Miguel de Santiago

Porque así determinó la gobernadora Amalia García Medina, durante el sexenio, la Coordinación General de Jurídica del Gobierno del Estado se transformó radicalmente para ser ahora, una instancia moderna, dinámica, al servicio efectivo de la ciudadanía zacatecana, afirmó durante rueda de prensa su titular, Miguel de Santiago Reyes. 

El servidor público destacó que al principio del sexenio, la dependencia adolecía de deficiencias de todo tipo como hacinamiento de oficinas, carencia de mobiliario y equipo; definitivamente, sin lo necesario para trabajar adecuadamente, razón por la que la titular del Ejecutivo estatal dispuso una reestructuración a fondo, misma que ahora se traduce en múltiples beneficios para la población en general.

Había rezago histórico y en algunas áreas los trámites iban más allá de uno y más años. Pero no sólo eso, sino que había deficiencias y corruptelas, razón por la que “le metimos mano a fondo, nos cambiamos a unas oficinas dignas, amplias y suficientes para atender mejor a la ciudadanía”, aseveró el Coordinador, quien aseguró que ahora, en las distintas áreas labora personal altamente calificado.

Definitivamente -dijo- hemos desterrado todo tipo de ineficiencia y de corrupción, los trámites van al día, no hay ningún rezago ni en el marco normativo gracias a la nueva normatividad, a una nueva  Ley que contempla las figuras jurídicas necesarias. Y es que antes, había cosas que se quedaban en “el limbo” porque no estaban contempladas en la Ley y lo que no está considerado en ésta no puede tramitarse, añadió.     

Acompañado de los directores de área, De Santiago Reyes hizo un positivo balance sexenal y pormenorizó sobre el trabajo realizado en materia de Fraccionamientos Rurales, Defensoría Pública, Registro Civil Normativo de todas las Oficialías en el Estado, Estudios Legislativos, Asuntos Contenciosos y, Notarías.

Particular importancia tuvieron los juicios del Coordinador General Jurídico respecto a la propia inmobiliaria del gobierno. Pensando en la necesidad de darle certeza jurídica a la propiedad del Estado, se localizaron las escrituras de propiedad de los inmuebles principales previo decreto expedido por la gobernadora del Estado para la regularización de los bienes.

Evidentemente, indicó, en congruencia con la Ley del Patrimonio del Estado, la que impone al gobierno la obligación de emprender acciones tendientes a obtener títulos supletorios de dominio, a fin de darle certeza jurídica a la propiedad del Estado, así como a sus organismos descentralizados.

Como ejemplo y prueba contundente, de Santiago Reyes mostró un documento histórico y representativo para Zacatecas, la escritura de Palacio de Gobierno, localizado en el Archivo Histórico del Estado, texto que data del año de 1834, suscrito por los sucesores del Conde de Bernárdez representados por Don Pedro de Rivera, donde se le vende al Estado.

También tenemos las escrituras de los edificios sede del Poder Judicial y el de la Cámara de Diputados, en el Centro Histórico, afirmó el coordinador, quien al hacer un balance muy general del trabajo realizado por la dependencia, dijo que “creo que la ciudadanía es la que percibe si la transformación le ha beneficiado o no y también, si las distintas tareas han sido buenas o no”.

En los hechos, realizamos acciones propias de una Secretaría de Estado, porque es la espina dorsal, sin duda, de la Administración Pública, porque es la que da certeza jurídica a todas las actuaciones del gobierno, aseguró durante su exposición.

De manera especial, se refirió al caso de la expropiación de lo que ahora es la Plaza Bicentenario y aseguró que es un asunto que fue tramitado finalmente, en sus últimas consecuencias, en el Juzgado Segundo Civil de esta capital, es decir, que fue sometido a la jurisdicción del Poder Judicial. Al inicio de esta administración lo único que faltaba en el caso de la ex central era pagar la indemnización a las y los accionistas de la sociedad mercantil.

Este gobierno lo que hizo fue consignar en pago, la cantidad que establece la propia Ley de Expropiación mediante un avalúo, se depositó en el Juzgado para el pago de la indemnización. “Hubo tirones e inconformidades por la cantidad, pero finalmente el gobierno se puso de acuerdo con las y los accionistas que legalmente representaban a la sociedad, reconocidos por el propio juez, y se llevó a cabo una negociación, se les pagó lo que correspondía y se llevó a cabo un convenio sancionado por el propio órgano jurisdiccional.

Por ello, este asunto es cosa juzgada, cosa inamovible, es la verdad legal incontrovertible. Fue el propio juez que conoció del asunto, quien liquidó a cada uno de los accionistas sus montos, de acuerdo a un mecanismo para calcular lo que le correspondía a cada quien. A su vez, las y los accionistas le entregaron al gobierno sus acciones, razón por la que el caso es cosa juzgada, puntualizó De Santiago Reyes durante la rueda de prensa.