Por: Manuel Narváez Narváez

Email: mnarvaez2008@hotmail.com

La tragedia reúne a los mexicanos e incita el valor de la solidaridad.

Una vez más la fuerza de la naturaleza pone a prueba el carácter de la nación. Tristemente es el poder de la madre tierra el que nos recuerda que unidos somos mucho más fuertes y no las acciones egoístas de un puñado de demagogos que convenientemente nos mantienen distanciados.

Cualquier expresión intensa de la naturaleza conlleva altísimas posibilidades de muerte y destrucción. A los mexicanos, como en otras regiones del planeta, nos toca por amplia partida por la devastación que dejan a su paso los huracanes, las sequías, las heladas y los terremotos.

No habían transcurrido ni diez días del azote del huracán en el golfo de México y el fuerte sismo en las costas sureñas del pacifico mexicano, cuando irónicamente en el 32º. aniversario del terremoto de 1985 que afectó dramáticamente a  la capital del país, y a pocas horas del simulacro que forma parte del aprendizaje de aquel entonces, la tierra volvió a rugir, desatando el terror y la destrucción.

Las explicaciones técnicas del epicentro, su magnitud y las causas que lo originaron ya las dieron a conocer los expertos. Mientras tanto la nación entera nos fuimos enterando de las proporciones devastadoras del terremoto, en el transcurso del mismo 19 de septiembre y los días subsiguientes a través de los monitores de televisión, receptores de radio y principalmente por medio de las redes sociales.

Las víctimas de ahora no superarán los 300, según cifras oficiales, fue menos mortífero y lejos de las más de 30 mil que extraoficialmente ocurrieron en 1985. La destrucción de edificaciones aparentemente es menor ahora.

Las imágenes que han dado la vuelta al mundo corresponden en su mayoría a la CDMX, sin embargo, en los estados de Puebla, Morelos y Edomex también hubo personas fallecidas y construcciones colapsadas. Los muertos del terremoto del 19/09/17 y la destrucción se suman a los contabilizados días antes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Tabasco. Los afectados que lo perdieron todo se cuentan por decenas de miles.

Ante estos eventos catastróficos y apocalípticos es justo reconocer la solidaridad de los mexicanos que, frente a la desgracia sacaron el carácter y se lanzaron al rescate de las víctimas y a la remoción de escombros. Héroes desconocidos de la mano de las fuerzas armadas, del cuerpo de bomberos, de la cruz roja y de naciones solidarias que enviaron ayuda, me devuelven el orgullo de haber nacido en esta tierra. Por ellos y con ellos, la pena que nos embarga hace más ligero el duelo.

Esta primera semana será de duelo para sepultar a nuestros muertos. Necesariamente habrán de evaluarse  las condiciones de cientos, si no es que miles de construcciones que fueron afectadas y, por  supuesto, el llamado para aportar recursos que permitan la reconstrucción de viviendas de quienes lo perdieron todo.

El deslinde de responsabilidades por las construcciones que hayan colapsado como consecuencia de fallas estructurales, vicios administrativos y, pese a las disposiciones del terremoto 19/09/85, deben castigarse sin piedad. No existe otra forma de ofrecerles justicia a las víctimas de la negligencia.

Ahora bien, imprudentemente o no, la raza anda dolida, triste y enojada, reacciones catárticas por las que exigen a través de las redes sociales reorientar al menos el 50% del financiamiento de las campañas presidenciales del próximo año. Dada la magnitud de la tragedia y el contrastante dispendio de dinero público para los partidos políticos, la petición resulta obvia y de urgente resolución.

Como muestra del enojo in crescendo, en las redes sociales y algunos medios informativos mezclan videos escalofriantes de los derrumbes, escenas desgarradoras de los rescates e imágenes de repudio hacia la clase política mexicana, especie predadora y parasitaria que parece sobrevivir a los caballos del apocalipsis.

Los más repudiados son los partidos políticos y los legisladores federales; éstos últimos sarcásticamente declarados como desaparecidos. No se escapan del reclamo las mayores empresas nacionales y extranjeras que usufructúan en México, a las que se les pide mayores contribuciones en dinero, más que ayuda logística.

Creo, independientemente de estos días de duelo, que  el reclamo social es legítimo y válido. Porque este país ha sido más que generoso con sus gobernantes, entiéndase los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, a los que ha convertido en millonarios por los sueldos que les paga; muchos otros son verdaderos magnates a costa de sus cargos públicos y gracias al tráfico de influencias.

No menos agraciados son las grandes empresas mexicanas favorecidas y fondeadas desde sus inicios monopólicos. Las transnacionales, sean comerciales o financieras, en México tienen clientes cautivos que contribuyen con varios puntos porcentuales de sus pingües ganancias, valuadas anualmente en miles de millones de dólares, cortesía de leyes laxas y usureras que los protegen.

Habida cuenta de una realidad que ya no podemos soslayar, estoy convencido que debe destinarse por lo menos la mitad del financiamiento público para los partidos políticos y las campañas electorales del 2018, a la reconstrucción de viviendas de quienes lo ha perdido todo en estas dos últimas semanas.

Con la mano en la cintura, los 50 grupos económicos mexicanos y los 50 mayores de capital extranjero, pueden aportar cada uno 20 millones de dólares. Es como quitarle un pelo al gato.

Igual de imperativo es que la exigencia de donar al menos una quincena se extienda al congreso federal (solo legisladores), diputados locales; ministros de la SCJN, magistrados, jueces de circuito y de distrito. A la CONAGO (gobernadores, secretarios y directores de área); CFE, PEMEX; Universidades públicas (rectores, directores de facultades y escuelas); a las asociaciones de alcaldes, regidores. A los titulares y directores de área de la CNDH, CEDHs; INAI, ICHITAIPs, INE, OPLEs (consejeros y directores de área), COFETEL, COFECE, CNBV y todos aquellos organismos descentralizados, desconcentrados y autónomos que reciben dinero público.

Las penas se aligeran en la medida que los deudos y sobrevivientes tienen un lugar digno donde vivir. La salud, la educación y recuperar la infraestructura dañada, corresponde al Estado Mexicano proporcionarla. De la reconstrucción, los privilegiados del erario y los grandes capitales tienen la obligación moral de hacerlo. De la solidaridad, los mexicanos comunes ya entregaron su contribución.

#SINLANANOHAYVOTO.

P.D. Ignorar una vez más al pueblo o darle atole con el dedo, traería la mayor abstención en la historia de México en la urnas.