Ma. de la Luz Domínguez Campos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), rindió su Sexto Informe de Actividades correspondientes al periodo 2021, en el marco del 29 aniversario de la creación del Organismo Defensor de Derechos Humanos en la entidad.

En su mensaje, aseguró que, a lo largo de los seis años de su gestión, la CDHEZ se consolidó como un organismo autónomo, independiente, imparcial, profesional y con las capacidades técnicas, jurídicas y humanas, para dar respuesta a las exigencias ciudadanas y brindar servicios, y atención oportuna, profesional y de calidad.

Y reiteró la urgencia de fortalecer los programas y estrategias en materia de seguridad pública que salvaguarden la vida, integridad, derechos, libertades y patrimonio de la población; la debida prevención del delito, procuración e impartición de justicia, así como una eficaz política penitenciaria que garantice la reinserción social, a efecto de que sea posible que las mujeres y hombres de este estado puedan ejercer plenamente su derecho humano a la paz.

Ante la exigencia de la sociedad de manera generalizada del cese de la crisis de inseguridad, violencia y criminalidad porque ha afectado a todo el estado, en sus 58 municipios de manera directa o indirecta, lo que repercute en graves violaciones a los derechos humanos de las personas en lo individual y de la sociedad en lo colectivo.

Durante el 2021, en Zacatecas se cometieron 25 mil 111 delitos del fuero común, destacando mil 618 homicidios dolosos, 10 mil 928 delitos contra el patrimonio, cuatro mil 189 delitos contra la familia, y 10 feminicidios.

Y solicitó al Poder Ejecutivo implementar el Plan Integral de Atención a las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, por razones de inseguridad con la participación de los tres Poderes del Estado y de los correspondientes Ayuntamientos, para atender, proteger, consolidar y estabilizar socioeconómicamente a la población afectada, hasta en tanto, puedan alcanzar una solución duradera a esta problemática.

Domínguez Campos expuso que en los últimos años se agravó la desaparición de personas, crimen de lesa humanidad que representan una grave violación de derechos humanos para las víctimas y sus familias, actualmente hay más de mil 465 personas desaparecidas, por ello la lucha incansable y exigencia legítima de los familiares, por lo que pidió al Poder Ejecutivo que brinde los recursos financieros, materiales y humanos para la búsqueda de personas desaparecidas y se garantice el Fondo Estatal de Búsqueda y una actuación eficiente de los servidores públicos encargados de atender esta problemática.

También estacó la importancia del papel del organismo que encabeza en tiempos de pandemia por COVID-19 en la protección y defensa de la población zacatecana, interviniendo para que se brinde información sobre pacientes, gestionado espacios en hospitales para la atención urgente de pacientes contagiados por Coronavirus, certificados de defunción de personas fallecidas por COVID, en todos estos casos las personas encontraron el respaldo, sensibilidad y el acompañamiento de su Organismo Defensor de Derechos Humanos en el Estado.

Llamó a las autoridades para que las políticas, estrategias y medidas que implementen, respeten los derechos humanos, y que no sea la arbitrariedad, la discriminación, las ocurrencias y los abusos lo que prevalezca como justificación para prevenir la propagación del COVID-19.

La titular de la CDHEZ  llamó a las autoridades estatales y municipales que apenas llevan cuatro meses en sus encargos, para que acepten las recomendaciones emitidas, porque con ello cumplen con la obligación del Estado Mexicano de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, evitando la impunidad que produce encubrir, solapar o justificar a funcionarios que, extralimitándose en sus atribuciones, se aprovecha del cargo para fines ajenos al Estado de Derecho. 

Dirsnte el 2021, la CDHEZ aperturó tres mil 520 expedientes, de los cuales mil 949 fueron asesorías, 665 quejas y 906 gestiones, los cuales sumados a los aperturados de 2016 al 2020 alcanzan la cifra de 22 mil 853 expedientes en los últimos seis años.

De las quejas destacan 78 quejas penitenciarias, interpuestas por personas privadas de la libertad; 17 quejas relacionadas con casos de COVID; 29 por presuntas violaciones de derechos humanos en agravio de mujeres y niñas por razones de género; 106 quejas interpuestas por presuntas violaciones de derechos humanos en materia laboral, así como cuatro quejas en contra del ISSSTEZAC, por parte de 76 jubilados por no haber recibido su pensión, queja que está terminando de integrarse y en el momento procesal oportuno se emitirán las Recomendación correspondientes por las violaciones al derecho a la seguridad social, al no recibir su pensión, a pesar de que en tiempo y forma cumplieron con el plan contributivo estipulado durante su ciclo laboral que les hizo acreedores a la pensión.

En los últimos seis años las quejas que más aumentaron fueron contra las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, como resultado del clima de inseguridad y violencia que vive el estado.

Durante el 2021, se emitieron 804 resoluciones de las cuales destacan 60 Recomendaciones, misma que fueron fundadas y motivadas en una investigación apegada a la legalidad, objetiva, imparcial, exhaustiva y profesional, en las cuales se analizaron los hechos, argumentos y pruebas, recomendando a las autoridades siguientes: Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Educación, Universidad Autónoma de Zacatecas, Instituto de la Defensoría Pública, ISSSTEZAC y los Ayuntamientos de Zacatecas, Fresnillo, Monte Escobedo, Juchipila, Valparaíso, Jalpa, Villanueva, Jerez, Pánuco, Sombrerete y Saín Alto.

Durante el periodo que se informa se capacitó a 23 mil 314 personas, entre ellas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes; padres y madres de familia; integrantes de la sociedad civil y servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal con el objetivo de formar una cultura de respeto universal a los derechos humanos, promover el respeto al Estado de Derecho y la erradicación la discriminación, desigualdad y violencia.

En seis años se realizaron cursos, talleres, foros, diplomados y diversas capacitaciones a 167 mil 996 personas, en materia de respeto a los derechos humanos, prevención de la violencia contra las mujeres, respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, prevención de la violencia digital y trata de personas, derechos de personas con discapacidad y de adultas mayores, prevención del embarazo en adolescentes, derecho a la igualdad y no discriminación, derechos de la comunidad LGBT, prevención del abuso sexual infantil, derechos humanos ante el COVID, entre otras.

Se firmaron Convenios de Colaboración con organizaciones de sociedad civil, instituciones educativas, instituciones públicas, cámaras empresariales, colegios y sindicatos, para la promoción y difusión de los derechos humanos en todos los sectores poblacionales.

En Observancia del Cumplimiento a los Derechos Humanos, se revisaron los Centros Penitenciarios, Casas Asistenciales (Casa Cuna, Casa Hogar de Jóvenes, Albergues Estudiantiles de Seduzac, Casas Estudiantiles de la UAZ) y Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración.

Durante las revisiones a los Centros Penitenciarios se encontraron diversas irregularidades en materia de infraestructura, servicios de alimentación, atención médica, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, falta de orden y control, lo que ha generado 42 riñas y motines, 317 lesionados, 32 homicidios 18 supuestos suicidios y 20 muertes por enfermedad, incluidos siete muertes por COVID-19, sumando un total de 71 personas muertas en centros penitenciarios en los últimos seis años, siendo que el sistema penitenciario es el último eslabón del sistema de justicia penal, por lo que su abandono y desatención impide que se cumpla con los principios constitucionales de reinserción social, justicia para las víctimas y seguridad pública.

Y se revisaron los separos preventivos de los 58 municipios, y en 13 municipios existen condiciones inadecuada de infraestructura y un déficit de personal médico, jurídico, de psicología, de trabajo social y jueces comunitarios. Además, durante la revisión se detectó un déficit de policías de 71 por ciento, lo que representa un faltante de tres mil 291 elementos policiacos, de un total de cuatro mil 639 policías que deben existir para brindar seguridad a la población.