En la Legislatura del Estado se propuso dar certeza jurídica al patrimonio de los adultos mayores, mediante una reforma a la ley de protección a ese sector de la población, y así garantizar su acceso a asesorías y orientación en las notarías públicas del estado para el traslado de dominio de sus bienes y al otorgamiento del testamento.
Durante la sesión ordinaria se expuso que así no se dejará en la indefensión a las personas mayores en Zacatecas, porque podrán acceder a la información necesaria ante un acto jurídico de suma importancia, relacionado con el Derecho sucesorio.
La propuesta la planteó el diputado Antro González Frayre, para adicionar un segundo párrafo al inciso c de la fracción II del artículo 6o de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas, al tenor de las siguientes.
Expuso que el 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), designo el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad, para reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo económico y social, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico.
Ese sector del población, continuó en su lectura, enfrenta mayores dificultades para su desarrollo que cualquier otro sector social, por ejemplo: el envejecimiento poblacional en nuestro país se caracteriza por la coexistencia de enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades transmisibles y desnutrición.
“Esta mezcla de condiciones de salud representa un riesgo desconocido, en cuanto a la discapacidad que puede presentar la población que sobrevive hasta edades avanzadas y la respuesta de los sistemas de salud para enfrentar la carga asociada con este triple desafío”.
Además, la desprotección social en la que viven las personas adultas mayores, es un determinante del empobrecimiento de las familias en México, sobre la cual frecuentemente recae la responsabilidad del cuidado de los ancianos.
“La situación del adulto mayor en México se caracteriza por la intersección entre las problemáticas de salud asociadas a la vejez, el género y la pobreza en un contexto de escasa protección institucional y profundas desigualdades sociales que se observa tanto en entornos rurales como urbanos. Asimismo, el acelerado crecimiento de la población de las personas adultas mayores representa una problemática para los diferentes sectores gubernamentales, debido a que no se ha desarrollado ni la infraestructura necesaria para garantizar el bienestar de este sector de la población, ni la capacidad humana para atender profesionalmente sus muy diversas demandas”.