico Oficial del gobierno del Estado, en el caso de la gobernadora, aún sabiendo que había elementos por entregar, decidió que un año antes se organizaron las bases.

“Tenemos pormenores que realizar, cabría la pena decir que trabajamos luego de una primera sesión de trabajo, productiva, generamos un consenso importante que fue un calendario e visitas a las dependencias, es algo que s estila, y permite a quien recibirá adentrarse en forma y fondo del funcionamiento de las dependencias del ejecutivo”, dijo Benjamín Arellano.

Recordó que las visitas a secretarías y direcciones, hoy criticadas por la comisión receptora del gobierno entrante, fueron sus integrantes quienes pidieron se realizara así en una primer reunión de trabajo.

 No hay ilegalidad, añadió, menos inconstitucionalidad, como se ha señalado por los priistas, la facultad se nos concedió en un decreto gubernativo para establecer las bases en las cuales hacer el proceso es constitucional y de lo que s trata de hacer es precisar con puntualidad qué entregar y cómo.

Lo que se entregue debe ser sometido a un proceso de revisión por la administración entrante y tiene un plazo de treinta días para inconformarse, además se tiene el procedimiento ante quién y cómo para deslindar las responsabilidades.

Indicó que desde el 12 de agosto del 2009 se estableció y hay plazos para la receptora para inconformarse,  aclarar, llamar a los funcionarios salientes que tengan que subsanar y ante quien hacerlo, en este caso, con el titular de la contraloría que el gobernador electo, Miguel Alonso Reyes, designe.