Carlos Alvarado
Delegado del síndicato de renovación del PJF en ZACATECAS.

En el mundo del juicio de amparo —ese Olimpo jurídico donde dioses togados protegen derechos fundamentales— existe una criatura mítica que suele ser malentendida por políticos, opinadores de café y hasta por uno que otro abogado distraído: la suspensión.

No es juicio. No es sentencia. Y no es una victoria, ni una derrota. Es, digamos, el equivalente jurídico a ponerle pausa a una película de terror… justo antes de que el monstruo tire la catedral.

Hay tres tipos de suspensión: la provisional, la de plano y la definitiva, y no, no son nombres para telenovelas jurídicas. Cada una tiene su chiste:

• La provisional es como un “¡espérate tantito!” del juez para revisar si vale la pena frenar las cosas mientras estudia el asunto.
• La de plano es el “¡Ni lo pienses!” que se dicta cuando está de por medio la vida, la libertad o integridad de las personas.
• La definitiva es el “Ok, ya vi más a fondo, y sí: detente por ahora hasta que termine el juicio”.

Y aquí viene lo divertido (y lo frustrante): conceder o negar una suspensión NO significa que el juicio de amparo ya se ganó o se perdió. Son cosas distintas. Como confundir una entrada con el postre. O creer que el hecho de que alguien te salude con gusto significa que te va a dejar invadir su propiedad.

Aunque ambas —suspensión y amparo— caminen juntas en el expediente, en realidad cada una tiene su propio cuaderno (así es, el juicio de amparo es tan complejo que hasta tiene diferentes cuadernos, como si fuera una novela rusa).

Además, cuando la autoridad informa al juez, no lo hace igual: si es por la suspensión, presenta informe previo; si es por el juicio, entonces sí, va con su informe justificado. No es lo mismo traer una receta del doctor que un diagnóstico completo del hospital.

Y ahora que hablamos de confusiones peligrosas, vayamos al caso Zacatecas. ¡Ah, Zacatecas! Tierra de cantera rosa, revolución e improvisación. Resulta que, como si nada, alguien pensó que era buena idea construir un segundo piso en una ciudad patrimonio de la humanidad… sin tener todos los permisos. Pequeño detalle, ¿verdad?

En el Juzgado Tercero, concedió la suspensión definitiva para frenar temporalmente esa obra. Ojo: esto no significa que ya ganaron el amparo, ni que la obra ya está muerta y enterrada. Solo dijo: “Alto ahí, mis valientes, no sigan mientras revisamos bien si esa mole de concreto va a arruinar el paisaje, el derecho a la cultura y el patrimonio que le da de comer al turismo y a la identidad”.

El Gobierno del Estado, en su defensa, remitió los medios de convicción que estimó pertinentes: permisos federales, estatales, firmas, estampitas… pero olvidaron lo básico: mostrar que la UNESCO (sí, ese organismo internacional que vela por el patrimonio cultural de la humanidad) dio su visto bueno. Tampoco trajeron los permisos municipales. En resumen: mucho papel, poca convicción.

Así que mientras no quede claro que la obra no va a dañar lo que no se puede reparar —el patrimonio histórico—, la obra no continúa.

Y todo esto nos lleva a una reflexión más profunda (sí, también filosofamos aquí): ¿quién cuida el futuro de nuestras ciudades? ¿Los jueces? ¿Los ciudadanos? ¿Los políticos? Pues más les vale a todos los involucrados elegir bien a sus representantes, porque si no tenemos autoridades responsables que tramiten correctamente las autorizaciones antes de meter el tractor, entonces no necesitamos amparo… necesitamos terapia de pareja con la legalidad.

Porque al final del día, el juicio de amparo es eso: una herramienta para que el poder no se pase de lanza. Pero si esperamos que el Poder Judicial sea el único freno a las malas decisiones, acabaremos, como en Zacatecas, poniendo segundos pisos donde primero había que poner sentido común.