Durante la sesión de la Comisión Permanente que se desarrolló este martes 2 de febrero, se autorizó otorgar al diputado Ismael Solís licencia para separarse de su cargo.
Además se designó designar una Comisión que dé seguimiento al empréstito autorizado por esta Legislatura el pasado 29 de diciembre, y solicitar información a las autoridades ambientales sobre el derrame presentado en diciembre pasado en una minera ubicada en el municipio de Fresnillo.
La licencia al diputado Ismael Solís Mares se dio por unanimidad de votos, y es por tiempo indefinido.
El diputado Iván de Santiago Beltrán presentó una Iniciativa de Punto de Acuerdo a fin de que la Comisión Permanente solicite a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política designe una Comisión Especial de Seguimiento para la gestión, contratación, ejercicio y aplicación del empréstito para la reestructuración de la deuda por más de dos mil cincuenta millones de pesos; además para que se cite a comparecer al contador Fernando Soto Acosta, secretario de Finanzas, con el propósito de que informe sobre el proceso de gestión y contratación del empréstito.
Tras considerarse un asunto de urgente y obvia resolución, las y los diputados asistentes aprobaron la Iniciativa durante la misma sesión, dispensando los trámites establecidos.
Tras considerarlo como asunto de urgente y obvia resolución, se aprobó con ocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Iniciativa de Punto de Acuerdo presentada por la diputada Susana Rodríguez Márquez, para exhortar al Gobierno Federal para que por medio de la SEMARNAT, la PROFEPA y CONAGUA, así como al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, a que presenten a esta Soberanía Popular por escrito y a la brevedad, un informe preciso, puntual y confiable sobre el derrame de jales ocurrido el 6 de diciembre del 2015, en las instalaciones de la explotación minera ubicada en el ejido Saucito del Poleo en Fresnillo, Zacatecas.
Lo anterior a fin de tener la información sobre el impacto de los daños ocasionados a la población, a las tierras de cultivo, así como a los ecosistemas de la región; por lo que además se solicitó un informe actualizado del monitoreo sistemático de los niveles de metales pesados en las piletas de lixiviación, presas de jale y pozos, así como emisiones atmosféricas de gases y partículas, que se hayan practicado al ocurrir este desastre ambiental.