• Avasallan a las minorías y sesionan ilegalmente a escondidas, en lo oscurito

• Regresan prácticas autoritarias, retrogradas y perversas del viejo PRI

• Diputados renuncian a su mandato popular, traicionan a los votantes

 • Diputados no representan el interés ciudadano, sino el del Poder Ejecutivo

• Doble discurso del Poder Ejecutivo, se afirma democrático y camina hacia la autocracia

Durante el pasado mes de diciembre lamentablemente los Zacatecanos observaron la sumisión del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, acción que se hizo patente, cuando se aprobaron Reformas a la Ley de Hacienda, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, sin embargo, tales aprobaciones con apenas el mínimo de votos (16 votos a favor en lo particular) se hicieron violando la legalidad, anulando a las minorías, utilizando la fuerza pública de la Policía Estatal Preventiva y sobre todo avasallando al Poder Legislativo.

Lo que se observo el pasado 21 de diciembre de 2010 en el Congreso del Estado, fue una absoluta ingobernabilidad, por no escuchar a las minorías, y por el contrario utilizar la fuerza pública de más de 10 patrullas y 80 Policías Estatales fuertemente armados con armas de grueso calibre, afuera del Teatro Ramón López Velarde; pero sobre todo existió incapacidad de los diputados de la fracción mayoritaria para dialogar con las otras fuerzas políticas y en el marco de la legalidad discutir, debatir y consensar.

En un acto de absoluto autoritarismo se sesionó en un lugar distinto a las instalaciones del Congreso del Estado, se habilitó ilegalmente el Teatro Ramón López Velarde como recinto oficial de la LX Legislatura del Estado, puesto que no existió un dictamen o resolución de la Comisión de Gobernación que autorizará el cambio de recinto oficial del Poder Legislativo; y sin embargo, se realizaron dos sesiones en aquel lugar, sin haber convocado por escrito a los Diputados y por el contrario a escondidas de 8 legisladores (5 del PRD, 1 del PAN, 1 del PT y a su servidora Diputada de Convergencia).

Se busco por todos los medios realizar una Sesión Legislativa en lo oscurito, para aprobar el Presupuesto de Egresos sin discusión, sin escuchar nuestra postura y sobre todo ignorar que lo que buscábamos era un debate parlamentario amplio, abierto y transparente, que permitiera la reasignación de 190 millones de pesos, -apenas el 1% del Presupuesto Estatal- para becas estudiantiles de la Universidad Autónoma de Zacatecas, para proyectos productivos de mujeres, para la generación de empleos en los municipios, para prevenir el delito en jóvenes en riesgo, para programas como la autosuficiencia alimentaria,  programas de energía alternativas, programas de innovación tecnológica en el campo, el fortalecimiento del comercio agropecuario, el apoyo a la innovación científico tecnológica y el apoyo a la práctica de la charrería y las cabalgatas.

Diputados de la Sexagésima Legislatura del Estado de Zacatecas, renunciaron al mandato popular de analizar, estudiar, proponer y modificar el Presupuesto de Egresos y por el contrario traicionaron a los Zacatecanos que emitieron su voto para que fueran sus representantes populares y sus voces en la más alta tribuna del Estado, para que les ayudarán a resolver sus problemas.

Sin embargo, en el Pleno y al interior de las Comisiones de Hacienda no se realizó un estudio sistemático, tampoco un análisis exhaustivo de la Iniciativas de reformas a la Ley de Hacienda, de la iniciativa de Ley de Ingresos y menos aún de la iniciativa del Presupuesto de Egresos.

No se analizó los artículos de cada uno de estos instrumentos jurídicos fundamentales para la vida económica del Estado.

Lamentablemente no se analizó cada programa, cada capítulo, cada partida presupuestal del Presupuesto de Egresos y por el contrario, el documento que envío el Titular del Poder Ejecutivo se reprodujo en sus mismos términos, sin ninguna modificación, incluso hasta las faltas de ortografía se copiaron y pegaron.

Esta práctica de pretender aprobar Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, sin modificaciones o reasignaciones, era propia de hace 20 años, cuando existía el exacerbado presidencialismo mexicano, caracterizado por el predomino o avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo y sobre todo el sistema político. Entonces, existía una sumisión total y absoluta del Poder Legislativo al Gobernador del Estado.

Entonces eran tiempos donde el  Poder Legislativo apenas si se constituía en Oficialía de Partes del Poder Ejecutivo, en donde los Diputados consumaban las órdenes del Gobernador en turno, votando a favor desde su curul.

Sin embargo, algunos compañeros y zacatecanos creímos que esas prácticas habían sido desterradas, pero lamentablemente hemos constatado que efectivamente en Zacatecas se ha regresado a esas viejas, retrogradas, antidemocráticas y perversas practicas y estilos de gobernar, en las que no se permite escuchar a las minorías, en donde no se permite la discusión abierta y transparente, en donde no se permite el debate parlamentario, en donde la discusión y los acuerdos se celebran en las oficinas del Poder Ejecutivo y no en las oficinas de este Poder Legislativo.

Practicas en donde el Coordinador del Grupo Parlamentario Mayorítario en la LX Legislatura, aseguró que por sus “partes nobles” se aprobaría el presupuesto sin modificar un centavo, una coma y punto.

Hoy deben darse cuenta que el Poder Legislativo lamentablemente se encuentra sometido por el chantaje, la amenaza o intereses inconfesables y que algunos Diputados no representan el interés ciudadano, sino el interés del Poder Ejecutivo y el suyo propio.

Hoy en Zacatecas es claro e inobjetable que se camina con un doble discurso por parte del Poder Ejecutivo, no se respeta la legalidad; tampoco se ejerce y promueve los principios de un Estado Democrático, por el contrario pareciera que se camina hacia la autocracia y eso es sumamente grave y preocupante, pues como señalará el maestro Ignacio Burgoa: “…la autocracia es la forma de gobierno en la cual el poder supremo del Estado reside en un solo individuo, sin que su actuación gubernativa esté sometida a las normas jurídicas preestablecidas, es decir, a normas que no provengan de su voluntad… en un régimen autocrático no existe el derecho positivo, sino que éste es creado por el sujeto que ejerce el poder pudiendo variarlo a su arbitrio…”.