La aplicación móvil para recabar el respaldo ciudadano necesario para celebrar la Revocación de Mandato dota de certeza y legalidad a todo el proceso previsto en la Constitución, a la vez que garantiza la protección y seguridad de los datos personales, coincidieron los consejeros del INE.

En sesión extraordinaria, el consejo general refrendó su compromiso para que la recolección de firmas se haga de forma auténtica y transparente como ya se ha realizado con distintas figuras de participación ciudadana: Candidaturas Independientes, Iniciativas Ciudadanas y la constitución de nuevos partidos a nivel local o federal.

Ante la propuesta del Morena de modificar los Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato y aceptar formatos en papel en todo el país, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, evidenció los problemas que impiden a la autoridad electoral reconocer un acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política que pretende ser la base para el cambio solicitado.

Los principales problemas, abundó, se suscriben a un acuerdo que incumplió el proceso legislativo previsto en el artículo 72 de la Constitución y al hecho de que el asunto está sujeto a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual es la única instancia para definir el uso o no de la aplicación móvil, así como la propia retroactividad de la medida.

También recordó que el régimen transitorio de la reforma constitucional prevé sólo 20 días para la revisión de los apoyos que se recolecten, por lo que, de aceptar firmas en papel, se requiere de una ampliación de plazo, considerando que para la Consulta Popular de este año fueron necesarios 45 días para revisar dos millones de firmas en papel, de las cuales una de cada cinco resultaron falsas. 

En este sentido, propuso remitir al órgano jurisdiccional la propuesta de modificación a los lineamientos que plantea el partido Morena, así como todos los argumentos para que se defina la modalidad de recolección de firmas y en su defecto el plazo para su revisión.