El pleno de la Legislatura eligió a la mesa directiva que conducirá los trabajos parlamentarios durante el mes de junio. Como presidenta fungirá la diputada Patricia Mayela Hernández Vaca; Vicepresidenta, Julia Arcelia Olguín Serna; primera secretaria, María Guadalupe González Martínez, y segunda secretaria iris Aguirre Borrego.

Por unanimidad fue avalada la iniciativa  de punto de acuerdo para apoyar a los trabajadores ex braceros en su lucha y respaldar políticamente sus acciones sociales y legales emprendidas en la defensa de sus derechos laborales ante las instancias correspondientes, siempre y cuando se encuentren dentro del Estado de Derecho.

En la propuesta se contempla exhortar al presidente de la República, para que ordene al titular de la Secretaría de Gobernación, que una vez resuelto un recurso de revisión que existe ante la Suprema Corte, se continúe con el trámite para el pago a los ex trabajadores migratorios que cuentan con un folio autorizado y cuyo pago se encuentra pendiente. Durante su discusión en lo general, la diputada María Isaura Cruz de Lira subió a tribuna para hablar a favor de la propuesta.

Con 26 votos a favor, las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el dictamen respecto al punto de acuerdo por el que se exhorta al H. Congreso de la Unión, para que en término de sus atribuciones expida la ley reglamentaria del artículo 4º constitucional, en lo que respecta al derecho a la alimentación con la participación de organizaciones campesinas e indígenas.

Al discutir la propuesta en lo general, el diputado Santiago Domínguez Luna subió a tribuna para hablar a favor de la iniciativa  que tiene un doble propósito, primero: garantizar el derecho a la alimentación; y segundo, incluir a las organizaciones campesinas e indígenas del país en la toma de decisiones respecto a las políticas, tanto del campo, como las encaminadas a garantizar el derecho a la alimentación.

Unánimente, se aprobó también el dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, concluya el proceso legislativo de la Ley de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Zacatecas, aprobada mediante decreto 121 del 20 de diciembre de 2010.

Durante su discusión en lo general, hablaron a favor del proyecto la diputada Geovanna Bañuelos de la Torre, y Carlos Peña Badillo.

Al concluir el proceso legislativo, la ley será publicada en beneficio del sector poblacional que hoy vive las necesidades más apremiantes.

También con el voto de todos los diputados presentes, fue aprobado el dictamen respecto de la elección de los ganadores al premio al mérito ambiental 2017.

Para hablar a favor de la propuesta subieron a tribuna los diputados: Geovanna Bañuelos de la Torre, Luis Medina Lizalde, Julia Arcelia Olguín Serna y Le Roy Barragán Ocampo.

Durante su discusión en lo particular, la diputada Geovanna Bañuelos de la Torre propuso una reserva a fin de considerar al C. Francisco Gerardo Nungaray Benítez, como candidato al premio en la categoría empresa, la cual quedó desierta.

La legisladora consideró que el documento que le faltó entregar al ciudadano Nungaray Benítez no puede estar por encima de sus contribuciones, ya que es un hombre que se ha ubicado dentro de los tres finalistas de un concurso nacional, y es un referente a nivel internacional. El dictamen fue aprobado en sus términos originales con 16 votos en contra de la reserva, y 10 votos a favor de la misma.

Los ganadores del concurso son: En la categoría Individual: Dr. Álvaro García Hernández, con el proyecto “Educación para la Sostenibilidad Ambiental con Enfoque al Cambio Climático”.

En la categoría Institución Educativa o Asociación Civil: la Universidad Autónoma de Chapingo con su proyecto “Contribución a la Restauración Ambiental del Parque Nacional Sierra de Órganos”.

La categoría empresa se declaró desierta.

Por 23 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen  referente a las iniciativas con proyecto de decreto, que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado.

Con esta reforma se garantiza el derecho de los candidatos independientes a poder ser reelegidos, y les elimina restricciones para acceder a las regidurías de representación proporcional. Además, ahora los funcionarios que deseen participar en un proceso electoral extraordinario se deberán separar de su encargo un día antes del inicio del registro de las candidaturas, y no 90 días antes del proceso electoral.

Durante su discusión en lo general, la diputada Geovanna Bañuelos de la Torre y José María González Nava, subieron a tribuna para hablar a favor de la iniciativa.

También con 23 votos a favor se aprobó el dictamen respecto de las iniciativas que reforman y adicionan la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado. Con las nuevas reformas se actualizan diversas denominaciones y se regula el Órgano de Control Interno del Instituto Electoral del Estado.

De esta manera se contribuye a la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción, y se posibilita la plena vigencia de las reformas constitucionales en la materia.

Durante su discusión en lo particular, el diputado Luis Medina Lizalde presentó una reserva al artículo 57 bis, respecto al nombramiento y atribuciones del titular del órgano de control, donde se ponen candados para garantizar la función  objetiva del órgano de Control. Entre otras cosas, propuso que se designe por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, con una duración de tres años, sin opción a otro periodo. La reserva se aprobó por unanimidad.

Considerada como un asunto de urgente y obvia resolución, fue avalada la iniciativa de punto de acuerdo leída por la diputada Geovanna Bañuelos de la Torre, mediante la cual se declara  recinto oficial del Poder Legislativo para la entrega del premio al mérito ambiental.

La propuesta original contemplaba al Palacio de Convenciones como la sede, pero mediante una reserva propuesta por la diputada Julia Arcelia Olguín Serna, se aprobó por unanimidad cambiar la sede al Auditorio “Felipe Borrego Estrada”, ubicado en el Palacio de Justicia.

El pleno aprobó con 24 votos a favor, la iniciativa de punto de acuerdo, por la cual se exhorta respetuosamente al gobernador del Estado a que instruya al secretario del Agua y Medio Ambiente, a que comparezca y rinda un informe pormenorizado, respecto del proyecto de la presa Milpillas, del municipio de Jiménez del Teúl.

“Es fundamental que los legisladores tengan toda la información detallada de la que se presume, será la obra hidráulica más importante de este quinquenio”, expresó el diputado Santiago Domínguez Luna, promotor de la iniciativa. Un punto fundamental, es que se explique cómo se respetarán los derechos humanos de las personas que se puedan ver afectadas por esta obra. Ejemplificó al dar a conocer que se estima que más del 60 por ciento de los habitantes de Jiménez del Teúl, tendrán serios problemas de falta de agua, ya que el vital líquido se quiere encauzar a la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe.

El costo elevado del proyecto dará la posibilidad al gobierno del Estado de manejar presupuestos millonarios e implica jugosos contratos para grandes compañías, por lo que como legisladores vigilantes del gasto público  deben estar enterados de cada etapa de ejecución de este proyecto y en que se gastará cada peso desde su inicio hasta su terminación. Agregó que es necesario garantizar la protección al medio ambiente

La diputada Carolina Dávila Ramírez expuso al pleno la iniciativa con proyecto de decreto, para solicitar a esta legislatura se inscriba en letras doradas el nombre de la Escuela Normal de San Marcos, en el muro de la sala de sesiones del Poder legislativo del Estado de Zacatecas.

Las Escuelas Normales Rurales han desempeñado un papel muy importante en los procesos de transformación de la sociedad en nuestro país, tanto de carácter educativo, político, social y cultural. Se construyeron y se consolidaron como columna vertebral del sistema educativo mexicano. Las Escuelas Normales Rurales, dijo,  forman docentes que imparten clases en los lugares marginados, generalmente comunidades rurales; la misión de todo normalista rural es combatir la ignorancia en los pueblos, luchar contra el analfabetismo y obtener un cambio social y cultural, por medio del análisis y la crítica reflexiva. Añadió que la propuesta es también un reconocimiento a miles de maestros que han salido de sus aulas, para llevar la educación por todo el territorio nacional.

La iniciativa de decreto por la que se propone adicionar un artículo 41 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado fue propuesta de la diputada Norma Angélica Castorena Berrelleza, y pretende establecer una edad mínima para contraer matrimonio.

La legisladora fundamentó su propuesta al señalar que mediante la prevención del matrimonio infantil, se pueden cambiar las vidas de las niñas en todo el mundo, contribuyendo a que disfruten de su infancia, a escolarizarlas y a protegerlas de embarazos y partos complicados. La iniciativa propone los 18 años como edad mínima para casarse.

La diputada Mónica Borrego Estrada expuso la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma y adiciona la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas.

La legisladora expresó que en afán de preservar las características que otorgan a Zacatecas la declaratoria de ciudad patrimonio mundial, es importante la integración de la sociedad organizada al Consejo Directivo, máximo órgano de gobierno de la Junta, con la intensión de sumarse como Consejo Ciudadano a los órganos de gobierno de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas previstos en la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas.

La legisladora señaló que es necesario mantener “las buenas prácticas ciudadanas” de conservación, rehabilitación, recuperación y restauración de los centros históricos como patrimonio cultural, ubicados en los distintos municipios del Estado.

Con el objetivo de brindar  mayores oportunidades para el acceso a la educación universitaria en la región del sureste del Estado de Zacatecas, el diputado Gustavo Uribe Góngora propuso la iniciativa de punto de acuerdo, por la que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo del Estado, y de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y a la administración municipal de Pinos, a que retomen las gestiones necesarias para la construcción de un campus universitario en el municipio de Pinos.

El legislador recordó que al pago de cuotas académicas, libros y útiles escolares, se añaden los gastos de traslado, hospedaje y alimentación, para los alumnos que pretenden estudiar en escuelas ubicadas fuera de su lugar de residencia. Es por ello que se hace esta propuesta a fin de dar atención a los jóvenes que residen en esa región para que continúen con sus estudios y de esta manera tengan la posibilidad de tener más y mejores oportunidades en el mercado laboral.

La diputada Patricia Mayela Hernández Vaca presentó a la asamblea la iniciativa de punto de acuerdo, mediante la cual esta legislatura exhorta al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación, así como al director general del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (INZACE), haga llegar a esta soberanía un informe detallado del programa “Escuelas al Cien”, de los ejercicios fiscales 2016-2017.

Informó que en la revisión a los avances físico financieros que ofrece el portal de Escuelas al Cien se observa que para el Estado de Zacatecas, tiene asignado una estimación total de 527 millones 346 mil 058 pesos, de los cuales a la fecha se han ejercido un total de 176 millones 603 mil 741 pesos, quedando pendiente de aplicar un monto de 350 millones 742 mil 316 pesos para este rubro, hecho en el que se basa la propuesta, ya que se requiere atender de manera puntual esta situación. Las necesidades principales a atender en “Escuelas al Cien” son la seguridad estructural, condiciones generales de funcionamiento como servicios sanitarios y bebederos, mobiliario y equipo como pupitres, mesas, pizarrón y estantería.

La diputada presidenta de la Comisión Legislativa de Salud, Norma Angélica Castorena Berrelleza, presentó una iniciativa de punto de acuerdo, por la que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, para que a través de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, impulse una campaña que garantice el respeto de las áreas de los no fumadores.

El tabaquismo representa un grave problema de salud pública dados los costos humanos, sociales y económicos que representa, por esto surge la necesidad de contar con herramientas y estrategias que  permitan hacer frente a este padecimiento y brindar atención a los enfermos de este mal. Pidió ser parte de la lucha antitabaco, y ser vigilantes de la aplicación de la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco.

El diputado Felipe Cabral Soto planteó la iniciativa de punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta al gobernador del Estado, para que favorezca la apertura y operación de kioscos de servicios electrónicos, en diversas ciudades de Estados Unidos.

Con la propuesta se otorgarían a los migrantes beneficios en materia de ahorro de tiempo y dinero, al realizar los trámites en forma automatizada, cómoda, fácil, rápida y segura.

En su oportunidad, el diputado Samuel Reveles Carrillo dio lectura a la iniciativa con punto de acuerdo, por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de las secretarías de Seguridad Pública y de Salud, se implementen cabalmente las acciones consideradas por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, por medio de sus Consejos Estatales, a fin de garantizar la seguridad vial de los jóvenes y población en general.

El diputado Reveles Carrillo destacó que Zacatecas en 2013 ocupó el tercer lugar a nivel nacional en la tasa de mortalidad por accidentes vehiculares, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2012-2014), mientras a nivel nacional la tasa de mortalidad por dicha causa fue del 13.2%, en nuestro estado fue del 21.4% y lo preocupante es que en 2014 pasó al segundo lugar nacional con 24.6%, siendo los jóvenes las principales víctimas; el problema es tan grave en este sector poblacional que los accidentes de tránsito de vehículos de motor en jóvenes de 15 a 29 años representan la segunda causa de muerte en ellos, esto según la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

General Lauro G. Caloca (El Rascón), es una localidad situada en el municipio de Noria de Ángeles en Zacatecas; ahí viven más de mil personas, y las fumaradas del basurero que está muy cerca de las viviendas, están causando daños a la salud de la población.

Por ello, el diputado Luis Medina Lizalde presentó una iniciativa de punto de acuerdo, en donde se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, se impulsen políticas públicas pertinentes, a fin de que se cambie la ubicación del basurero de la localidad en mención, y para que de esa manera se garantice a la población el derecho a un medio ambiente sano.

La Comisión legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública presentó a la asamblea el dictamen respecto de la Iniciativa de Ley de Austeridad Republicana. La propuesta pretendía entre otras cosas erradicar  privilegios y eliminar altos sueldos a funcionarios.

La Comisión de estudio destacó que la propuesta queda sin materia de análisis, ya que el mismo ordenamiento jurídico está plasmado en otros ordenamientos ya existentes.

La Comisión legislativa de Derechos Humanos presentó su dictamen sobre la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

Se avaló integrar en este instrumento legislativo la normatividad que da viabilidad jurídica al órgano de control interno del organismo defensor de los derechos humanos, el cual  será el encargado de realizar las actividades de control y fiscalización, así como de emprender acciones para prevenir, corregir e investigar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos que los integran.

La Comisión legislativa de Seguridad Pública y Justicia, presentó su dictamen en positivo sobre la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, la cual tiene la finalidad de dotar de mayores atribuciones al Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

La comisión que valoró la propuesta indicó que se hicieron algunas modificaciones en la redacción, propias de técnica legislativa.

Los legisladores integrantes de la comisión de estudio, se dijeron convencidos en que se debe ir forjando una cultura de prevención en materia de seguridad pública.

Los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presentaron su dictamen respecto a las iniciativas de punto de acuerdo relativas al refinanciamiento de la deuda pública estatal.

El dictamen que se emitió  es desaprobatorio por considerar improcedentes las propuestas, ya que han quedado sin materia de estudio, y ya se encuentra establecido que la Secretaría de Finanzas, tiene la obligación informar a la Legislatura del Estado sobre los refinanciamientos o reestructuración contratados dentro de los 15 días naturales siguientes a su celebración.

La Comisión legislativa de Seguridad Pública y Justicia presentó su dictamen en sentido positivo, respecto a la iniciativa de punto de acuerdo, mediante la que se solicita respetuosamente al gobernador del Estado para que a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, envíe un informe a esta Asamblea, sobre los programas de reinserción social de infractores de la ley, y los resultados que hasta el momento se han obtenido de su aplicación.  Los legisladores dictaminadores coincidieron en que la reinserción social debe ser un proceso integral, que considere distintas áreas de desarrollo del individuo, pues ésta debe corresponder al proceso en que se debe potencializar al individuo a su regreso a la sociedad.

A la Comisión legislativa de Seguridad Pública y Justicia le correspondió la dictaminación de la iniciativa de punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que dé trámite a las denuncias que se presenten sobre la posible comisión de delitos con relación a la partida presupuestal denominada “Estímulos a la Productividad y Eficiencia de los Servidores Públicos”, del presupuesto de egresos 2016.

La comisión dictaminadora coincidió en que a corrupción en el servicio público es un factor negativo que afecta la confianza de la sociedad en su gobierno. Por ello  se deben consolidar los instrumentos legales con que se cuenta para sancionar conductas irregulares. El dictamen se avala en sentido positivo.

También la Comisión de Seguridad Pública y Justicia fue la encargada de dictaminar la iniciativa de punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado, para que en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, remueva al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Estatal.

El colectivo dictaminador estimó que, efectivamente, la renuncia del General Brigadier Retirado Froylán Carlos Cruz como Secretario de Seguridad Pública no soluciona nada, sin embargo, tampoco su permanencia lo garantiza, y si con el cambio se pueden erradicar la mala conducción de tan importante Secretaría, bien valdría la pena pugnar por su salida y la designación de una persona con la que se pueda establecer un diálogo constructivo en beneficio de nuestro Estado.

Las comisiones legislativas de Vigilancia y de Presupuesto y Cuenta Pública, sometieron a la consideración del pleno los dictámenes respecto de las cuentas públicas de los municipios de Calera, Juchipila, Tabasco, Tepechitlán, Villa de Cos, General Francisco R. Murguía, Genaro Codina y del Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Calera.