En cumplimiento a los ordenamientos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se leyó el informe de actividades de la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura, la cual estuvo presidida por el diputado Héctor Zirahuén Pastor Alvarado.

En el informe se detallaron las sesiones de la Comisión Permanente y las sesiones Extraordinarias realizadas, asuntos turnados a las diferentes comisiones legislativas, así como los eventos a los que asistió en representación de este Poder.

Dentro de la sesión ordinaria de este martes 20 de septiembre, la diputada Lorena Oropeza Muñoz, presentó un Punto de Acuerdo, para que comparezca el Procurador General de Justicia del Estado y de los titulares de la Secretaria de la Función Pública y de la Secretaria de Finanzas.

El propósito es que informen del resultado de las investigaciones en materia de asignación y licitación de contratos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas.

Se pretende que se den a conocer los avances de las denuncias interpuestas contra el ex gobernador Miguel Alonso Reyes y quienes resulten responsables, y responder a los cuestionamientos que hagan los diputados sobre el mismo tema, ya que de acuerdo con la diputada esas imputación representan un agravio y ofensa para el pueblo de Zacatecas, y deben ser esclarecidas y llevadas hasta sus últimas consecuencias.

La diputada Iris Aguirre Borrego, presentó ante sus homólogos la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman y adicionan los artículos 65, 148 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, con la finalidad de establecer un nuevo procedimiento mediante el cual se pueda enjuiciar a los servidores públicos de alto rango, mismo que a la luz del postulado de presunción de inocencia, armonice con los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia y con ello, evitar que al cobijo de tal procedimiento, se desvirtúe la naturaleza del servicio público, y no sea un escudo para contravenir la norma, partiendo también de la premisa de Igualdad ante la Ley.