La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, a las instituciones de seguridad y justicia de Zacatecas, informar sobre los hechos del 31 de diciembre de 2019 y el 2 de enero del 2020 en la penitenciaria de Cieneguillas, cuando murieron 18 reos y diez fueron heridos.

Mediante un punto de acuerdo presentando ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitó a los titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Francisco José Murillo Ruiseco y Salvador Eduardo Villa, respectivamente, informar sobre los avances de las investigaciones de las riñas.

A las autoridades del Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas pidió informar sobre el estado que actual del centro penitenciario, así como del estado de salud de los internos lesionados.

Destacó que la deficiencia del sistema penitenciario mexicano se origina por la rampante corrupción que ha imperado durante años, así como las limitadas condiciones materiales de los penales y el número insuficiente de personal de seguridad.

Solicitó al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cisterna, mejorar y renovar la política penitenciaria para atender las problemáticas detectadas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; e implementar un nuevo eje estratégico para evitar cualquier tipo de delitos en el sistema penitenciario.

Sostuvo que la compleja situación que se vive en el Cerereso es el resultado de una serie de hechos trágicos sin atender: en 2009, 53 reos se fugaron del penal; en 2012 una riña cobró cuatro vidas y en 2016 la directora del Cerereso fue secuestrada y desaparecida.

Geovanna Bañuelos recordó que Zacatecas es uno de los estados peor calificados con mayores índices de corrupción y violencia. Desafortunadamente y encontraste, ocupa el lugar 13° de investigaciones iniciadas por responsabilidad administrativa, con 539 carpetas.

Solicita a la Secretaría de la Función Pública en la entidad, informar qué garantías otorga la institución a los funcionarios penitenciarios para promover la denuncia de actos de corrupción.